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Reinserción educativa: La ley del más débil

martes, 13 de junio de 2017

Juan Cristóbal Romero Director ejecutivo del Hogar de Cristo
Vida Ciencia Tecnología
El Mercurio

"...los cerca de 80 mil excluidos no son importantes para nadie. Es mejor no verlos. Esconderlos. No saber de ellos. Y como no protestan, no marchan, no son visibles, a nadie le importa que se rebaje año a año el presupuesto para financiar las pocas escuelas comprometidas con su reinserción..."



Desde el 2015 hasta este año, la glosa presupuestaria para "educación de adultos y reinserción educativa" se ha visto reducida a razón de mil millones de pesos por año. Esta glosa es la única fuente de que dispone el Estado, adicionalmente a la subvención regular, para financiar las 14 escuelas de reingreso existentes en Chile, las cuales apenas atienden a 1.640 jóvenes, de un total de casi 80 mil niños y jóvenes excluidos del sistema escolar en el país.

La exclusión escolar es una de las caras más duras de la pobreza. Quienes hoy no estudian son más hombres que mujeres (60 y 40%, respectivamente). El 67% tiene entre 14 y 18 años, ya que "la fuga" se produce entre octavo y primero medio, en el paso de la educación básica a la media, y entre segundo y tercero medio, cuando la opción de ponerse a trabajar, aunque sea en un empleo precario, se vuelve más atractiva que estudiar.

Hoy, la reinserción educativa es un tema ausente de las políticas educacionales en Chile. La reivindicación de un derecho tan básico como tener acceso a la educación se ha postergado ante la "popularidad" de otras demandas educacionales, que, aunque legítimas, tienen una importancia secundaria frente a la prioridad de garantizar este mínimo social. Además, es "poco sexy", porque revela la cara más fea del sistema, un sistema que excluye anualmente a cerca de cinco mil niños y jóvenes, cifra ínfima en comparación con la matrícula nacional, de tres millones de estudiantes. Así las cosas, los cerca de 80 mil excluidos no son importantes para nadie. Es mejor no verlos. Esconderlos. No saber de ellos. Y como no protestan, no marchan, no son visibles, a nadie le importa que se rebaje año a año el presupuesto para financiar las pocas escuelas comprometidas con su reinserción. Y para colmo, el modesto ítem del presupuesto asignado a este tipo de programas ha sido reducido en beneficio de dos promesas políticas de mejora en educación: la gratuidad y la Ley de Estatuto Docente.

En respuesta a la inexistente oferta pública de programas especializados para revertir la exclusión escolar, el Hogar de Cristo, a través de la Fundación Súmate, desarrolló una red de cinco escuelas de reinserción, cuyos resultados debieran animar a multiplicar estas experiencias. Son mil los estudiantes que pasan por nuestras cinco escuelas cada año, pero ese esfuerzo es apenas una raya en el agua frente a las decenas de miles de excluidos. Nuestra capacidad de atención alcanza apenas al 1,3% de la necesidad de inclusión. Este dato sirve para dimensionar el problema. ¿Por qué no hay más escuelas de reingreso ante tanta necesidad? Pues, porque es muy difícil financiarlas. El costo promedio de cada niño atendido en las escuelas Súmate es de $250 mil mensuales, de los cuales el Estado solo subvenciona $90 mil en promedio. Es decir, hay una brecha de $160 mil por alumno. Este financiamiento se complementa parcialmente con fondos concursables ocasionales, los cuales han disminuido en 30% en estos últimos tres años, lo que resulta definitivamente insuficiente para extender la escasa red de escuelas existentes.

Desde el año 2010 a la fecha, el Hogar de Cristo, la Unicef y otras instituciones de la sociedad civil organizada conformamos la Red por las Trayectorias Educativas. Juntos estamos ejecutando pilotos monitoreados por el Ministerio de Educación para avanzar hacia un modelo de escuela de reingreso que contenga la diversidad de experiencias y proyectos educativos adecuados a la realidad de estos niños y jóvenes excluidos, sin repetir la rigidez de la actual escuela regular.

Reconocemos ese esfuerzo gubernamental, pero requerimos no ser parte mínima de un presupuesto exiguo y en disminución. Requerimos pasar de glosa a un financiamiento estable, por ley, que no se infle y se desinfle cada año, de acuerdo a quien grita más alto, quien golpea la mesa más fuerte. Ninguna política pública que pretenda ser justa debe regirse por la ley del más fuerte. Aquí solo vale la ley del más débil.




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