domingo, 28 de octubre de 2007
B. Serrano, M. Echeverría y M. Lüders
Enfoques, El Mercurio
Con mucha habilidad para moverse administrativamente, dicen los cercanos a las grandes cadenas, las autoridades les presentan un escenario donde en el corto plazo sólo tienen dos opciones: vender la píldora o ser llevados a la quiebra con multas.
El miércoles pasado, un grupo de ejecutivos de Salcobrand y Farmacias Ahumada se reunieron preocupados. Los fieros competidores necesitaban comentar las presiones que estaban recibiendo de parte de las autoridades para vender la píldora del día después en sus locales.
Quienes asistieron aseguran que el único objetivo era "compartir sus preocupaciones" y el "temor" que les provoca el aceleramiento de sumarios -con multas que llegan a más de $33 millones por local- que les impone la autoridad por no tener disponible para sus clientes este polémico producto.
Dicen que tienen fundadas razones para preocuparse. Salcobrand, por ejemplo, ya fue cursada con una multa y tiene 60 citaciones, desde el 4 de junio de 2007 a la fecha, es decir, casi una por día. Y Farmacias Ahumada tiene en torno a 15 citaciones.
Las declaraciones a la prensa de algunos parlamentarios como Carolina Tohá y Guido Girardi les confirmaron que la mano viene dura contra la industria. Ejecutivos farmacéuticos ven "obsesionado" al Gobierno con el tema.
Pero las farmacias tuvieron que ceder y reconocen que lo hicieron con mucha impotencia. Las tres grandes cadenas tuvieron que emitir esta semana las órdenes de compra y con eso paran temporalmente las multas. Las dosis estarían disponibles efectivamente en los locales los próximos días.
Consultado el Ministerio de Salud por las dudas al proceso, se informó que la ministra de Salud está de viaje en China. La subsecretaria de la cartera no respondió a las preguntas de "El Mercurio" sobre este tema aludiendo a una apretada agenda.
La vuelta de mano
No piensan quedarse con los brazos cruzados, aunque saben que no será fácil doblarle la mano al Gobierno porque éste "ha sido muy hábil en manejar el tema administrativamente".
Ya tienen a grandes rasgos algunas líneas de acción legal, aunque no conjunta. "Sería más potente, sin duda, pero es un locura comunicacionalmente porque siempre somos víctimas de acusaciones de colusión y esto sería dar pie a más de eso", explican.
Por su parte y de forma independiente, Salcobrand está en vías de diseñar una estrategia judicial que podría abarcar lo siguiente: el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad empresarial y la igualdad de cargos ante la ley, sumado a un par de juicios ordinarios por temas administrativos y de incumplimientos.
Un segundo paso que podrían tomar las farmacias es cambiar el debate público desde un tema valórico -¿es o no abortiva?- hacia uno que se base en la libertad económica: ¿Por qué un empresario tiene que vender algo que no quiere si está disponible en otro lugar?
Dentro del argumento de la libertad económica esperan recibir el respaldo de los gremios empresariales y de la comunidad académica.
Por el momento, ya tienen los argumentos de gente como el abogado Arturo Fermandois, quien asegura que la combinación del derecho a la vida del que está por nacer y el derecho a la actividad económica como garantías constitucionales, permite asegurar que el tema de la píldora es una materia legal, y como tal debe pasar por el Congreso y no basarse simplemente en un decreto como ha sido hasta ahora.
Es más, para Fermandois el tema es claro: "Apremiar a las farmacias con una multa cuando se está evitando el debate legislativo que ordena la Constitución es inconstitucional".
"Siempre debe primar la libertad de empresa y no disposiciones propias de una economía centralizada y que no respeta el derecho de los privados a ejercer su actividad legítima", agrega Rodrigo Castro, investigador de Libertad y Desarrollo.
Finalmente, pero no menos importante, las cadenas quieren advertir y hacer que se tome conciencia de la amenaza de verse involucrados en caros juicios entablados por consumidores dañados por la "píldora del día después", como podría ser el hecho de que en el futuro un grupo de mujeres considerara que sin saberlo se indujeron abortos.
"Estamos hablando de un producto sobre el que no hay consenso en la comunidad médica y que no viene con toda la información de respaldo que requerimos para protegernos", aseguran en las farmacias. El temor viene porque la ley del consumidor chilena contempla que el cliente se puede querellar contra el laboratorio y contra quien se lo vendió, el que sólo en una segunda fase podría querellarse contra el Gobierno en un juicio que probablemente sería más largo y oneroso.
¿Es o no un buen negocio para las farmacias?
A principios de esta década, cuando la pastilla de emergencia sí contaba con registro sanitario, las farmacias vendieron muy pocos productos, lo que sumado a la presión de grupos pro vida, llevaron a que las cadenas optaran por no vender.
Hoy las cadenas han tenido que cambiar de postura y volver a tenerlas en sus mostradores, porque es peor negocio arriesgarse a las multas.
En un comienzo, ante la falta de pedidos de las farmacias, los tres laboratorios que producían la "píldora del día después", Recalcine, Grunenthal y TecnoPharma, declararon que no iban a comercializar los productos Postinor 2 y Tace, cancelando, en el caso del primero, incluso su registro sanitario.
¿Qué hubiera pasado si vender este producto hubiese sido un negocio redondo? Algunos creen que las actuales administraciones de las cadenas de farmacias habrían actuado igual, otros postulan que las cosas podrían haber sido algo diferentes.
Como a comienzos de este año el producto no estaba disponible -y desde el 10 de marzo de 2006 el levonorgestrel 0,75mg estaba incluido en el Formulario Nacional de Medicamentos-, la Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento) decidió hacer una importación propia del producto. El monto total de importación del fármaco en mayo 2007 fue de $24 millones por 30 mil dosis, un monto poco importante si se toma en cuenta que las transacciones totales del 2006 del organismo ascendieron a $120.000 millones.
Hoy, según Mario Jerez, director de Cenabast, cada dosis se vende a las farmacias en su costo, $800 cada una. Esta semana, Cruz Verde recibió sus 1.200 blisters, y el viernes ocurrió con SalcoBrand. Ahumada compró sus 1.200 dosis del fármaco a una ONG. En el corto plazo el producto estará en las tres cadenas, para evitar nuevos sumarios.
Multas de $33 millones por local: el kamikaze financiero que significaría mantener la negativa
Esta semana salió en los diarios que a las tres grandes cadenas farmacéuticas del país las multaron con 1.000 UTM ($33 millones) por no contar con levonorgestrel 0,75 mg, más conocido como la "píldora del día después", dentro de los productos que ofrecían en sus salas de venta.
Pero lo que no se ha difundido es que a las cadenas se las multó por un sólo local, y de mantener la postura de no contar con el genérico dentro de sus estantes, se arriesgan a que les cursen una multa por el mismo monto en cada una de sus salas de ventas.
Hasta el viernes, Salcobrand tenía 60 locales sumariados, lo que podría significar multas por 60.000 UTM (más de 2 mil millones) y en caso de reincidencia ese monto podría duplicarse. Si eso se extrapola al hecho de que la cadena ligada a la familia Yarur tiene 300 locales, podríamos estar hablando de más de 20 mil millones de pesos por concepto de multas reincidentes si mantuvieran su postura. Todo este problema incluso podría terminar con los representantes legales presos por incumplimiento.
"Tendrían que ser ayatolas si quisieran llegar hasta las últimas consecuencias... y ninguna administración profesional puede hacer eso", explica una fuente relacionada a las farmacias. Otra agrega: "Esta multa es una voz de alerta, es un aviso y uno no puede exponer a los accionistas a una irracionalidad así". "No se les puede pedir a los dueños de las farmacias que sean santos, ellos tienen la obligación de velar por su negocio", acota otro.
Lo cierto es que las multas cursadas fueron una señal de alerta para las grandes cadenas porque es primera vez que los sumarios terminan en sanción. Eso sí, fuentes cercanas a los procesos aseguran que esta vez, y a diferencia de los otros sumarios que tienen en desarrollo, no tuvieron la posibilidad de defenderse. En las actas donde se les notificaba no había fecha ni lugar de citación, y las cartas certificadas para informar tampoco llegaron, por lo que se les multó porque no asistieron: se les atribuyó "rebeldía".
Paso a paso, el engranaje de las autoridades para forzar a las farmacias
1.- En marzo de 2006, el gobierno la incluye en el "Formulario Nacional de Medicamentos" (productos básicos que toda farmacia debe tener en sus locales para poder operar).
Queda como obligatorio el principio activo Levonorgestrel en sus presentaciones de 0,75mg (anticonceptivo de emergencia) y 0,03 mg.
Este listado nacional habla de fármacos de uso terapéutico, medicamentos indispensables y patologías declaradas prioritarias para planes de salud del gobierno. Conceptos que según fuentes cercanas a las grandes cadenas farmacéuticas no podrían aplicarse a algo que impidiera un embarazo, por no ser este una enfermedad.
Con este decreto se obligó a las farmacias a adquirir el producto, porque de no hacerlo arriesgan multas e incluso cárcel para sus representantes legales.
2.- ¿Internación por emergencia nacional?
Al no estar el producto en Chile, el director del Instituto de Salud Pública autorizó la internación del producto fundándose en alguna de las tres razones que se lo permiten: emergencia nacional, productos farmacéuticos activos o de una utilidad mayor a otro registrado y/o investigación científica. Ninguna de estas tres razones calzan con los argumentos para importar la píldora del día después.
3.- No tiene registro sanitario, ya que los que estaban otorgados fueron eliminados.
Las cadenas no pueden comercializan ningún producto que no cuente con los registros del ISP por desconocer la calidad del producto y los efectos colaterales del mismo.
4.- La autoridad no ha especificado si se venderá con o sin receta, o con receta retenida.
Las cadenas aseguran que les han pedido a los importadores del producto y a las autoridades que les especifiquen cómo venderlo. Hasta la fecha éstas no han recibido respuesta. Sin embargo, bajo la figura de "problemas de abastecimiento" este producto podría ser comercializado OTC ("over the counter"), o sea, sin receta.
5.- Cadenas quieren que el Estado responda por eventuales juicios y que firme documento al respecto.
Al no tener las garantías y ante la posibilidad de efectos secundarios negativos e inesperados, las cadenas le exigen a la autoridad que firme que se hace responsable de la venta para protegerse de posibles "class actions" o juicios posteriores de consumidores. A pesar de que el director de la Cenabast le dijo a "El Mercurio" que se hacían responsables de los productos que ingresaban, las autoridades se han negado a firmar un compromiso que así lo asegure, convirtiendo a los privados en primeros responsables por la comercialización de un producto cuyos efectos secundarios no están del todo probados.
6.- En junio pasado empezó arremetida de sumarios a las principales cadenas farmaceúticas.
El 4 de junio 2007, ante la negativa de las farmacias de adquirir el levonorgestrel 0,75 mg, comienza una arremetida con nuevos sumarios a las principales cadenas. Mientras Ahumada tiene 15 de ellos, Salcobrand tiene 60 sumarios a la fecha.
