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¿Quién gana más que la Presidenta Bachelet? Las curiosidades de los sueldos de las autoridades de gobierno

domingo, 22 de enero de 2017

Carlos Agurto L.
El Mercurio

Actualmente se estudia una fórmula para limitar el reajuste de los altos cargos de los tres poderes del Estado. Hoy existe una política de mantención de salarios que ha sido criticada por funcionarios del poder judicial y del ministerio público, quienes la califican de ilegal y arbitraria.

Seis autoridades que recibieron un sueldo bruto mayor que la Presidenta Michelle Bachelet. Más de 600 funcionarios que recibieron una remuneración bruta igual o superior a $5 millones. Y gobernadores provinciales que solo tienen licencia de educación media y que su salario supera los $4 millones. Estas son algunas de las curiosidades que surgen al analizar los datos del portal Gobierno Transparente de 22 ministerios, 11 superintendencias y 15 gobiernos regionales, correspondientes a diciembre de 2016.

En el último mes del año pasado hubo seis autoridades de la administración del Estado que registraron en el portal de gobierno transparente un sueldo bruto mensualizado mayor que el de la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet ($9.920.104). En este ítem destacan la ministra de Educación, Adriana Delpiano, que recibió $11.488.277 (monto incluye pago por modernización) y los subsecretarios del Trabajo, Francisco Díaz, con $10.600.736 ; y de Educación, Valentina Quiroga, con un peso menos ($10.600.735). Además, figura en esta lista el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, con $10.516.689. Sorprende en este listado la aparición de la Intendenta de la Región de Aysén, Karina Acevedo, con una remuneración de $10.226.522.

Sueldos del Banco Central tienen correlación con los de la Banca

Sin embargo, es un organismo autónomo del Estado donde sus autoridades tienen los sueldos más altos: el Banco Central (BC).

El presidente del instituto emisor, Mario Marcel, obtuvo una remuneración líquida mensual de $11.674.191, mientras que su vicepresidente, Sebastián Claro, recibió un sueldo de $10.504.116. En tanto, los consejeros Joaquín Vial y Pablo García recibieron a fines del año pasado $9.919.079.

Es necesario consignar que, de acuerdo a la Ley Orgánica del BC, los salarios de los miembros del consejo son propuestos por una comisión de ex presidentes y vicepresidentes del instituto emisor, designada para tal efecto por la Presidencia de la República. Para proponer las remuneraciones, la ley establece que se consideren las asignadas para los más altos cargos ejecutivos que se encuentren vigentes en las empresas bancarias del sector privado.

El resto de las principales autoridades del país recibieron en diciembre sueldos levemente por debajo del que obtiene la Presidenta Bachelet. La mayoría de los ministros reciben un monto bruto de $9.121.806, monto similar a la dieta parlamentaria que reciben senadores y diputados.

Con todo, hay 640 funcionarios de planta, a contrata y a honorarios que sus sueldos brutos superaron los $5 millones en diciembre. De ellos, la mayor parte corresponde a funcionarios del Ministerio de Educación (53), Interior (29) y Transporte y Telecomunicaciones (27). En el caso de las superintendencias, destaca la de Bancos e Instituciones Financieras (51), Valores y Seguros (38) y Pensiones (36).Al analizar los sueldos de intendentes y gobernadores también surgen sorpresas. En el primero de los casos destaca la intendenta de Aysén, Karina Acevedo. La ingeniera en prevención de riesgos recibió $10.226.522 en diciembre. Los salarios recibidos por los intendentes de Atacama, Miguel Vargas, y de Biobío, Rodrigo Díaz, también llaman la atención. Mientras el primero, que es profesor de historia y geografía, recibió $8.450.211, el segundo es licenciado en Trabajo Social y obtuvo a fin de mes $8.351.774.

Entre los gobernadores provinciales aparecen cinco que solo tienen licencia de enseñanza media y tienen altos sueldos. El de Tocopilla, Sergio Carvajal ($4.223.172); el de San Antonio, Manuel Villatoro ($3.645.829); de Isla de Pascua, Melania Hotu ($5.425.985); de Arauco, Humberto Toro ($3.987.041); y de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda ($4.915.206).

Un consejo propondrá el reajuste para las altas autoridades

Más allá de estas cifras, a nivel de gobierno se está dando una discusión -en el marco de la política de austeridad fiscal que impulsa el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés-sobre qué política de reajuste aplicar a los salarios más altos de la administración pública.

Esta semana se conoció el informe de la comisión técnica sobre dietas y asignaciones parlamentarias constituida por los poderes Ejecutivo y Legislativo, para buscar una fórmula que permita limitar los ajustes de salarios de las altas autoridades del Estado.

La propuesta considera la presentación de un proyecto de ley para la creación de un consejo asesor que tendrá por función proponer a la Presidenta de la República el reajuste de las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero de estos altos funcionarios del Estado. Este reajuste no podrá ser superior al que el Ejecutivo conceda a los trabajadores del sector público.

A su vez, se deja a la máxima autoridad del país, la prerrogativa de determinar un reajuste que se mueva entre cero y la propuesta del consejo asesor. Es decir, podría establecer el congelamiento de las remuneraciones.

En el documento se propone que dicho consejo esté compuesto por tres miembros, los cuales deberán haber ejercido en alguno de los siguientes cargos: consejero del Banco Central, contralor general de la República, ministro de Hacienda, director o subdirector de racionalización y función pública de la Dipres, y director nacional del Servicio Civil. Todos los miembros serían nombrados por el Presidente y ejercerían su cargo ad honorem.

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, la normativa consideraría las máximas autoridades de los tres poderes del Estado. En el caso del Poder Ejecutivo estarían incluidos el Presidente de la República, ministros, subsecretarios e intendentes. En el caso del Poder Legislativo a todos los parlamentarios, considerando la nueva conformación del Congreso a partir de marzo de 2018, es decir, 155 diputados y 50 senadores. Mientras que en el Poder Judicial se incluyen al presidente y ministros de la Corte Suprema.

Desde Teatinos 120 explicaron que esta medida afectaría además a los encargados de instituciones autónomas como el contralor general de la República y el fiscal nacional. No obstante este mecanismo no incluiría a los consejeros del Banco Central y los cargos de confianza nombrados por la Presidenta y que son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública, como los superintendentes, el fiscal nacional económico o el director del SII, entre otros.

Con todo, esta medida afectará a un número menor de personal del Estado que no superaría las 350 personas.

Magistrados ven congelamiento como "ilegal y arbitrario"

Esta comisión comenzó a trabajar en septiembre de 2015, atendiendo el contexto económico del país y la necesidad de aplicar medidas concretas de austeridad fiscal. Estuvo liderada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y los ex presidentes del Senado, Patricio Walker, y de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, los que fueron reemplazados en 2016 por el senador Ricardo Lagos Weber y el diputado Osvaldo Andrade, respectivamente.

En esa línea, el proyecto de reajuste del sector público de 2016 consideró un incremento de 3,2% para los funcionarios fiscales. El texto legal aclara que el reajuste no regirá para el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial, ni para el Contralor General de la República. Pero además, congela los salarios del resto de los funcionarios públicos que reciben un sueldo promedio mensual que supera los $4,4 millones líquidos.

Esta situación específica provocó la molestia de los trabajadores fiscales en general, pero en particular de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. De hecho, la semana pasada la Asociación de Magistrados del Poder Judicial y de fiscales del Ministerio Público presentaron separadamente recursos de protección a la Corte de Apelaciones por lo que consideran un congelamiento "ilegal y arbitrario" de los salarios de sus asociados.

En el caso del Poder Judicial, la mantención de salarios incluye a funcionarios del escalafón superior (entre los grados I y V) como presidentes de las cortes de apelaciones, secretarios, relatores, magistrados y otros miembros del escalafón primario que reciben asignaciones de zona u otros beneficios que compensan condiciones desfavorables de desempeño. Estos representan alrededor de 1.700 personas.

Abbott: "Es adecuado contar con criterios objetivos"

Mientras, en el Ministerio Público los fiscales afectados serían alrededor de 120, número similar en el caso de profesionales no fiscales. El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, afirma que esta medida junto con ser discriminatoria es arbitraria. "Depende de la región del país donde tu vivas si se congela su sueldo o no, por el tema de la asignación de zona. Por ejemplo, un fiscal grado VI en Punta Arenas está afectado y un fiscal grado VI en Santiago no".

El dirigente gremial agrega que le parece lógico que los sueldos de altas autoridades, incluidos los parlamentarios, se regulen por una ley distinta. Sin embargo, advierte que deja la puerta abierta para que en la próxima negociación de reajuste se pueda dar un nuevo congelamiento para estamentos más bajos. "Lo peor de todo es que la cifra es súper arbitraria. No hay ninguna razón en la ley que explique porqué se llega a la cifra de $4,4 millones líquidos. Acá los políticos se dieron el gustito de bajarle el sueldo a (los fiscales) Gajardo, Arias, Gómez en la pasada. Por lo menos, es una situación estéticamente fea".

Consultado por este proyecto de ley, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se limitó a responder por vía escrita que considera "adecuado contar con criterios objetivos, transparentes y permanentes para determinar el reajuste de remuneraciones".

Otro de los altos funcionarios que estarán incluidos en el proyecto de ley es el contralor general de la República. Jorge Bermúdez aclaró que dicha institución "no ha participado en la génesis de la iniciativa. Se informó cuando fue puesta a disposición pública por la comisión".

Respecto de su impresión de la medida solo se limitó a decir que "la Contraloría no opina de proyectos o decisiones de otros poderes del Estado, salvo el control de legalidad cuando corresponda".

El diputado Andrade afirmó que será durante la tramitación del proyecto en el Congreso cuando se puedan discutir los temas que inquietan a los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público, por lo que espera que Hacienda lo ingrese al Congreso lo antes posible. "Están todos los elementos para que así se haga. Ahora, como es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, el proyecto lo tiene que presentar el gobierno, no puede ser a través de una moción", aclaró.

640 FUNCIONARIOS DE PLANTA, a contrata y a honorarios recibieron sueldos brutos que superaron los $5 millones en diciembre.

EL PROYECTO de control de reajuste se aplicaría a los 155 diputados y 50 senadores que habrá en marzo de 2018; ministros, subsecretarios e intendentes. También incluye ministros de la Corte Suprema, al Fiscal Nacional y al contralor.

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