Ley de Lobby: 85% de las audiencias registradas por municipios no corresponden a materias de la norma
miércoles, 31 de mayo de 2017
Judith Herrera C.
Nacional
El Mercurio
Un estudio de la Fundación Multitudes apunta a desconocimiento de cómo y para qué opera la ley.
Un fuerte desconocimiento sobre cómo opera la Ley de Lobby es la principal conclusión detrás del análisis realizado a las audiencias registradas en municipalidades durante el segundo semestre de 2016, que arrojó que el 85% de las solicitudes no se ajustó a la norma. Así lo indica un informe de la Fundación Multitudes, que muestra que de 20.621 audiencias a nivel nacional, solo se alcanzó un 15% de efectividad. Este índice, que representa la correcta operación de la norma, se relaciona con las audiencias que son materia de ley, es decir, que tienen por objetivo un interés en particular para influir en decisiones de una autoridad. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trató de trámites por beneficios sociales u otras temáticas que no son lobby . "Hay problemas en la interpretación de la ley. Creemos que falta capacitación a los funcionarios y también ahondar en los criterios para que sea operativa", explica Álvaro Casteñón, director de la fundación. Por ejemplo, Teno, en el Maule, tuvo el mayor número de audiencias, pero de los 1.290 requerimientos, solo 3,95% fue objeto de la ley. Según la municipalidad, esto se debe a una política para transparentar la gestión. En Pichilemu, que registró un 7,6% de efectividad, señalan que se tomó la decisión de transparentar todo. José Luis Santa María, presidente del Consejo para la Transparencia, dice que "ciertos municipios 'sobre informan' sus actividades, incluyendo materias, audiencias y viajes que no son datos trascendentes para los ciudadanos o que no se relacionan con el estricto cumplimiento de sus funciones". Además, en muchos municipios se registraron como audiencias solicitudes de vecinos por motivos de salud, como conseguir medicamentos, lo que vulnera los datos personales. El estudio también indica que la mayor presencia de audiencias no clasificables está en las comunas más vulnerables. Rodrigo Barrientos, abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), señala que "más que los municipios, la responsabilidad es individual de cada funcionario. El alcalde no puede estar dándole instrucciones a un concejal, porque la ley no se lo permite". El abogado Andrés Chacón, de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), agrega que las instituciones estatales "registran una mayor cantidad de información que no es materia de ley porque hay un temor a la opinión pública de caer en una violación". 2014 Ese año partió la ley en ministerios, subsecretarías y el Congreso, mientras que en las municipalidades empezó a regir en agosto de 2015.
