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Análisis revela que plazo de tramitación ambiental aumenta y hay menos iniciativas

Empresarios alertan: incluso proyectos más sencillos demoran 12,7 meses en aprobarse

domingo, 21 de mayo de 2017

Valeria Ibarra
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

Dicho tiempo, que corresponde a lo que tarda en tramitarse una Declaración de Impacto Ambiental, es el más alto en la década. Expertos estiman que es posible reducir los tiempos si se aplican cambios al sistema.



ue la inversión está detenida en Chile, es un dato de la causa. Según el Banco Central, este indicador lleva tres trimestres de contracción, y en los primeros tres meses de este 2017 cayó 2,4%. Aunque expertos y empresarios han teorizado sobre el tema, los números muestran que considerando iniciativas de inversión de más de US$ 100 millones, la cantidad de proyectos que logran ser aprobados en el trámite ambiental ha ido sistemáticamente a la baja.

Al primer trimestre de 2017 solo se autorizaron 11,5 proyectos de este tipo, cifra que contrasta con el peak que se dio en el segundo trimestre de 2013, cuando fueron 19 iniciativas aprobadas en esos tres meses (ver infografía).

Pero, además, los plazos para obtener las aprobaciones cuando ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) se extienden cada vez más.

Según datos de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) levantados a partir de cifras públicas, para obtener una Evaluación de Impacto Ambiental, incluso los proyectos de menor complejidad -las obras que requieren una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)-, por primera vez en la historia necesitan más de un año (12,7 meses) para obtener este permiso. Esta es la cifra más alta desde los registros que hay en la década.

"No hay ninguna razón de fondo para un aumento de plazos tan importante", sostiene Joanna Davidovich, directora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la CPC. Advierte que la evolución del plazo de aprobación de las DIA es un llamado de atención, porque este "es el instrumento más liviano de evaluación ambiental, y, en teoría, debería ser un trámite rápido".

Alerta que "el plazo ha crecido desde ocho meses en su promedio histórico hasta llegar a casi trece, y la pregunta que surge es si estamos poniendo el foco y los recursos en los proyectos de mayor riesgo de impacto ambiental, o esto se ha ido desfigurando".

Ricardo Irarrázabal, profesor de derecho ambiental de la UC y socio de Irarrázabal, Loyola y Ciappa, estima que "es totalmente compatible una evaluación de calidad con una mejora en los plazos de tramitación, especialmente en las DIA".

Hay exigencias que van más allá de lo que corresponde

Los expertos deslizan varias hipótesis para explicar el fenómeno. Desde la deficiente formulación de los proyectos, a la disparidad de criterios en las distintas evaluaciones regionales. En lo que hay coincidencia es que, tal como está la inversión hoy, estos lapsos tan extensos no son razonables.

Ricardo Irarrázabal opina que los plazos se pueden acortar "con mejores y más capacitados evaluadores, y con una correcta gestión de los plazos que demoran los servicios en pronunciarse".

El académico sostiene que hay que definir si todos los proyectos de inversión deben ser evaluados ambientalmente, dado que muchos de ellos -por ejemplo, muchos de los que hacen declaraciones de impacto- tal vez no los necesitan, debido a que el riesgo ambiental que tienen es más bien bajo.

A su juicio, "se requiere una profunda reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", que apunte a la evaluación solamente de lo que es sustancialmente riesgoso.

El ex titular de la Dirección General de Aguas y hoy socio del estudio Puga & Ortiz, Rodrigo Weisner, estima que uno de los problemas es que "en algunos casos se hacen exigencias que van más allá de la ley; por ejemplo, hacerse cargo de impactos previos al proyecto o 'pasivos ambientales', o que organismos sin competencia en determinadas materias hacen exigencias imposibles de cumplir".

María Ignacia Benítez, ex ministra de Medio Ambiente, estima que los servicios con competencia ambiental que opinan en el SEA, "la mayoría de las veces opinan más allá de sus competencias, lo cual no corresponde, y el Servicio de Evaluación Ambiental no filtra adecuadamente las observaciones". Por lo tanto -añade-, "la labor del SEIA se ha transformado en un copy-paste de las observaciones que hacen los servicios, resultando en un informe consolidado que deben responder los titulares de proyectos, con muchas observaciones, muchas de las cuales no corresponden, por carecer de contenido ambiental. Ello conlleva un trabajo extra que implica un enorme tiempo adicional", dice.

La ex ministra reconoce que muchas de las demoras también tienen que ver con la calidad de los estudios que se presentan y que no cuentan con la información que se requiere, lo que hace surgir muchas dudas de los servicios. Entonces, para poder responder adecuadamente, los titulares deben suspender el procedimiento de evaluación por meses, detalla. También estima que el Servicio de Evaluación Ambiental requiere de mayor presupuesto para disponer de más profesionales.

Factores humanos y políticos toman peso

Weisner agrega otro elemento que ha surgido muy fuerte en la tramitación ambiental, que es el impacto al "medio humano" de un proyecto; es decir, los riesgos sobre las personas o comunidades, que pueden tener elementos más subjetivos de análisis.

Varios expertos coinciden en que hoy es un riesgo la mayor politización de los procesos. Un ejemplo es lo ocurrido con Minera Dominga, donde pese a que previamente los evaluadores habían recomendado favorablemente la iniciativa para conseguir su permiso ambiental, la resolución se rechazó tras conocerse el vínculo de la familia de Sebastián Piñera con esta inversión.

Davidovich afirma que este caso "es muy grave, porque daña la institucionalidad, genera incerteza y desalienta la inversión futura".

Weisner enfatiza que "la incorporación de la variable política en las tramitaciones ambientales ha hecho que los actores del sistema tengan una gran desconfianza en la evaluación técnica ambiental, instalándose la sensación de que ya no basta con cumplir con la ley".

Irarrázabal cree que este riesgo se puede subsanar con "una auténtica tecnificación del SEIA que, entre otras cuestiones, sustraiga el componente político de la evaluación y le dé mayor autonomía al sistema evaluador.

Oficina de grandes proyectos, una de las soluciones que se han planteado

El Ministerio de Medio Ambiente lideró una comisión presidencial para introducir cambios al SEA, emitiéndose un documento final en 2016.

Joanna Davidovich, de la CPC, plantea que la solución viene tanto por realizar una mejor gestión en la tramitación ambiental como por estudiar la alternativa de una oficina de grandes proyectos. "Hay iniciativas interesantes a estudiar en países como Canadá y Australia, pero habría que revisar qué resultados concretos han obtenido", señala.

La entidad público-privada Valor Minero ha impulsado esta oficina desde hace más de un año, y aunque inicialmente contó con apoyo del Ejecutivo, hoy está frenada.

El plazo de tramitación ambiental ha crecido desde ocho meses en su promedio histórico hasta llegar casi a los trece".
Joanna DavidovichDirectora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la CPC

"La labor del SEIA se ha transformado en un copy-paste de las observaciones que hacen los servicios, resultando en un informe consolidado que deben responder los titulares de proyectos, con muchas observaciones, muchas de las cuales no corresponden".
María Ignacia Benítez Ex ministra del Medio Ambiente

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