"El Estado no ha cumplido con sus obligaciones para proteger a víctimas de violencia rural"
lunes, 23 de enero de 2017
Alex von Baer
Nacional
El Mercurio
Instancia conformada por 21 representantes de organizaciones mapuches, gremios e Iglesia, entre otros sectores, advierte "absoluta desprotección" en la zona y corrupción en la política de compra de tierras.
La Presidenta Michelle Bachelet recibirá hoy, en una ceremonia programada para las 10:30 horas en La Moneda, un informe de 46 páginas que contiene las propuestas que formuló, durante siete meses de trabajo, la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía. El objetivo es que la propuesta de la instancia -que lideró el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, y que estuvo conformada por 21 representantes de organizaciones mapuches, gremios y la Iglesia- sirva de base para el envío al Parlamento de una Ley Araucanía, iniciativa con medidas especiales, cuyo ingreso comprometió el ministro del Interior, Mario Fernández. "El Mercurio" accedió a un texto que hasta la noche de ayer era el que los comisionados presentarán hoy a la Presidenta y a Fernández, justo en el día en que el ministro será interpelado por la Cámara. En su primer párrafo se aborda la situación de las víctimas de violencia en la zona producto del conflicto mapuche. "Se ha optado por poner la reparación de las víctimas en primer lugar, considerando la dramática situación que enfrentan", se señala. Asimismo, se destaca que los pueblos indígenas, por largo tiempo, han esperado una respuesta del Estado a sus demandas políticas, culturales y económicas. Luego se llama al Estado a poner en marcha políticas para reparar la región. Lo mismo pide a la sociedad civil y organizaciones, asegurando que dirigentes mapuches acusan que "quedaron atrapados en los partidos en que militaron, postergando demandas de las comunidades". Reparación de víctimas La comisión asegura que la violencia "atormenta" a la región y le impide "trabajar en paz". "No son solo víctimas de delitos comunes. Se trata de delitos que constituyen una violencia de clara finalidad política, llevada por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos, por lo cual con mayor razón el Estado debe actuar conforme al Derecho, ya que se atenta contra nuestra democracia", afirman. En seguida describen las funciones del Ejecutivo en materia de seguridad, y señalan: "En La Araucanía, el Estado de Chile no ha cumplido con sus obligaciones para proteger sobre todo a las víctimas de violencia rural en territorios interétnicos, sintiéndose muchas personas en la absoluta desprotección producto de la inseguridad y temor que sufren constantemente". Y hacen un llamado a generar mecanismos compensatorios debido a que "lo que ocurrió fue una omisión del auxilio estatal en seguridad". Para ese objetivo propone la creación de una comisión de reparación a las víctimas de violencia (encargada de determinar la proporción de los daños) y un fondo de reparación a las víctimas, en cuya normativa se contempla que el Consejo de Defensa del Estado podrá demandar a quienes cometan los delitos para restituir al fisco los dineros destinados a indemnizaciones. Junto con ello, sugieren a la Presidenta de la República que efectúe públicamente "una petición de perdón" a todas las víctimas de violencia en la región, por las "medidas equivocadas" que se han tomado desde el Estado en la zona, las que han "agudizado" el conflicto. Pueblos indígenas En el informe se afirma que el Estado "no ha sabido relacionarse" con los pueblos originarios, quienes le tendrían "recelos" por no atender las necesidades de las comunidades y "negarse sistemáticamente" a considerarlos como actores políticos. En ese sentido, llaman a perfeccionar la legislación en beneficio de los pueblos indígenas, con especial foco en la política de compra y entrega de tierras. Al respecto, aseguran que pese a que un número importante de comunidades ha tenido acceso, "la burocracia y los vacíos de la ley indígena complejizan trabajar y desarrollarse en ellas". A ello añaden una crítica: "Se hace absolutamente necesario revisar la actual política de tierras, cuya implementación ha provocado diversos problemas y descontento, en donde no ha faltado la generación de violencia y de situaciones de corrupción". Esta situación, según afirman, no otorga claridad a "los anhelos del pueblo mapuche" y genera "grave incertidumbre" a inversionistas. Así, proponen prohibir la adquisición de predios bajo "presión o amenaza" y la creación de una Comisión Especial de Tierras Indígenas, que haga recomendaciones al Estado sobre la pertinencia de cada una de las reclamaciones indígenas. Además, solicitan el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso. Rebaja de impuestos En materia de desarrollo productivo, se reconoce que ha habido "un exceso de asistencialismo que ha limitado la capacidad de emprendimiento de los habitantes". En ese contexto, se propone un modelo agroindustrial para la agregación de valor a la producción mapuche y fondos para el desarrollo de productos mapuches y la creación de un Centro de Negocios Mapuche. Para incentivar la atracción de inversión -que en la última encuesta Casen apareció como la más pobre-, se plantean mecanismos tributarios de discriminación positiva, consistentes en la disminución de impuestos de primera y segunda categoría para las firmas que se instalen en la región. Además, se sugiere diseñar un plan estratégico nacional de riego y la creación de una agencia del agua que planifique el desarrollo del agua potable rural. ''En La Araucanía, el Estado de Chile no ha cumplido con sus obligaciones para proteger sobre todo a las víctimas de violencia rural en territorios interétnicos". ''No son solo víctimas de delitos comunes. Se trata de delitos que constituyen una violencia de clara finalidad política, llevada por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos". ''Se hace absolutamente necesario revisar la actual política de tierras, cuya implementación ha provocado diversos problemas y descontento". ''(Se proponen) mecanismos tributarios que posibiliten incentivos para atraer inversiones, como la disminución de impuestos de primera y segunda categoría".
