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Recursos en el Tribunal Constitucional:

"Se cae la Ley Emilia", denuncia madre de la niña que inspiró la norma

domingo, 28 de mayo de 2017

Lilian Olivares
Nacional
El Mercurio

En 24 casos se ha recurrido al tribunal, 21 fueron declarados admisibles y en uno ya hay una sentencia: el TC estimó que la exigencia de prisión efectiva atenta contra la igualdad ante la ley.



¿Debe una persona que en estado de ebriedad protagonizó un accidente causando lesiones graves, gravísimas o la muerte de otra, ser obligada a cumplir un año de cárcel sin considerar atenuantes? ¿Se puede equiparar esto con un homicidio?

Las preguntas, que se formularon los legisladores cuando se creó la "Ley Emilia", resurgen hoy. Ello, a la luz de más de una veintena de ingresos de recursos basados en la Ley 18.290 ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de la madre de la pequeña Emilia, está impactando la ley que lleva su nombre.

Emilia tenía nueve meses cuando falleció en un accidente de tránsito protagonizado por un conductor ebrio, el 21 de enero de 2013. Fue tan fuerte el golpe que dio el responsable al vehículo de sus padres, que la guagua murió por "efecto látigo"; es decir, el cerebro dentro del cráneo chocó con la misma estructura, produciendo una inflamación fatal. Todo el dolor de sus padres, Carolina Figueroa y Benjamín Silva, fue canalizado contribuyendo a sacar la Ley Emilia, que se promulgó el 7 de septiembre de 2014. Para que nunca más un ebrio matara a una niña o dejara a una persona en estado grave.

Carolina creó incluso una fundación que lleva el nombre de su hija. Y hoy, a través de ella, da un grito desesperado porque "se está cayendo la Ley Emilia", dice.

Lo afirma, porque desde diciembre pasado hasta ahora han llegado al Tribunal Constitucional 24 casos que reclaman la inaplicabilidad de ese cuerpo legal. De ellos, 21 han sido declarados inadmisibles y en uno hay sentencia. Además, hay otros 20 que se están revisando: en algunos hay acuerdo y otros se encuentran en tabla.

El primer golpe, en diciembre pasado

En diciembre pasado, el abogado Juan Carlos Manríquez evitó que a su representado, un conductor de San Antonio, se le aplicara una norma de la ley que exige que los condenados por este delito cumplan un año de prisión efectiva cuando en estado de ebriedad hayan provocado la muerte de una persona o le hayan causado lesiones graves o gravísimas. El defendido de Manríquez dobló en su auto sin considerar un disco Ceda el Paso, atropelló a un peatón y siguió hasta la casa de su madre, desde donde llamó a Carabineros.

El fallo del TC que evitó que fuera preso señala que "en un Estado democrático, las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso, después de que esté plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resulta insuficiente para sancionar las conductas delictivas más graves".

Según la madre de Emilia, "el Tribunal Constitucional está funcionando como una tercera cámara, suspendiendo procedimientos penales en curso y haciendo inaplicable la sanción de pena efectiva".

El Tribunal Constitucional considera que la prisión por un año como pena "resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas incluso por delitos de mayor gravedad". También estima que para cumplir los fines de reinserción social y de protección de la víctima que tiene la pena se pueden establecer regímenes alternativos, partiendo por las restricciones a la licencia de conducir.

Le dijeron que no tres veces

Carolina Figueroa ha recurrido a casi todas las instancias. Estuvo en el Tribunal Constitucional en audiencia con el presidente, Carlos Carmona, "para saber cuál era la visión que ellos tenían y tomando en cuenta que él había tenido un voto disidente en el único fallo (de diciembre). Me respondió básicamente que este era un criterio que ellos habían adoptado en función de la Ley 18.216, que tiene que ver con las penas sustitutivas. Entonces, ellos tenían que actuar bajo el principio de igualdad ante la ley".

También fue al Congreso: "Les pedí que defendieran la ley a través del concepto de traslado, que permite que presenten observaciones al Tribunal Constitucional por casos específicos. Hasta el momento, ningún senador y ningún diputado ha presentado observaciones para defender la ley".

Fue a la Fiscalía Nacional: "Me llevé la ingrata sorpresa de que el Ministerio Público, a través del subrogante en este momento, nos comunicó formalmente que ellos no van a presentar más traslados por el artículo 196 ter. Ellos defienden la causa de las familias dentro del tribunal, y no en el TC, porque ya falló una vez el tribunal. De hecho, el fiscal nacional subrogante, Pablo Gómez, me dijo textualmente: "¿Cuántas veces quiere que yo me pegue en la cabeza antes de que entienda que no vamos a defender más la ley?"

-¿Le queda alguna instancia?

"No. Esto significa que el Estado abandonó a las víctimas de la Ley Emilia".

-A lo mejor hicieron una mala ley.

"Entonces arréglenla. Se está cayendo también la Ley de Control de Armas, la Ley por Delitos Sexuales, Ley Anticolusión y la agenda corta antidelincuencia. Se están cayendo todas las penas que establecieron el criterio de prisión efectiva".

-¿Hasta aquí llega usted?

"Voy a seguir luchando por esto, porque creo que las víctimas merecen tener voz. Nos dejaron abandonados. Tengo a las mamás llorando todos los días y diciéndome: ¿De qué vale dar la batalla si al final la vamos a perder?

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