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Cierre de facultades, menos inversión y despidos: Cómo las universidades hacen frente a los efectos de la gratuidad

domingo, 15 de enero de 2017


Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

Esta ha supuesto una merma de ingresos para las universidades cuyos aranceles reales estaban por encima del tarifado que definió el Gobierno, lo que ha llevado a varias de ellas a ajustar sus estructuras de costo. Pablo Obregón Castro



Según la Fundación Acción Educar, son $30 mil millones menos. De acuerdo al Ministerio de Educación, la merma es de solo $18 mil millones. De cualquier manera, es mucho dinero lo que dejaron de percibir en 2016 las universidades que adscribieron al sistema de gratuidad que impulsa el Gobierno.

En lo grueso, el mecanismo implementado a través de una glosa presupuestaria -a la espera de que el Congreso apruebe una ley definitiva sobre financiamiento de la educación superior- consiste en que el fisco paga a todas las universidades del CRUCh más cinco instituciones privadas no tradicionales los aranceles de los estudiantes que pertenezcan a los cinco primeros deciles (50% más pobre).

Para el año académico 2017, se sumarán a este grupo seis institutos profesionales y seis centros de formación técnica, más las recientemente creadas universidades de Aysén y de O'Higgins.

Hasta ahí, todo bien. El problema es que el fisco no les paga a las universidades de acuerdo al total que les cobraban a sus alumnos antes de adscribir a la gratuidad, sino según un arancel de referencia, regulado por el Estado. Este arancel no es igual para todas las universidades. Se calcula, en lo grueso, agrupando a las instituciones y carreras según años de acreditación. Esto implica que para todas las instituciones o carreras con los mismos años de acreditación se establece un arancel común (más un 20%) lo que deja a algunas por encima de ese promedio y a otras por debajo.

Claramente, esto ha supuesto una merma de ingresos para las universidades cuyos aranceles reales estaban por encima del tarifado que definió el Gobierno, lo que ha llevado a varias de ellas a ajustar sus estructuras de costo, ya sea suspendiendo inversiones, disminuyendo platas para investigación o, lisa y llanamente, desvinculando a funcionarios.

Lo más complejo de todo, indican a una sola la voz los rectores de las universidades e institutos privados, es que la fijación de precios que ha decretado el Gobierno no solo impacta sobre los ingresos de las instituciones que han adscrito al mecanismo de gratuidad, sino a todo el sistema universitario.

"El efecto inmediato es que la cantidad total de recursos del sistema disminuye, tanto para quienes adhieren a la gratuidad como para los que no. En un mercado de proveedores donde la mitad y algunos muy prestigiosos tienen fijación de aranceles, es muy difícil que el resto pueda subirlos fácilmente", afirma el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, institución privada que está en el sistema de gratuidad.

¿Solución? Que el sistema distinga entre docencia e investigación y financie ambos ítemes de manera diferenciada, afirma Carlos Peña.

Por ahora, el proyecto que fijará el mecanismo de financiamiento universitario sigue en trámite en el Congreso. La idea es que la iniciativa se vote en general en la Comisión de Educación y que su estudio en particular se retome en marzo.

Diego Portales ajustó gastos en márketing y redujo publicaciones

Una de las medidas que adoptaron varias universidades que vieron caer sus ingresos a causa de la política de gratuidad fue aumentar la matrícula de estudiantes. De este modo, los ingresos adicionales provenientes de un volumen mayor de alumnos ayudaron a reequilibrar las finanzas.

Si en 2016 la Universidad Diego Portales hubiera admitido el mismo número de alumnos que en 2015, cuando la gratuidad no existía, el déficit para esta casa de estudios habría ascendido a $2.400 millones. Sin embargo, eso no ocurrió porque la institución compensó ese menor ingreso con un mayor número de estudiantes matriculados. El problema es que esa salida no es sostenible en el largo plazo.

Según Carlos Peña, no es verdad que la gratuidad ponga al borde del abismo a las instituciones en lo inmediato. El problema es otro: "Lesiona las perspectivas a largo plazo, los proyectos estratégicos de las universidades, especialmente en aquellas que por su juventud están en fase de expansión".

En lo inmediato, señala, esta casa de estudios ha mantenido las comunidades académicas, el personal administrativo y los programas de investigación, pero ha ajustado por otras vías: "Postergamos un poco la renovación de equipos, que era prácticamente anual; disminuimos en parte el presupuesto de nuestra editorial. Nuestra editorial editaba cincuenta títulos al año y hoy día estamos editando treinta. Y disminuimos el presupuesto de márketing, esa fue una disminución muy importante, pero que no lesiona el trabajo genuinamente universitario".

Pero más allá del efecto que ya está teniendo la gratuidad sobre las finanzas estas casas de estudio, Peña considera necesario abordar el financiamiento universitario asumiendo que un título no es un bien público.

"El certificado universitario es un bien mixto, parte de él difumina beneficios indiscriminados y parte de esos beneficios los internaliza quien obtiene el certificado. Así, el financiamiento correcto de ese bien debe mezclar rentas generales (del Estado) y renta actual o futura de quien obtiene el certificado", agrega el rector.

Universidad Católica redujo 14% su plan de infraestructura

La Universidad Católica es una de las instituciones que ha liderado la oposición a algunas políticas de financiamiento de la educación superior que impulsa el Gobierno. Tanto, que hace una semana decidió presentar una demanda contra el Estado de Chile por la supresión del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que es el mecanismo a través del cual el Estado entrega recursos a las instituciones que concentran a los estudiantes con los mejores puntajes en la PSU. A esta institución le correspondían $1.700 millones.

Al margen de esta situación, la Universidad Católica ya había visto caer en 2016 sus ingresos a causa de la política de gratuidad. Según la vicerrectora económica de esta institución, Loreto Massanés, el ajuste ha afectado principalmente el plan de obras de esta casa de estudios. El déficit en 2016 fue cercano a $1.700 millones y este año se proyecta un déficit superior a los $2 mil millones. Con esto, la institución se vio obligada a reducir en un 14% anual su presupuesto para infraestructura.

"Nosotros tenemos un plan maestro de construcciones en la universidad y hemos atrasado algunos para poder reemplazar esos recursos que no recibimos", afirma Massanés.

¿Por qué se produjo el descalce financiero? Según Massanés, porque el Gobierno trató de estandarizar a las universidades con su política de gratuidad: "Hay universidades que terminaron recibiendo más porque tenían aranceles más bajos y se promediaron con otras que tenían los mismos años de acreditación (pero aranceles más altos). Otras tenemos brechas importantes porque no fue analizado en detalle qué implican todas las otras cosas que estas universidades entregan", afirma.

Finis Terrae postergó la construcción de una nueva sede y bajó dotación de administrativos

En el caso de Universidad Finis Terrae, la brecha entre el arancel regulado y el arancel real supuso en 2016 un déficit de $2.200 millones. Para 2017, la institución proyecta una cifra similar.

Según el rector de esta casa de estudios, Cristián Nazer, esta situación ha impactado directamente sobre los planes de inversión de la universidad: "Hemos tenido que postergar la construcción de una nueva sede que era parte de la planificación estratégica 2016-2020. A su vez, hemos tenido que eficientar los costos y, en algunos casos puntuales, nos vimos en la necesidad de reducir la planta administrativa", afirma el rector.

¿Cómo se vislumbran los años que vienen bajo este esquema de financiamiento? Muy complejos, según Nazer: "Insisto en la necesidad de no prolongar esta situación de incertidumbre y estrechez financiera. Lo que se ha podido lograr este año, podría verse frustrado, de mantenerse los actuales criterios de asignación de recursos".

Universidad Alberto Hurtado compensó caída de ingresos con mayor matrícula

Para el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, claramente la gratuidad como está planteada es una amenaza, en el entendido que solo permite financiar la docencia y lesiona el resto de los proyectos que una universidad genera: "Es urgente complementar esta política con mecanismos que permitan que las instituciones adscritas a la gratuidad y que además producen otros bienes públicos, como la investigación, puedan tener acceso a fondos basales y concursables. Actualmente sólo las universidades públicas estatales y no estatales del CRUCh son beneficiarias de este aporte".

El Estado apoya a las universidades del CRUCh con aportes fiscales directos, ya sea por desempeño o por criterios históricos.

A la vez, Eduardo Silva indica que el efecto de la gratuidad sobre las finanzas de las instituciones no es inmediata, sino que acumulativo. En el primer año de funcionamiento de esta política pública, la Universidad Alberto Hurtado compensó el déficit recurriendo a otras herramientas: aumentó la matrícula, disminuyó la incobrabilidad, focalizó otros beneficios y recibió un aporte complementario a la investigación. Sin embargo, a partir de los próximos años, el rector indica que la institución podría verse obligada a postergar inversiones.

"Una universidad joven como la nuestra requiere seguir creciendo en infraestructura, contratación de planta, en generación de más investigación y otros proyectos. Hay universidades concentradas en la docencia que pueden financiarse únicamente con aranceles, pero los proyectos integrales y complejos requerimos de aportes basales", afirma.

¿Cómo debería ser el esquema de financiamiento universitario que hoy se discute en el Congreso? A juicio de Silva, lo primero es no reemplazar todo el actual gasto privado por gasto público, puesto que la formación de un profesional no solo beneficia al país, sino también a la persona: "Es de justicia que el beneficiado retribuya -según su ingreso- la educación gratuita, a través de un impuesto al graduado o un crédito solidario", señala.

Universidad Mayor pasó de once facultades a solo tres

La Universidad Mayor no se ha incorporado al sistema de gratuidad. Sin embargo, la situación es evaluada año a año, a la espera de una ley definitiva al respecto.

Mientras ese tema se discute en el Congreso, los directivos de la institución han ido tomando medidas importantes de cara al cambio que está experimentando el sistema de educación superior en su conjunto y los impactos que podría tener para esta institución.

"Remodelamos la gobernanza de la universidad. Eso significó pasar de once facultades a tres: Ciencias, Humanidades y Artes", dice el rector de esta institución, Rubén Covarrubias.

Esta reestructuración, realizada el año pasado, supuso una desvinculación del 5% de la planta de administrativos; es decir, unas 300 personas.

¿Por qué se adoptó esta decisión si la Universidad Mayor no es parte todavía de la gratuidad? Porque claramente la gratuidad tendrá efectos sistémicos sobre la educación superior, incluyendo a las instituciones que no se sumen.

La reestructuración, dice Covarrubias, se da como parte de un proceso de diferenciación: "Hay un poder del Estado que coarta la posibilidad de crecimiento de la universidades gratuitas, les fija las vacantes, los planes de desarrollo, los aranceles. Nosotros estamos apostando por otro modelo".

"La segunda derivada -agrega- es obviamente un alivio financiero, pero la primera es de corte académico, porque los modelos de gobernanza universitaria con facultades con una solo carrera, son un absurdo", afirma Covarrubias.

U. San Sebastián: "Eso de que el CAE genera una mochila impagable, es mentira"

La Universidad San Sebastián no ha adherido a la gratuidad. Sin embargo, su rector, Hugo Lavados, considera que esta decisión (mantenerse al margen de la gratuidad por ahora) no tendrá mayor impacto en la matrícula.

Esto, en la medida que se mantengan abiertos los otros mecanismos de apoyo estatal a los estudiantes, como el Crédito con Aval del Estado (CAE) o las becas: "El futuro no va a ser tan distinto (con la gratuidad) y por eso ha sido tan vitriólico (corrosivo) el ataque al Crédito con Aval del Estado", dice Lavados.

¿Qué ocurriría si, tal como piden las universidades estatales, se disminuyeran los recursos para el CAE para destinarlos a la gratuidad de las universidades que sí adscriben a ese sistema? Se produciría una disminución violenta de la cobertura, porque las universidades con gratuidad no tienen capacidad para absorber a los estudiantes que hoy utilizan el CAE y otros mecanismos de financiamiento, afirma Lavados.

A su juicio, no debe perderse de vista que el CAE es utilizado por todas las instituciones, incluyendo las estatales, donde 12 mil alumnos estudian con este beneficio: "El CAE de hoy es completamente distinto a como empezó, pero existe esta tontera de que si algo no lo ha hecho este gobierno o alguno parecido, yo no lo reconozco. Lo hizo el Gobierno de Sebastián Piñera, cambió las condiciones y hoy día nadie paga más que el 10% de su ingreso, así que eso de que el CAE genera una mochila impagable es mentira".

$518 mil millones
asignará el Estado para financiar el acceso a la gratuidad de las universidades en 2017.

$228 mil millones
destinará el Estado para acceder a la gratuidad en institutos y centros de formación técnica.

$229 mil millones
se concederán al financiamiento de becas.

256 mil
estudiantes accederán a la gratuidad, becas y créditos en 2017, casi el doble que en 2016.

30
universidades fueron parte de la gratuidad en 2016.

44
instituciones serán parte de la gratuidad en 2017, con la incorporación de seis institutos profesionales, seis centros de formación técnica y las nuevas universidades de Aysén y O'Higgins.

2%
es la tasa de interés anual del Crédito con Fondo Solidario, la misma tasa que el Crédito con Aval del Estado.

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