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Mientras, avanza en el Congreso proyecto que separaría Ñuble del Biobío:

A 10 años de la creación de nuevas regiones

domingo, 02 de abril de 2017

Jorge Enríquez
Reportajes
El Mercurio

Especialistas sostienen una visión crítica y advierten que, pese a su popularidad, las propuestas para seguir dividiendo territorialmente el país carecen de sustento técnico. En cambio, obedecerían al desconocimiento de la ciudadanía respecto de las tareas y atribuciones con que cuentan las autoridades regionales.



"Esta ley es producto del esfuerzo de ustedes, que lucharon por mucho tiempo para recuperar la posibilidad y las oportunidades", declaraba la Presidenta Michelle Bachelet, en marzo de 2007, ante un entusiasta grupo de valdivianos, tras la promulgación de la ley que creó la Región de Los Ríos.

Una semana antes, la Mandataria también había firmado la iniciativa que materializó la formación de la Región de Arica y Parinacota, para satisfacción de los nortinos.

Diez años después, sin embargo, son escasos los estudios que miden el resultado de la separación de esos territorios. En efecto, solo hay una evaluación de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere) que data de 2015 y cuyos resultados los especialistas califican como ambiguos.

Pese a ello, la idea de crear nuevas regiones sigue siendo altamente popular. Incluso, hoy se tramita el proyecto de la Región de Ñuble, y que divide a los habitantes de la Región del Biobío. Además, están en etapa de estudio, por parte de la Subdere, dos iniciativas más. Se trata de las zonas de Maule Sur y del Valle del Aconcagua en las regiones de El Maule y de Valparaíso, respectivamente.

Factores que explican la tendencia: popularidad y costos pagados por terceros

Armando Cartes, abogado de Concepción y doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, sostiene que la existencia de constantes demandas por crear nuevas regiones surge de la frustración que genera la excesiva centralización del país, fenómeno que se reproduce también al interior de cada región respecto de sus capitales locales.

Bettina Horst, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, hace notar que otro factor que incide es el hecho que los costos para establecer una nueva estructura estatal en un territorio no los asumen sus habitantes. En cambio, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) la inversión aumenta cuando esa región es independiente, debido a los coeficientes usados para su cálculo.

A lo anterior, se suma el hecho que este tipo de demandas suelen ser asumidas por los parlamentarios locales, los que pueden obtener dividendos electorales al apoyar iniciativas populares e impulsarlas. Así, "las conversaciones, presiones de grupos y actores políticos locales son las que van generando la visión que el Ejecutivo legisle o no", hace notar Ignacio Irarrázabal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (UC).

Estudio de la U. de Concepción desaconseja región en Ñuble

Sin embargo, la popularidad que estas demandas concitan suele chocar con los parámetros técnicos. De hecho, el Centro de Políticas Públicas de la UC diseñó un Índice de Coherencia Regional que tiene por objetivo medir la sustentabilidad de este tipo de iniciativas. El instrumento considera factores demográficos y territoriales, económicos y productivos, identidad y realidad sociocultural, y también lo referido al estamento administrativo y de servicios públicos.

El año pasado, la Universidad de Concepción adaptó ese índice para analizar la pertinencia del proyecto de la Región de Ñuble. Sin embargo, los resultados no fueron positivos y pese a eso la iniciativa sigue adelante su tramitación legislativa.

$18 mil millones para primer año de funcionamiento

La creación de nuevas regiones involucra también costos importantes para el Estado, los que se vinculan con el aumento de funcionarios públicos. En el caso de la Región de Ñuble, según el mismo estudio de la UdeC y que fue encargado por la Subdere, se estima una creación aproximada de 1700 cargos. Sin embargo, hace notar Irarrázabal que los recursos para sustentarlos no serían más de los que existen y que son resultado de la división de la región madre.

En el caso del Ñuble, según lo estimado por la Subdere, se proyecta una inversión de $18 mil millones en su primer año para la formación del aparato estatal necesario para funcionar.

Una evaluación poco concluyente

A su vez, los resultados de una inversión de esta naturaleza no estarían del todo claros, según los expertos. Por ejemplo, si bien las zonas de Arica y Parinacota y también Valdivia presentan avances en crecimiento del PIB y reducción de la pobreza en la última década, ellos no son atribuibles a la separación regional.

"Si se mira el PIB, Arica y Parinacota sigue estando en los últimos lugares del país. Si se mira la Encuesta Casen, ha bajado la pobreza, pero también, sigue siendo más pobre que Tarapacá. Al final, surge la pregunta: ¿esa baja de pobreza se debe a la nueva división territorial o es simplemente resultado de un trabajo del país en su conjunto?", explica Ignacio Irarrázabal.

En septiembre de 2015, la Subdere presentó un estudio de seis variables sobre la evolución de las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos, a ocho años de su separación de Tarapacá y Los Lagos. En tres de los seis factores medidos no se percibieron modificaciones significativas.

Por ejemplo, en la dimensión demográfica se describe que no hay condiciones comunes que permitan establecer que la separación territorial tuvo impacto. Lo mismo ocurre en la condición socioeconómica de la población; aunque hay números azules respecto de los índices de indigencia y pobreza, en el resto del país se observaron mejorías igualmente significativas. En educación y salud también se presentaron avances, pero los indicadores tampoco serían consecuencia de la división territorial. Siguiendo la misma línea, se afirma que en lo referido al Producto lnterno Bruto (PIB), aunque muestra variaciones positivas, el resultado tampoco permite concluir que la autonomía de las regiones haya sido determinante.

Por lo anterior, Guillermo Pérez, investigador de la Fundación Piensa, sostiene que las expectativas que suelen crearse entre los habitantes de una zona ante la generación de una nueva región obedecen a que el ciudadano tiene un conocimiento bajo sobre las funciones y atribuciones de las autoridades regionales. "Los ciudadanos quieren crear una región pero no saben cuáles son las funciones que tendrá la autoridad que los regirá", dice.

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