viernes, 17 de marzo de 2017
Economía y Negocios
Daniel Fernández K.
Profesor de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Desarrollo
En gran medida, la economía de mercado descansa en la libertad de las personas para elegir. ¿Por qué no poder elegir si queremos que nuestros fondos de pensiones se inviertan preferentemente en un fondo (F) integrado por empresas de alta reputación, que cuidan el ambiente, con extraordinario clima laboral y que trabajan con empresas B o son empresas B? ¿Por qué no poder elegir si queremos que la energía que consumimos provenga de fuentes renovables, o de empresas chilenas, o de compañías que no promuevan la energía nuclear, por ejemplo? ¿Por qué no poder preferir productos de empresas que reciclen los recursos que utilizan en más de un 50%, mediante sellos certificados que nos informen apropiadamente de ello? ¿No debiéramos los cotizantes poder elegir a algunos directores de las empresas que administran o en las que se invierten nuestros fondos de pensiones?
La economía de mercado tiene muchas virtudes; las conocemos. Pero también tiene algunas sombras, como la asimetría de información, los riesgos de colusión, la desigualdad en el acceso al financiamiento, la concentración del capital, entre otros factores que no colaboran precisamente en legitimarla masivamente. Son muchas las opciones que tenemos los consumidores para elegir productos y servicios (en la medida en que tengamos los recursos, claro), pero esa libertad de elección encuentra un límite cuando queremos decidir sobre cosas más trascendentes que simplemente consumir.
En efecto, los fondos de pensiones son de los cotizantes, como destaca actualmente la publicidad de una AFP. Pero si eso es así, ¿por qué no poder elegir si queremos que nuestros ahorros de jubilación se inviertan preferentemente (sobre una base de riesgo regulada, acotada y conocida, lógico) en un fondo F integrado por empresas de alta reputación, que cuidan el ambiente, con extraordinario clima laboral y que trabajan con empresas B, o son empresas B? De este modo podremos, además de ahorrar para el futuro, promover ciertos comportamientos que nos interese apoyar. ¿No debiéramos los cotizantes poder elegir a algunos directores de las empresas que administran o en las que se invierten nuestros fondos de pensiones, sintiéndonos así mejor representados, lo cual nos daría mayor confianza en la gestión de las AFP?
Todos consumimos energía en un sector regulado, en que se fija un valor agregado de distribución a las empresas distribuidoras. Pero en la elección de la energía que éstas compran para distribuírnosla no tenemos ninguna participación. ¿Por qué no poder elegir si queremos que la energía que consumimos provenga de fuentes renovables, o de empresas chilenas, o de compañías que no promuevan la energía nuclear –por ejemplo– como sí lo pueden hacer los consumidores de otros países? Si alguien quisiera pagar un poco más para elegir un proveedor (generador) más limpio, nacional, o con mejor reputación, ¿por qué no podría hacerlo?
¿Por qué no poder preferir productos de empresas que reciclen los recursos que utilizan en más de un 50%, mediante sellos que nos informen apropiadamente de ello? Es fundamental reconocer la actitud consciente de las empresas frente a la emergente economía circular, y premiarlas en tal caso.
Para expandir la libertad que el mercado nos ofrece, deberíamos promover más poder real para los consumidores y usuarios, más allá de la libertad de consumir. Si creemos que los ciudadanos tienen la capacidad de elegir Presidente, parlamentarios, Alcaldes e Intendentes, ¿por qué no poder influir sobre el comportamiento de los actores del mercado mediante una “votación” libre e informada (preferencias) sobre materias que también les afectan?
