Dólar Obs: $ 897,11 | -0,49% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.354,68
IPC: 0,50%
Cerca de 100 vándalos atacaron propiedad pública y privada en el centro de Santiago, pero ninguno fue capturado:

Policía ordena investigación interna por falta de reacción ante turba de encapuchados

martes, 30 de mayo de 2017

Mario Gálvez y Judith Herrera
Nacional
El Mercurio

Vecinos aseguran que la noche del sábado "los carabineros llegaron tarde". Aunque la actividad fue promocionada en internet y con afiches, se indagará por qué no hubo una respuesta preventiva ni de Fuerzas Especiales.



Media hora de impunidad. Durante ese tiempo, en la noche del sábado, una turba compuesta por un centenar de encapuchados recorrió siete cuadras entre los barrios Yungay y Brasil, en el centro de Santiago, y atacó con piedras y bombas molotov a un colegio, una iglesia, un cuartel de Bomberos, dos farmacias, un club de la Policía de Investigaciones y un restaurante, sin que ninguno fuese detenido.

Con el pretexto de conmemorar la muerte del anarquista Mauricio Morales (ver recuadro), los encapuchados sembraron temor en una zona de gran actividad nocturna. "Reventaron los vidrios, y en la tercera puerta se estaba metiendo una persona que pudimos detener. Acá, la gente estaba muy asustada, porque era una hora con clientela llena", recuerda Pedro Huichaqueo, administrador del restaurante Vacas Gordas.

"Carabineros llegó tarde, porque esto empezó antes de las 21:00 horas, y no aparecían. Se escuchaba cómo pasaban (los anarquistas), y nada", relata María Vera, del edificio Santiago Cueto. "Además, no fue solo a esa hora, sino que los desmanes continuaron en la noche, pasadas las dos de la mañana. Y de carabineros, nada", añade.

Molestia del Gobierno

La ausencia de la policía uniformada causó molestia en el Gobierno, pues la "marcha" fue promovida con antelación a través de Facebook, sitios web anarquistas y afiches que llamaban a continuar con un "mayo negro" (ver infografía).

Y esa no fue la única señal. El jueves 25, vándalos anarquistas levantaron barricadas frente a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, en la calle Condell, en Providencia, también en conmemoración de los ocho años del fallecimiento de Morales.

En 2014, el mismo cuartel de la PDI, entonces asignado a la Brigada de Homicidios, fue atacado por encapuchados que incendiaron vehículos y cercaron a los detectives. En marzo pasado, por ese hecho -tipificado como delito frustrado de incendio-, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó a tres jóvenes a cinco años de libertad vigilada.

Según fuentes policiales, hubo informes de inteligencia que advertían de la convocatoria del sábado, aunque hasta ayer no estaba claro si se emitió una orden de servicio a la 3ª Comisaría de Santiago -a cargo del sector- para que destinara personal preventivo y otro contingente de Fuerzas Especiales para que estuviera listo para sofocar posibles actos vandálicos.

Por ello, recién ayer, más de 30 horas después de ocurridos los hechos, Carabineros ordenó una investigación interna para aclarar las razones que tuvo el mando correspondiente para no disponer los servicios de resguardo que la actividad recomendaba.

En paralelo, el Gobierno dispuso analizar los sucesos, con el fin de diseñar una estrategia judicial que permita perseguir a los autores de los daños y del lanzamiento de molotov.

"Esto se está investigando, porque, desde luego, es completamente irregular, además de constituir un conjunto de delitos (...) Esperamos tener pronto indicios", confirmó el ministro del Interior, Mario Fernández.

Respecto de la falta de reacción oportuna, el máximo responsable de la seguridad pública en el país aseveró que "como siempre ha ocurrido, el Gobierno reacciona en términos procesales una vez que el Ministerio Público califica los delitos. Esa ha sido nuestra costumbre, ajustada a derecho, y estamos esperando que se produzca ese tipo de calificaciones para poder actuar".

El encargado de hacer esa calificación es el fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien fue asignado al caso. El persecutor encargó las primeras diligencias a la PDI.

Las grabaciones de las numerosas cámaras de seguridad del sector -proporcionadas por la Municipalidad de Santiago- y los relatos de testigos serán fundamentales para la causa, pues -como reseñó Catalina Jimeno, residente de la calle Huérfanos- "se sabe que hay grupos así en (el barrio) Yungay, pero de ahí a que ocurrieran estos destrozos y el miedo, no teníamos idea".

SILENCIO La Municipalidad de Santiago declinó referirse el incidente.

 Imprimir Noticia  Enviar Noticia