Fiscal del caso Penta acusa de "incongruencia" al SII
sábado, 22 de abril de 2017
C. Acuña y C. Carvajal
Nacional
El Mercurio
El jefe de la Fiscalía Regional Oriente dijo que en el caso de personas ligadas al Gobierno "ha habido una actividad bastante baja respecto a interponer denuncia o querella".
A pocos días de que se conociera la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de aplicar criterio "mixto" en casos de financiamiento irregular de campañas políticas, el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, acusó falta de claridad en los criterios por los cuales el servicio decide o no querellarse, lo que afecta -según dijo- "la credibilidad del sistema en su conjunto". Lo anterior, haciendo referencia a la facultad exclusiva del SII para denunciar delitos tributarios relacionados con aportes irregulares, en una semana en que se conoció que en 41 casos el organismo fiscalizador optó por la aplicación de una sanción pecuniaria; en 35, por la vía penal y en 21 casos no existen antecedentes con méritos suficientes, cobrándose las diferencias de impuestos. "Desde la perspectiva penal, uno puede decir que esos hechos quedan impunes", dijo Manuel Guerra. Agregó que "cuando quedan sin responsabilidades penales personas y empresas que cometieron hechos que generaron perjuicios fiscales relevantes, y que por otra parte se va a perseguir la responsabilidad penal de personas con mínimas cantidades, eso genera un nivel de incongruencia difícil de entender (...) Tenemos personas que emitieron boletas como cercanos al senador Iván Moreira o como el señor Carlos Bombal, Alberto Cardemil o el diputado Felipe de Mussy por los cuales hay querellas por montos que a veces no superan los $10 millones", señaló en entrevista en T13 Radio. Declaraciones que se que suman a los dichos del fiscal nacional, Jorge Abbott, que a comienzos de semana advirtió que "si Impuestos Internos no se querella o denuncia, nos pone una barrera legalmente infranqueable" para perseguir los delitos tributarios detectados en el marco del financiamiento irregular de las campañas políticas. Guerra recalcó que debiera ser la fiscalía el organismo que determine si iniciar o no investigaciones por delitos tributarios. "Siempre hemos dicho que hay que modificar el artículo 162 del Código Tributario y establecer que la fiscalía pueda iniciar investigaciones por delito tributario sin necesidad de querella o denuncia del servicio, nos parece que eso da mayor garantía a la ciudadanía", planteó. "El SII al final del día depende del gobierno" El fiscal regional también deslizó críticas frente a la autonomía del Servicio de Impuestos Internos. "El SII es un organismo que al final del día depende del gobierno de turno, la designación de su director está radicada en el Ejecutivo, y por ese motivo es susceptible de un manejo de naturaleza política o que al menos se crea que las decisiones que toma cuando -son discrecionales- están guiadas por fundamentos políticos, eso no pasa con el Ministerio Público. Consultado sobre si se ha usado la facultad exclusiva del SII para temas políticos, aseguró. "Quisiera creer que no, pero cuando uno ve el debate llama la atención que hay personeros cercanos, más bien ligados al Gobierno, en donde ha habido una actividad bastante baja respecto a interponer denuncia o querella", dijo. Por ahora no se archivarían causas Una de las interrogantes que surgió esta semana es si la fiscalía optará por archivar o no estas causas ante la falta de una acción penal por parte del SII. Aunque no hay una definición institucional frente a esto, "lo lógico sería esperar la sanción o no sanción que se impongan los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTP), dijo Guerra. Hay que esperar una decisión, quizás el SII pueda revaluar la materia", finalizó. Mientras los abogados defensores y querellantes de causas como Penta, SQM y Corpesca respondieron ayer los dichos de Guerra. "Hubo una querella del SII por un hecho de $3 millones y otro de $4 millones; mi representado reconoció lo hechos, pero no su responsabilidad penal. Es evidente que ha habido un cambio de criterio en el SII; esto es grave porque cambiaron en un año y volvieron a la vía pecuniaria, perjudicando a diversas personas", planteó el abogado Eduardo Riquelme, defensor del ex diputado Alberto Cardemil. Mauricio Daza, querellante en las tres causas, aseguró que "resulta evidente la necesidad de eliminar la norma que establece como facultad potestativa del director del SII el decidir si se presenta querella, como requisito para permitir la persecución de delitos tributarios; es urgente modificar la ley para garantizar una autonomía efectiva del SII frente al gobierno de turno". Una opinión muy distinta tiene el abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Pablo Zalaquett, quien advirtió que "el artículo 162 del Código Tributario es claro al entregarle al SII la decisión discrecional de decidir si se sigue la vía administrativa o no, debemos confiar en su criterio".
Un total de 35 querellas ha ingresado el SII por delitos tributarios relacionados con estos casos.
