Ministra posterga licitación de tecnología de pago de Transantiago para próximo gobierno
sábado, 06 de mayo de 2017
Manuel Valencia
Nacional
El Mercurio
"Aprendimos la lección, no hay que hacer más big bang", argumentó Paola Tapia. Contrato de Sonda vence en 2019.
Cuando la tarjeta bip! del Transantiago comenzó a operar en una fase piloto final, el 1 de enero de 2007, ya debutaba con una tecnología (MiFare) que empezaba a quedar obsoleta. Pronto ese déficit se evidenció con algunas rigideces que la credencial no permite implementar fácilmente, como la diferenciación de pago de tarifas, la personalización de la tarjeta o sistemas para evitar fraudes como el ocurrido en 2015, que obligó a bloquear más de 160 mil. Diez años más tarde, los especialistas coinciden en que se hace urgente implementar un nuevo sistema de pago, de cara a la relicitación, que promete un "nuevo Transantiago", en 2018. En ese marco, el Gobierno inició un proceso de licitación de los llamados "servicios complementarios" para contar con una nueva bip!, validadores de buses y sistemas de GPS antes del inicio de operación del nuevo sistema, previsto para octubre del próximo año. Sin embargo, pese al compromiso inicial, ahora el Ejecutivo retrasará el proceso: la ministra de Transportes, Paola Tapia, anunció que la licitación avanzará en esta administración con la elaboración de las bases, mientras que la adjudicación quedará a cargo del próximo gobierno. Se estima que ello se produzca hacia el segundo semestre de 2018. "Estamos trabajando en esas bases para dejarlas avanzadas, con el mismo sello de calidad que hemos buscado en las vías (...). Aprendimos la lección, no hay que hacer más big bang", argumenta la ministra Tapia. El problema es que el contrato del actual fabricante de la tarjeta, Sonda, termina en febrero de 2019. Con ello, el nuevo operador solo contaría con unos meses para implementar el cambio de credencial, un proceso que en Valparaíso, por ejemplo, duró un año y que en ciudades como Londres se extendió hasta por cuatro años. José Orlandini, gerente corporativo de sistemas de Sonda, dice que existe una prórroga que el ministerio puede ejercer. "El contrato establece que el precio hay que negociarlo, pero partiendo de una rebaja de 30%, porque se supone que hubo una inversión inicial que se termina de depreciar en febrero de 2019", explica. Añade que con el nuevo plazo, la migración hacia una tarjeta no se alcanza a concretar: "Podemos seguir funcionando con las tarjetas actuales, pero si se quieren generar descuentos por pases diarios o mensuales o incorporar pases diarios, la tecnología actual tiene limitaciones para hacerlo". Y ese no es el único inconveniente, según Juan Carlos González, gerente de la fundación Transurbano y ex jefe jurídico del Ministerio de Transportes durante la administración anterior. "Se corre el riesgo de negociar de manera capturada la modificación de un contrato. La licitación de vías debía tener resuelto este tema para que los nuevos operadores de buses consideraran la arquitectura de los servicios complementarios", afirma. Raimundo Cruzat, especialista en transportes y ex coordinador de Transantiago, dice que se pierden oportunidades de implementar mejoras. "Celebro que la ministra tenga la valentía de dejarlo para después, pero como gestión global del Gobierno es pésimo. Un nuevo sistema tecnológico permitiría mayor flexibilidad en la compra de pasajes, integrar el pago con otros modos como Uber o dar más facilidad para el pago de otros servicios, como estacionamientos o bicicletas públicas", concluye.
