El ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Alejandro Madrid, condenó a cinco miembros en retiro del Ejército por los homicidios de dos reos de la ex Cárcel Pública de Santiago, y por el homicidio frustrado de otros cinco, inoculados con la toxina botulínica, en 1981. El magistrado condenó al médico Eduardo Arriagada Rehren y al veterinario Sergio Rosende Ollarzú -ex funcionarios del Ejército- a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los homicidios de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz. Y por los homicidios frustrados en contra del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes del mismo movimiento Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos. Además, el magistrado condenó a 10 años y un día al coronel (r) Joaquín Larraín Gana, al teniente coronel (r) Jaime Fuenzalida Bravo y al ex alcaide de la Cárcel Pública Ronald Bennett Ramírez, como cómplices de los delitos Según el fallo, el doctor Jorge Mery Silva diagnosticó la intoxicación botulínica. "La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos antes mencionados fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, luego de haber sido solicitada por el director al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo después enviada vía valija diplomática a Chile, recepcionada en la Cancillería y, posteriormente, recibida en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine)", dice.
El Estado debe pagar una indemnización de $950 millones a los familiares y víctimas.