Tres ciudadanos chinos ingresaron al país en octubre de 2016. Explicaron en el control migratorio que eran turistas y exhibieron US$ 3.000, pero en realidad, un compatriota suyo les había facilitado el dinero para montar el engaño: los traía a Chile a trabajar, a cambio de alojamiento y comida, más una remuneración mensual que depositaría a sus familias en China. Las víctimas, que creyeron iban a ser dependientes de una tienda en el barrio Meiggs, terminaron descargando pesadas cajas de loza, nunca recibieron el pago comprometido y cuando quisieron dejar el empleo, los amenazaron con una multa y retuvieron sus pasaportes. "El tribunal dio por acreditado tanto el delito de tráfico ilícito de migrantes, como el de trata de personas", dice la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Carolina Suazo, quien formalizó al imputado Feibing Zhu la semana recién pasada e investiga, además, a la organización que operaba al interior del Departamento de Extranjería y Migración -que vendía documentos fraudulentos a extranjeros que buscaban permanecer en el país- y el presunto tráfico de ciudadanos haitianos que involucra a una aerolínea. Su jurisdicción -que incluye las comunas de Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Lo Prado, Renca, Conchalí, Quilicura, Huechuraba, Colina, Lampa y Tiltil- registra casi el 30% de estos casos a nivel país, según estadísticas del Ministerio Público 2012-2016. Es decir, de las 692 causas tramitadas por la fiscalía en los últimos cuatro años, 193 correspondieron a la zona de la fiscal Suazo. Las mismas cifras revelan que desde la promulgación de la Ley 20.507, que tipificó los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, las denuncias van en aumento. Mientras en 2013, las causas ascendían a 43, ese número prácticamente se sextuplicó en 2015, empinándose sobre los 250 casos. Ingreso ilegal Un dato que coincide con la percepción y registros de la PDI en esta materia. La subprefecto Cynthia Contreras, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap), afirma que "podemos decir que el delito de tráfico ilícito de migrantes ha ido en aumento". Según las estadísticas de la fiscalía, el 79% de los casos abiertos en el país bajo el alero de la Ley 20.507 corresponde a tráfico de migrantes. La trata, sumados sus distintos fines, representa cerca del 20%, equivalente a unas 140 investigaciones. También, agrega Contreras, "hemos observado una mayor incidencia de la modalidad de ingreso ilegal por pasos habilitados". Cada vez más las personas declaran en el control ser turistas, dice la jefa policial, como ocurrió en el caso de los ciudadanos chinos, al tiempo que recuerda: "En Chile se puede llegar de turista y pasados unos días, cambiar su condición, presentando una solicitud al Ministerio del Interior y obtener una visa de residente". Falsificación de papeles La realidad en la capital, en particular en la zona Centro Norte, no difiere mucho de lo que pasa a nivel nacional y, de algún modo, sirve de muestra representativa, dado que, del total país, registra un 30% de los casos. "En esta fiscalía, que es la que tiene más ingresos a nivel nacional, aparece un aumento del tráfico ilícito de migrantes", comenta la fiscal Suazo. Y menciona, en cuanto a las víctimas, que "sigue siendo un país de origen recurrente República Dominicana, pero también hay fuerte presencia de peruanos, de ecuatorianos y de haitianos". Para la investigadora, "la situación en la que se encuentran los migrantes, en este caso en Chile, por la sola posibilidad de tener mejores expectativas de vida, ha implicado un fuerte aumento de las organizaciones criminales que se dedican a lucrar con la promoción o facilitación de este ingreso ilegal". Además, apunta: "Se ha podido detectar una gran cantidad de delitos asociados al tráfico ilícito de migrantes, que tienen relación con la falsificación y el uso malicioso de documentos públicos", o privados, por ejemplo, de contratos de trabajo, de relacionados con la tramitación de visas, entre otros.