martes, 20 de noviembre de 2007
Pablo Obregón Castro
Capital humano, Economía y Negocios
Abogados laboralistas temen que el trabajo de la Comisión de Equidad desemboque en un retroceso hacia un esquema de negociación centralizada, con megasindicatos y con una fuerte presencia del Estado como mediador.
Hace una semana, el propio coordinador de asuntos laborales de la Comisión de Equidad, Humberto Vega, ratificó que todo se aproxima a un acuerdo que pondrá límites al uso de múltiples razones sociales en los procesos de negociación colectiva, y con eso encendió todas las alarmas en amplios sectores del empresariado local.
Los principales asesores laborales de los gremios temen que el fin de la figura del "multi-rut" obligue a las empresas a negociar centralizadamente con sindicatos fuertes y capaces de paralizar, eventualmente, todas sus actividades en caso de movilización.
Hoy, el escenario es diametralmente opuesto al que se pretende configurar. Las diez principales compañías del retail, por ejemplo, negocian con más de ciento trece sindicatos distintos, desperdigados a lo largo del país.
Usen el 507
La actual normativa ya sanciona el uso indebido de las razones sociales. En el actual esquema, los juzgados del trabajo resuelven -en procesos que se extienden por más de dos años- si los empleadores recurrieron legítimamente a la figura del multi-rut o, por el contrario, lo hicieron para privar a sus trabajadores de sus derechos colectivos.
El interés de algunos sindicatos y laboralistas, no obstante, es dotar de facultades a la propia Dirección del Trabajo para dictaminar si hubo uso fraudulento o no de esa figura legal.
Tal como advierte el profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, el artículo 507 que sanciona el mal uso de las razones sociales nunca ha funcionado, pues el objetivo de los sindicatos es negociar hoy, y no en dos años, cuando los tribunales resuelvan.
"Con la actual norma, hay que acreditar que el ánimo del empleador fue desconocer los derechos de los trabajadores, y eso la convierte es una norma ineficaz", dice.
Diametralmente distinta es la visión del abogado del Estudio Jurídico Otero, Gerardo Otero, quien está convencido de que el Código del Trabajo cubre de forma razonable los abusos que puedan cometerse, y, en esa línea, el actual mecanismo de negociación debe mantenerse inalterado".
"El Código del Trabajo establece multas. La norma está disponible. Lo que les molesta (a los sindicatos) es que los temas se judicialicen, lleguen a los tribunales, y no sea la Dirección del Trabajo la que resuelva si hay simulación o no. Lo que quieren es avanzar hacia la negociación por rama".
"En Chile -sigue- se suelen hacer leyes malas como reacción a las malas conductas, y al parecer la Comisión se encamina a eso".
De hecho, mientras efectivamente hay actores que negocian con hasta 62 rut distintos y generan la animosidad de algunos actores sociales, otras grandes compañías se entienden con megasindicatos y negocian de forma altamente centralizada.
El regreso de las comisiones tripartitas
El abogado de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (Agal), Rafael Carvallo, ha participado activamente del debate en la Comisión de Equidad, y, a su juicio, las modificaciones que un sector pretende impulsar podrían apuntar hacia un esquema parecido al de las comisiones tripartitas que funcionaron a partir de los años sesenta.
"Sería positivo establecer mínimos salariales en sectores altamente atomizados, como los malls, donde hay más de 152 empresas negociando separadamente", dice.
El problema de los esquemas centralizados, no obstante, es que los salarios de referencia que ahí se establecen terminan operando como tarifas fijas. Tal como advierte el abogado laboralista de PriceWaterhousecoopers, Andrés Fuentes, "si se avanza en esa dirección, habrá que sopesar con cuidado entre libre flotación y valor de referencia. Ahí va a estar el tema".
De hecho, Álvaro Pizarro, ex director del Trabajo, recuerda que las comisiones tripartitas funcionaron siempre desde la imposición: "era una negociación de dos contra uno. El gobierno y la CUT tenían la fuerza para imponer criterios al representante empresarial, el que terminaba asumiendo ese valor de referencia como mandato vinculante".
