Contraloría detecta irregularidades que permitirían nuevos "jubilazos"
martes, 10 de enero de 2017
Lilian Olivares
Nacional
El Mercurio
Dos unidades donde figuran funcionarios trabajando no tienen creación legal, y hay un total de 424 trabajadores que imponen en Dipreca sin cumplir con las condiciones para hacerlo, dice el informe.
Diversas irregularidades detectó la Contraloría General de la República en una nueva auditoría y examen de cuentas a los gastos en personal efectuado en Gendarmería de Chile, cuyo informe final está fechado el 6 del presente mes. Entre otros hechos, se constató que existen dos unidades que la institución reconoce como unidades penales, sin que se acredite que estas hayan sido creadas y que cumplan con los requisitos que se establecen para que sean consideradas "penales". De ese modo, la Contraloría dictamina que "corresponde que los servidores destinados a esas reparticiones no sean incorporados a Dipreca". Las unidades en cuestión se llaman "Centro de Apoyo para la Integración Social y Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios". Pero como no consta que se crearon, para el servicio público no existen y serían, de acuerdo a lo que se desprende del total del informe de 118 páginas, parte del engranaje destinado a que ciertos funcionarios de Gendarmería consiguieran pensiones millonarias. Si bien la investigación se realizó al período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2015, en algunos casos se abarcó el antes y el después de esas fechas. También se investigaron las remuneraciones pagadas el 2015 de aquellos funcionarios que cesaron en funciones ese año y cuya pensión superó los dos millones quinientos mil pesos. Dentro de los hallazgos, se detectó que 90 personas a contrata figuran como imponentes en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile; además, 63 de ellas ni siquiera se desempeñan en unidades penales, como es requisito para acceder a ese tipo de pensión. De los 90, solo 38 mantienen cargos en la planta. Contraloría dispuso que Gendarmería informe a Dipreca cuál es la situación de esos 52, para que Dipreca adopte las medidas del caso, que debieran, en principio, ser sacarlos de ese sistema previsional. El estudio también constató que 372 funcionarios integrantes de las plantas de profesionales, directivos, administrativos, técnicos y auxiliares adscritos a Dipreca desempeñan funciones en unidades que no poseen el carácter de unidad penal. Así, no cumplen el requisito dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley 19.195. Nuevamente, en este caso Gendarmería deberá informar a Dipreca si incumplen el requisito, para que los eliminen de ese sistema previsional. A estos 372 funcionarios se suman los 52 que, estando a contrata, figuran imponiendo en Dipreca, dando un total de 424 con cotizaciones irregulares. Separadamente se revisaron las remuneraciones de 8 ex funcionarios de Gendarmería que se acogieron a retiro durante 2015 y que percibieron pensiones que superan el límite de imponibilidad (60 UF). A ellos se les concedieron estipendios previo a su salida, que influyeron en la base del cálculo de sus pensiones. Al respecto, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades administrativas. Asignaciones de zona y procedimientos disciplinarios En otra área, la Contraloría detectó que si bien el promedio nacional de gendarmes por recluso en los centros penales es de 9,3 internos por cada celador, en la Región de Los Ríos, donde se percibe un 15% de asignación de zona, hay 2,58 reclusos por gendarme. Y en la Región de Aysén, donde se otorga un 105% de asignación de zona más una bonificación especial de zonas extremas, hay 3,48 reclusos por gendarme. La entidad controladora determinó que en un plazo de 60 días Gendarmería formalice y concluya la política de traslado para el personal de planta 1 y 2. Una irregularidad paralela se detectó con los procedimientos disciplinarios instruidos, que alcanzan a 3.376 y que se encuentran pendientes en su tramitación. Hay 1.446 procedimientos disciplinarios que tienen que ver con materias de personal y remuneraciones, los cuales están excedidos en el plazo legal de sustanciación. En el plazo de 60 días, Gendarmería debe informar sobre el estado de avance a la Contraloría.
La Corte puso para este viernes en tabla extraordinaria la vista de los 14 recursos de protección interpuestos por funcionarios de Gendarmería que apelan al tope imponible de 60 UF.
