Cargos seleccionados por ADP llegan a 1.491 y solo el 10,8% viene del sector privado
jueves, 23 de febrero de 2017
Mariana Penaforte
Economía y Negocios
El Mercurio
Luego de años de discusión en torno a una reforma al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), finalmente el año pasado se aprobó un proyecto de ley para modernizar el cuestionado modelo de selección de personal de la administración pública. Este se había debilitado en los últimos años con abusos que fueron surgiendo en la historia de la normativa -que nació el 2003- como la remoción injustificada de profesionales de sus cargos y la presencia excesiva de directivos transitorios que terminaban siendo nombrados en los concursos en la mayoría de las veces. Dicha ley, que fue promulgada en octubre y está en plena vigencia, incorporó nuevos cargos a la ADP y el número de servicios adscritos ya alcanza los 125. Según información del Servicio Civil, a febrero de 2017 el total de cargos que se seleccionan a través de la ADP alcanzó a los 1.491. De ese total 1.114 son cargos adscritos, es decir, sujetos a todas las normas de la ADP y que rigen para ministerios y servicios públicos en el gobierno central, y 377 son cargos no adscritos, que solo se seleccionan por ADP en algunas instituciones y organismos. De los cargos seleccionados por ADP, el 50,6% proviene del mismo sector público, el 38,6% está calificado en los datos del servicio como "sin información" y solo el 10,8% son profesionales que provienen del sector privado. "Estas cifras de profesionales que provienen del sector privado en general no distan de las que registran países con un alto grado de profesionalización de su alta dirección pública. Y eso tiene que ver con que esta última tiene particularidades que hacen que quienes conocen el sector público tengan un mayor dominio de este. Ahora bien, como Servicio Civil, sabemos que en la medida que la nueva ley vigente ayude a dar mayor estabilidad y a profesionalizar cada vez más la gerencia pública, estás cifras irán en aumento", dice Francisco Silva, director nacional (S) del Servicio Civil. Por su parte, Carlos Williamson, actual investigador de Clapes UC y ex director del Servicio Civil durante el gobierno anterior, dice que dos factores explican la cifra. El primero es la percepción instalada de que el sector público es un lugar de trabajo con poca proyección laboral, dado que el tiempo de permanencia de alguien en un cargo asciende a un promedio de solo dos años y hay un alto riesgo de despido cuando hay un cambio de gobierno. El segundo factor, afirma, tiene que ver con las remuneraciones en comparación con el sector privado, con una brecha que puede llegar a entre 40% y 50% en los cargos del primer nivel jerárquico, que son altos directivos, dice. Los cambios que trae la reforma Según explican del Servicio Civil, la reforma reducirá el impacto que tienen los despidos que se generan entre cambios de Gobierno con una serie de medidas. Una de ellas es la limitación a concursos de ADP en los últimos ocho meses de una administración. Luego, se incorpora la limitación a la desvinculación de ADPs de segundo nivel en los seis primeros meses de gobierno y que deben ser previa comunicación escrita y fundada al Consejo de Alta Dirección Pública, el cual puede citar a la autoridad a informar sobre los motivos de la desvinculación y el grado de cumplimiento de los convenios de desempeño. Eso sí, el Presidente de la República entrante podrá nombrar sin concurso público hasta 12 jefes de servicio, para facilitar la instalación de un nuevo gobierno y entregarle algún grado de flexibilidad. Además, se eliminó una de las figuras más polémicas del sistema, los directivos transitorios y provisionales (TyP). "La figura original perseguía que los directivos transitorios fueran excepcionales, pero muchas veces se mal utilizó y no fue un factor que ayudara a legitimar este buen sistema de selección directiva, en tanto quien ejercía el cargo transitoriamente podía participar en el proceso concursal y gozaba de ventaja en relación a los demás candidatos", explica Francisco Silva. Con la nueva ley, esa figura se elimina y cuando haya una vacante en un cargo directivo será obligatorio que asuma el subrogante legal. En paralelo, se llevará a cabo el concurso público para elegir a quien asumirá definitivamente en dicho puesto. Silva agrega que ley entrega herramientas al Consejo de ADP para convocar rápidamente a los concursos de los cargos vacantes.
