Caso Lucro: Fiscalía archiva investigaciones a universidades, excepto tres del grupo Laureate
domingo, 09 de abril de 2017
Javiera Herrera y Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio
Planteles cuyos casos fueron suspendidos aseguran que se demostró que actúan apegados a la ley, mientras que la U. Andrés Bello critica el proceso. En paralelo, el Mineduc tiene abiertas seis indagatorias, la mayoría bajo la Ley de Administrador Provisional.
En medio del revuelo provocado por el movimiento estudiantil -que entre otros temas pedía el fin al lucro en la educación superior- y ante el cierre de la Universidad del Mar, la Cámara de Diputados constituyó la "comisión lucro", para investigar posibles anomalías en el sistema de educación superior. Era el año 2012, y una vez que terminaron su labor, cuatro parlamentarios derivaron los antecedentes a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, para que ellos también indagaran los hechos. Así se inició el caso Lucro, en virtud del cual los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena han indagado a 12 universidades privadas. En los más de cuatro años transcurridos se ordenaron informes a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, peritajes contables al Laboratorio de Criminalística y hasta se enviaron antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Pero hasta fines del año pasado no había formalizados. Así, se decidió archivar provisionalmente todas las investigaciones, excepto las correspondientes a las universidades Andrés Bello, de las Américas y Viña del Mar, todas del grupo Laureate. La Fiscalía Oriente confirmó lo anterior y señaló que la decisión se tomó porque no se encontraron antecedentes suficientes para levantar cargos. En el caso de las universidades del grupo Laureate, precisaron, hay aún diligencias pendientes, pues en los últimos meses se remitieron antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Añadieron que los tomos investigativos fueron derivados al Ministerio de Educación. Antes de que se tomara esa determinación, los fiscales habían hecho ver que el lucro no estaba tipificado como delito, por lo cual perseguirlo era complicado. "Esas conductas no se encuadran en ninguna figura penal que pudiera ser actualmente perseguible por parte de la fiscalía", señaló Gajardo en una entrevista radial con la U. de Valparaíso. Causas archivadas La primera investigación que se archivó fue la de la U. Autónoma, en marzo de 2015. "Nuestra casa de estudios brindó todos los antecedentes y documentos que le fueron requeridos", aseguró Teodoro Ribera, rector de ese plantel. Agregó que "el correcto funcionamiento de la universidad fue corroborado por el proceso de acreditación y por el informe financiero emitido por una empresa evaluadora externa, a solicitud de la Comisión Nacional de Acreditación". En tanto, la indagación de la U. Santo Tomás fue archivada en diciembre pasado. Según el rector, Jaime Vatter, en los cuatro años que duró el proceso entregaron "todos los antecedentes requeridos en materias académicas, financieras y jurídicas, entre otras. Lo anterior nos permitió demostrar que nuestra universidad siempre ha actuado con el más estricto apego a la ley y a sus estatutos". En el caso de la U. Central, la pesquisa fue también archivada de manera provisional a fines de diciembre. "Desde el punto de vista de la fiscalía, estamos sin ningún problema", remarcó Sergio Escobar, director de Comunicaciones. Detalló que en una comunicación que recibieron de la fiscalía se les informó de la decisión, pues "no se encontró ningún tipo de antecedentes". Aunque la U. Sek indicó que "nunca ha sido notificada y ha sido parte de una causa por lucro", desde la fiscalía aseguraron que sí fue indagada. Caso Laureate El caso del grupo Laureate es distinto. El rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez, sostiene que han pasado "más de cinco años sin formalizar (la investigación) y con un fiscal que ha señalado públicamente que no existe el delito que supuestamente investiga". El rector puntualizó que a su entender "el último movimiento que hubo fue una consulta del fiscal al SII por un informe tributario aportado por unos diputados. Respecto de ese informe, el SII ya se pronunció, descartándolo categóricamente por ser infundado y contradictorio". Añadió que "como no hay delito ni antecedentes contra la UNAB y como se ha comprobado la inexistencia de irregularidades tributarias, recientemente hemos solicitado nuevamente al fiscal el cierre de dicha investigación". Más severo es Jesús Villate, director ejecutivo de Laureate para la región Andina. "Es inexplicable que una investigación por un delito que el fiscal reconoce que no existe se mantenga abierta por más de cinco años. No vemos qué diligencias puedan quedar pendientes después de tanto tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que el SII ha sido reiterativo en informar que las indagatorias a las universidades han terminado concluyendo que todas cumplen con la Ley Tributaria". Villate añade que a su juicio "hay un claro interés político y un componente ideológico importante que se ha traducido en un hostigamiento permanente a Laureate y a su red. Se han utilizado diversos medios para iniciar y mantener abiertas indagatorias que hace mucho rato debieron cerrarse".
