domingo, 15 de enero de 2017
Carlos Agurto
El Mercurio
Marcelo Reyes (PC) y Daniel Vergara (DC) dirigen la asociación de funcionarios y buscan modificar el proyecto de modernización que se encuentra en el Congreso, pero sus detractores los acusan de que esta es su excusa para mantener el control del servicio.
Compleja es la situación al interior del Servicio Nacional de Aduanas, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y con un rol estratégico en el aparato estatal, que esta semana realizó un nuevo paro nacional buscando presionar al Gobierno para influir en la discusión del proyecto de modernización del Servicio, que básicamente busca cambiar la forma de fiscalización. Esta última movilización, convocada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach), se concretó este jueves 12 y viernes 13 de enero por el supuesto "incumplimiento" del Gobierno de los compromisos asumidos en el protocolo de acuerdo firmado el 23 de noviembre de 2016, justo después de que este gremio participara en otro extenso paro de 18 días -en el marco de la negociación del reajuste del sector público- que generó enormes daños para el sector exportador y turístico del país. Dicho documento fue firmado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; el presidente de la Anfach, Marcelo Reyes; el subdirector de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Jorge Rodríguez; el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Enrique Paris, y, en un rol de mediadora, por la senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic. La propuesta consideraba tres ejes: suspender la tramitación del proyecto de ley que moderniza la legislación aduanera -una de las materias fundamentales de la reforma tributaria- para que los trabajadores pudieran realizar observaciones al articulado. Con este objetivo, en una reunión sostenida el pasado 22 de diciembre por la dirigencia de la Anfach, el Ejecutivo y los senadores DC Carolina Goic y Andrés Zaldívar, se congeló la tramitación en el Congreso del articulado a la espera de cerrar la discusión de la mesa técnica entre el Gobierno y la Anfach, reunión que se concretó 5 días después. En dicho encuentro, los trabajadores tuvieron la opción de presentar nuevas propuestas, las que en caso de concitar acuerdo entre las partes serían ingresadas en forma de indicaciones al proyecto. No obstante, desde la Anfach no presentaron nuevas ideas y la discusión se redujo al análisis de materias que habían sido acordadas previamente en la mesa técnica, como, por ejemplo, cambios en los sistemas de fiscalización. Por esta razón, el proyecto retomó su tramitación en el Congreso el 3 de enero de 2017, siendo aprobado en particular por el Senado. Así, el proyecto quedó en condiciones de volver a la Cámara para su discusión en tercer trámite legislativo, paso previo para su despacho definitivo, que el Gobierno espera se dé antes del 31 de enero de 2017. Funcionarios pidieron detener concursos de cargos directivos Otra de las solicitudes de la Anfach fue la elaboración de un listado con los problemas que afligen a los funcionarios ante lo que consideran una "deficiente" gestión del actual director, Juan Araya, quien asumió en febrero de 2016 en reemplazo de Gonzalo Pereira. En un correo electrónico enviado desde Hacienda a los funcionarios de Aduanas el pasado jueves se revela que la Anfach solicitó, entre otras materias, detener los 54 concursos abiertos a fines del año pasado para proveer cargos directivos. En este punto, el Gobierno solicitó que la entidad diera a conocer las irregularidades legales que sustentaran una petición de este tipo, las que, de acuerdo a Hacienda, no han sido entregadas. "En el caso de los concursos de cargos directivos, tal como se ha ido informando, hay un grupo de cargos de segundo nivel que se encuentran en proceso de selección. En el caso de la dirección nacional, subdirecciones y direcciones regionales no publicadas, se está trabajando en conjunto con el Servicio Civil para proveer los cargos pendientes y contar con un cuerpo directivo del máximo nivel técnico", reveló Hacienda en el documento. El tercero de los puntos considerados en el protocolo tiene relación con el proyecto de ley de modernización de Recursos Humanos al interior del organismo -distinto al que hoy se discute en el Congreso sobre la modernización de la legislación aduanera-, y que tiene como objetivo dotar de una nueva estructura a la planta de trabajadores y que, según el protocolo, debería enviarse antes del 31 de enero al Congreso. Sin embargo, el Gobierno explicitó en el mismo comunicado que resulta "imposible" avanzar en el cumplimiento del compromiso mientras la Anfach no envíe su propuesta de encasillamiento (reorganización de la plantilla de trabajadores), "la que está pendiente de entrega desde el 27 de diciembre pasado". Tras las 48 horas de movilización, catalogadas por el gremio como "exitosas", los funcionarios siguen a la espera de que el Ejecutivo tome en cuenta sus peticiones, y amenazaron con realizar otro paro nacional indefinido a partir de la próxima semana si no reciben respuesta. Poder "incontrarrestable" y redes en el Congreso Pero qué explica que un gremio tenga tanta fuerza para detener la discusión de un proyecto de ley clave para la implementación de la reforma tributaria y pueda además incidir en que este sea el único servicio con ocho directores en los últimos siete años. Conocedores del proceso interno en Aduanas reconocen la existencia de un poder casi "incontrarrestable" de los dirigentes de la Anfach, especialmente de su actual presidente, Marcelo Reyes, militante comunista, y del actual director de la instancia y anterior presidente del gremio, el DC Daniel Vergara. De hecho, en muchos casos la presión que han ejercido ha terminado por desestabilizar a los últimos directores. Ambos mantienen una potente red de contactos políticos, principalmente en el Congreso, que les permite mantener sus cuotas de poder al interior del organismo. Entre estos dirigentes políticos surgen figuras clave del falangismo en regiones, como los diputados Aldo Cornejo y José Miguel Ortiz. Vergara es un funcionario con largo historial en Aduanas y dirigente histórico de la Anfach. Su influencia política lo llevó incluso a ser nombrado director regional en Valparaíso, cargo al que debió renunciar tras ser acusado de malversación de fondos públicos por el desvío de dineros del programa de Generación de Empleos (PGE) para el pago de brigadistas durante su campaña a concejal por la misma comuna en 2005. Sin embargo, siguió ejerciendo en otras áreas del Servicio. En tanto, el actual presidente del gremio llegó en 1998 a la institución y alcanzó la presidencia en 2014 en una cuestionada elección, la que debió ser repetida luego de que el Tribunal Electoral detectara irregularidades. A comienzos del año pasado se realizó una nueva elección, donde volvió a derrotar al propio Vergara. Dicho proceso marcó un quiebre en la relación de ambos dirigentes. Acusaciones de vendetta y bastión DC Al interior de Aduanas reconocen que desde la vuelta a la democracia y hasta el comienzo de la actual administración (con la excepción del periodo del ex Presidente Sebastián Piñera), este servicio ha sido un refugio de la DC. Es larga la lista de directores del organismo con militancia en el falangismo, entre los que destacan Benjamín Prado, Enrique Fanta, Raúl Allard, Karl Dieter y Sergio Mujica. En 2014, con el comienzo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, asumió el abogado Gonzalo Pereira, ex miembro del Partido Comunista (PC) en su época universitaria, reconocido como uno de los representantes del G90 en la Quinta Región. Actual profesor de jornada parcial en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, al interior del organismo reconocen que asumió en dicho cargo por su cercanía al entonces ministro de Hacienda Alberto Arenas. No obstante, su nula experiencia en el sector aduanero, errores administrativos -como el pago de sueldos extras por hasta $300 mil, proceso que fue cuestionado por Contraloría- y la debilidad que mostró frente a dirigentes sindicales como Marcelo Reyes durante su gestión no fueron bien vistos por el Gobierno, que le solicitó la renuncia en febrero de 2016, nombrando a Juan Araya en su reemplazo. No obstante, hay quienes vieron en su salida una operación política de la DC para recuperar un espacio considerado como "propio". El actual director también es abogado y se desempeñaba como coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, por lo que es considerado un "hombre de la casa" en Teatinos 120. Araya, además, era conocido en la institución, pues desempeñó dicho cargo durante tres meses en 2011, en el gobierno de Piñera. La gestión de Araya tampoco ha estado libre de polémicas. De hecho, su jefe de gabinete, Yamil Haddad, debió renunciar a dos meses de asumir producto de que ambos participaban de la propiedad de la empresa Bamboo and Organics, firma que realizó una importación desde China mientras ambos estaban en funciones. Sin embargo, al interior del organismo sostienen que esta fue una vendetta de Marcelo Reyes luego de que la salida de Pereira le quitara influencia en la dirección del organismo. Una de las prácticas más recurrentes al interior de Aduanas es la creación de "dinastías" en las que antiguos funcionarios llevan a familiares y amigos a trabajar, en muchos casos sin tener los conocimientos necesarios para ocupar los cargos, obteniendo remuneraciones muy por sobre lo que recibirían trabajando en el sector privado. "Hay funcionarios que incluso tienen a toda la familia de su suegra trabajando en el Servicio", reconoce una fuente al interior de Aduanas. Esta persona añadió que es a través del "clientelismo" como los dirigentes logran mantener su poder en la cúpula gremial y ser reelegidos en sus cargos. Por esta razón, actuales y ex funcionarios de Aduanas coinciden en que, pese a sus diferencias, la arremetida de Reyes y Vergara en los últimos meses tiene como objetivo la salida de Juan Araya con el único fin de mantener sus cuotas de poder al interior del organismo. Estos dirigentes verían al actual director como una persona con mucho respaldo en Hacienda que está dispuesto a seguir adelante con el proceso de modernización del Servicio, lo que iría contra sus intereses. Disidencia interna acusa escasa información a las bases Las medidas de presión ejercidas por ambos dirigentes no son compartidas en todo el gremio. A la movilización de esta semana no adhirieron las filiales de Aduanas en Arica, Puerto Montt y Valparaíso, por considerar "insuficiente la información proporcionada a las bases acerca del estado actual y el destino real de las negociaciones con Hacienda", advirtieron en un comunicado. "Esta medida, que representa una fuerte acción, no tiene precedentes, y marca un antes y un después en la existencia del centenario gremio aduanero chileno, que se ha caracterizado siempre por su fuerza y unidad, pero que se ha visto en el último tiempo envuelto en constantes polémicas políticas, además de algunos problemas judiciales", agregó la vicepresidenta de la Anfach Valparaíso, Mónica Valencia. De hecho, este grupo que representa a 457 funcionarios -alrededor del 30% del total de afiliados a la Anfach- acusa a la cúpula gremial de no aceptar la disidencia y de amenazarlos con la expulsión del gremio. "La Anfach se ha transformado en una verdadera dictadura gremial, que no permite voces disonantes o ideas distintas, afectando tremendamente los principios básicos de participación gremial y de respeto por sus bases en la toma de decisiones y, por supuesto, afectando peligrosamente la imagen ante sus asociados todos", enfatizó la dirigenta. Exportaciones en jaque y pasos fronterizos colapsados Enero es un mes fundamental para la exportación de productos frutícolas, reconocen en la Cámara Nacional de Comercio (CNC). De hecho, en el primer mes del año pasado los envíos totales del país fueron equivalentes a US$ 5.067 millones, de los cuales el 51,8% (US$ 2.624 millones) correspondió a productos "no cobre", según el reporte de comercio exterior de Aduanas. Entre los productos más afectados se encuentran las cerezas, arándanos, celulosa, salmones y vinos. El presidente de la CNC, Ricardo Mewes, reconoce que Chile no está pasando por una buena situación económica, y esto no hace más que profundizar el problema. "El efecto que este movimiento tiene en nuestro comercio exterior es tremendamente perjudicial. Además de los costos que están involucrados, se suma el no cumplimiento de nuestros compromisos, lo que daña fuertemente nuestra imagen país". Asimismo, la paralización de Aduanas en período estival afecta al sector turismo. De acuerdo a cifras del organismo, entre enero y marzo de 2016 ingresaron al país por pasos fronterizos 2.882.573 personas, siendo Chacalluta (924.191) y Los Libertadores (551.213) los que más personas atendieron. "Más allá de los turnos éticos que se apliquen, se expone a estas personas a largas esperas, que superan ampliamente las habituales", enfatiza Mewes. En Aduanas reconocen que tienen un poder muy relevante a la hora de negociar debido a que pueden paralizar el comercio exterior chileno. "Somos muy potentes, le ponemos candado al país, por lo que hay que ser muy responsables, sobre todo cuando hay un acuerdo firmado", dicen desde la disidencia. Dos mil $2 millones $61 mil millones $73.470
trabajadores conforman la planta de Aduanas, organismo que depende del Ministerio de Hacienda.
bruto mensual es el sueldo promedio de un funcionario de Aduanas.
sería el costo anual de la planta de Aduanas si se aprueba el proyecto de modernización que aumenta la dotación a 2.300 funcionarios.
es el viático diario de un funcionario que está en el paso fronterizo Los Libertadores.
