Dictan prisión preventiva para 8 de 9 imputados por fraude en Carabineros
lunes, 20 de marzo de 2017
Lilian Olivares, Andrea Chaparro y Nicolás Álvarez
Nacional
El Mercurio
Juez Mario Cayul consideró que el Ministerio Público dio cuenta de manera contundente de que existe el delito de malversación de caudales públicos, en forma reiterada, y que las cifras son "inmensas", con lo cual la pena es de crimen.
"No se preocupe. En esto hay un general y un coronel". Así le habría dicho el comandante Héctor Nail a un funcionario policial que no quería aceptar el dinero que le habían depositado en su cuenta corriente. Tal fue parte del relato que hizo el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien, encabezado por el fiscal Eugenio Campos, lleva la investigación por el fraude que superaría los 10 mil millones de pesos y que a juicio de la fiscalía "es la malversación más grande de que tenemos conocimiento en una institución pública". Esto se supo ayer durante la audiencia de control de detención y posterior formalización de 9 imputados, 7 de los cuales quedaron en prisión preventiva e ingresaron al cuartel Sucre. El único civil fue a Capitán Yáber. Se trata del general Flavio Echeverría Cortés, el coronel Jaime Paz Meneses, el teniente coronel Héctor Nail Bravo, el oficial en retiro Nelson Valenzuela Aravena, y los oficiales Robinson Carvajal Leiva, Francisco Estrada Castro, Felipe Ávila Pérez y el civil del grupo, Gonzalo Carrasco Quintana. El juez solo decretó arresto domiciliario nocturno para el ex uniformado Ramiro Martínez Chiang, a quien -a juicio del magistrado y de su defensa- no le habían fundado suficientemente su participación en los hechos. En cuanto al general Echeverría, quien estaba a cargo de la Dirección de Finanzas al momento de su expulsión, el juez consideró las declaraciones hechas por Pedro Valenzuela San Martín, que contó que fue a la oficina de Echeverría y este le dijo al imputado Nail que su billetera estaba flaca. También, que le dio instrucciones para que aislara al oficial Felipe Ávila, que era depositario de platas. En la audiencia ante el juez Mario Cayul, la fiscalía formuló cargos por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de dinero. Modus operandi Fundamentando la asociación ilícita, señaló la fiscalía que desde a lo menos el año 2010, y hasta este año, los imputados se asociaron y organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal, el orden público y otros. Para ello, conformaron e integraron para ese fin una organización jerárquica en la que se distinguen jefes y un grupo de personas o miembros operativos que ejecutan las labores necesarias y funcionales a la finalidad perseguida. Esta organización adulteraba los registros de la base de datos de Carabineros, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios policiales activos, funcionarios en retiro, familiares de los mismos y civiles, aparentando que los depósitos correspondían a remuneraciones, viáticos u otros. También realizaban acciones destinadas a distraer a las instancias de control internas y externas, para que no los pillaran. Según la fiscalía, producto de ello existirían hasta el 15 de marzo de 2017 montos malversados solamente de la cuenta de remuneraciones equivalentes a 10 mil 78 millones 664 mil 743 pesos. Quedan otras tres cuentas por revisar. De acuerdo al relato de la fiscalía, la "organización criminal" comenzó a operar al interior del escalafón de Intendencia de Carabineros, particularmente en la Dirección de Finanzas, que posee cuatro departamentos. Los departamentos I de Presupuesto y Finanzas, y el III, de Tesorería y Remuneraciones, estaban a cargo de las cuentas corrientes más importantes y traspasaban fondos de unas a otras, ocultando los dineros que habían retirado. La organización intervenía en el proceso de remuneraciones a través de maniobras documentales, contables e informáticas, para sustraer los fondos desde las cuentas de la institución. Primero, identificaban a las personas a cargo del proceso de remuneraciones. Luego alteraban o adulteraban los archivos que debían ser enviados al Banco del Estado, que tiene a su cargo la cuenta institucional de Carabineros, con el objeto de incorporar como beneficiarios a determinados miembros o colaboradores de la asociación. En tercer lugar, la recepción de pago estaba a cargo de miembros o colaboradores que habían facilitado sus números de cuenta corriente, recibían el pago y se quedaban con el 10% de lo que les depositaban. En cuanto al orden, quienes habían recibido el pago debían devolver el resto del dinero a la organización mediante transferencias bancarias o retirando el dinero y entregándolo en efectivo. En quinto lugar, había que disimular lo recibido u ocultarlo mediante inversiones a nombre de terceras personas, estratificando los montos, etc.
El capitán Carlos Rojas no se presentó a la audiencia. Se reiteró orden de captura.
