Comisión de Productividad dará recetas en regulación de plataformas colaborativas
lunes, 15 de mayo de 2017
Marisa Cominetti
Innovación
El Mercurio
Los mecanismos de financiamiento colectivo también serán objeto de estudio.
En un nuevo informe comenzará a trabajar la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Esta vez, la entidad analizará el mercado de las tecnologías disruptivas y economías colaborativas, con miras a investigar cómo operan en el país y el impacto que generan a nivel económico. Alfie Ulloa, secretario ejecutivo de la CNP, señala que el estudio es automandatado y la idea es trabajar en un conjunto de recomendaciones normativas para lograr una buena regulación de estas aplicaciones, principalmente de aquellas relacionadas con las plataformas de colaboración en distintos sectores, como el transporte terrestre privado, hotelería, medicina a distancia e industria financiera. Y es que en Chile, al igual que en otros países del mundo, sistemas como Uber y Airbnb, o redes de financiamiento colectivo como Broota y Cumplo, han irrumpido con fuerza en el mercado, generando no solo el interés creciente de los usuarios por emplearlas, sino también el descontento de quienes trabajan tradicionalmente en esas actividades. "Chile está en un momento en el que es necesario conocer las manifestaciones que las tecnologías disruptivas tienen, junto con entender sus características y sus potenciales costos y beneficios sobre la productividad y el bienestar de las personas", explica Ulloa, quien añade que lo que se busca es generar un manual de principios normativos para lograr una buena regulación de estas tecnologías, velando por potenciar los beneficios de su uso y considerando las mejores prácticas internacionales. "El espíritu es regular un mercado cuando sea necesario, pero no prohibir", precisa Ulloa. Por ello, señala que del análisis saldrán recomendaciones sobre cómo y cuándo deben ser regulados estos sistemas, y los principios sobre los que las políticas públicas y la normativa deben basarse, con el fin de elevar el bienestar de los ciudadanos. Esto, por cuanto el estudio se enfocará específicamente en proponer qué reformas se requieren para aumentar o promover el derecho de defensa de la libre competencia, la protección del consumidor, derecho laboral y tributario.
