Derroche en salud

lunes, 15 de mayo de 2017
Jaime Mañalich M. Departamento de Salud Pública Universidad de los Andes
Opinión
El Mercurio

"...la suma total estimada en derroche de recursos médicos no debe ser inferior a US$ 3.000 millones. La dinámica de más recursos a salud continuará. Pero la ciudadanía debe volverse hacia quienes administran el sector, y exigir más con lo que hoy ya se entrega...".

La tendencia es que el gasto en salud aumente más rápido que el crecimiento de la economía. Esto es, si se miden los precios y la frecuencia de uso de exámenes, consultas, cirugías y medicamentos, la variación será mayor que el IPC. La razón más relevante para esto es el envejecimiento de la población y la importancia de las patologías crónicas como carga de enfermedad: diabetes, hipertensión, obesidad, depresión.

Esta realidad genera una presión por el aumento del gasto, financiado por impuestos generales, cotizaciones, seguros complementarios y gasto "de bolsillo"; esto es, los recursos que cada familia debe entregar directamente cuando recibe una atención, copaga o compra medicamentos. Independientemente de que Chile es el país de la OCDE que más ha aumentado su gasto de salud en la presente década, pareciera que nunca es suficiente.

La pregunta contingente es: ¿Basta solo con aumentar el gasto? ¿Habrá áreas donde se producen ineficiencias que, de corregirse, permitirían tratar a más pacientes, reducir las listas de espera y disminuir el gasto de bolsillo, que es el mejor indicador de desprotección? Hay que rendirse a la evidencia: el malgasto (derroche, despilfarro) en los servicios de salud es enorme. Hay una obligación ineludible de los principales actores por reducirlo y utilizar recursos siempre escasos para incrementar el bien común.

Ejemplos de malgasto: ingentes recursos se utilizan para tratar las complicaciones de tratamientos sin calidad, como las infecciones intrahospitalarias. Se solicitan y repiten exámenes innecesarios, que incluso no se revisan. Se indican medicamentos 10 veces más caros, a pesar de la bioequivalencia certificada. Demasiadas cesáreas (47% de todos los partos). Abuso de antibióticos cuando no están indicados (dos veces más de lo necesario). Sustracción de fármacos e insumos desde hospitales, que terminan vencidos y en ferias libres. Diabéticos que se descompensan por un mal control ambulatorio. Insistencia en tratamientos fútiles. Fraude sistemático en licencias médicas, que se estima en US$ 700 millones al año. Falsos indigentes en Fonasa. Errores sistemáticos en recetas al no usar medios electrónicos. Ineficiencia técnica (19% de las cirugías programadas se suspenden o uno de cada tres pacientes referidos a especialista no llega). Estadía innecesariamente prolongada en los hospitales. La suma total estimada en derroche de recursos médicos no debe ser inferior a US$ 3.000 millones.

La dinámica de más recursos a salud continuará. Pero la ciudadanía debe volverse hacia quienes administran el sector, y exigir más con lo que hoy ya se entrega. Y que un potencial aumento del financiamiento implique una reforma enfocada a la eficiencia. Solo considerando una reducción del promedio de días en el hospital en un día, se podrían admitir 250 mil pacientes adicionales, utilizando la misma capacidad. Dicho de otra forma, es como si se contara con 14 hospitales adicionales de 350 camas, únicamente por una mejoría de gestión posible. Asimismo, los profesionales no médicos deben asumir un rol más relevante en el diagnóstico, manejo de grupos de pacientes, gestión de centros de salud y ajuste de fármacos. Y los especialistas deben entrar al mundo de la telemedicina. La atención primaria no solo debe prevenir y tratar, también debe educar.

Para que todo esto ocurra, es imprescindible una revolución en los mecanismos de pago. La remuneración que se indexa al número de atenciones y no a mejor salud o sueldos que no consideran la satisfacción de la población van en contra de cualquier criterio de tratar mejor a más personas.