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Jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong:

"Hoy el funcionario público que recibe una coima tiene la misma pena que quien le roba la cartera a un transeúnte en el centro"

miércoles, 04 de enero de 2017

Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio

La investigadora de casos como el financiamiento de la campaña de ME-O sostiene que es partidaria de adecuar las sanciones según la gravedad del delito y que haya más juicios orales en casos de corrupción.



Encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, que tiene en su "cartera de delitos" todas aquellas investigaciones que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción.

Ximena Chong dirige personalmente las indagatorias por las eventuales irregularidades en la rendición de gastos de la campaña 2013 de Marco Enríquez-Ominami, el posible cohecho en el trámite ambiental de Vespucio Oriente y otras, además de supervisar un sinnúmero de causas, como la abierta por las abultadas pensiones de Gendarmería y el error en el padrón electoral, que afectó a cerca de 500 mil personas en las últimas elecciones municipales.

En entrevista con "El Mercurio", la fiscal entregó su visión de los delitos de corrupción, del impacto que tienen en la sociedad, así como del "empoderamiento" ciudadano a la hora de denunciar.

Pasa cada vez más -dice-, porque estos delitos de corrupción son de "acción penal pública y que, por lo tanto, cualquier persona puede venir directamente al Ministerio Público o a las policías". En solo los seis primeros meses del 2016 ingresó casi el total de denuncias de 2015, siendo el delito de fraude al fisco el que tiene mayor incidencia, aunque en los últimos años el cohecho también ha experimentado un alza.

-Las causas de alto impacto público dan la idea de que han aumentado los casos de corrupción. ¿Es así?

-El aumento en el número de denuncias puede revelar dos fenómenos. Por una parte, que se están dando mayor cantidad de delitos de estas características y, segundo, que las personas tienen más conciencia de la existencia de estos delitos, y también mayor confianza en su persecución, en que van a ser sancionados.

Ahora ese es un análisis que requiere muchísima más profundidad, pero sí hemos visto un incremento en el número de denuncias y, además, una "ampliación" de ellas, porque hoy muchas veces provienen de ciudadanos comunes, y no solo de autoridades públicas, como ocurría habitualmente, donde era la Contraloría General de la República la que nos remitía, por ejemplo, sus informes, o algún servicio público el que hacía la denuncia.

-¿Cree que hoy la gente identifica mejor qué conductas son corruptas?

-Sí, creo que algunas investigaciones recientes de alta connotación, iniciadas en 2014 y 2015, principalmente los casos que se han denominado públicamente como de "platas políticas", han mostrado con mayor evidencia ante la comunidad y, en general, ante los actores -incluido el empresarial- que ciertas conductas son constitutivas de delito, que cualquiera puede denunciarlas y el Ministerio Público investigar.

-¿Sería partidaria de elevar las penas como disuasivo de estas conductas?

-Creo que se espera que las penas en general sean consistentes con la gravedad de la afectación del bien jurídico protegido, y en ese contexto, más que elevar o bajar las penas, la legislación hoy dice que son equivalentes al cohecho (en penas) el maltrato animal o el robo por sorpresa, y esas son señales que, muchas veces, afectan la valoración que la ciudadanía tiene que hacer de las conductas que están prohibidas.

-¿Por ejemplo?

-Hoy el funcionario público que recibe coimas de una empresa para favorecerla tiene la misma pena que el robo por sorpresa; es decir, la del sujeto que roba una cartera a un transeúnte; esto es, el típico 'lanzazo' en el centro de Santiago, y son delitos que no tienen la misma afectación, porque uno afecta a la comunidad completa, mientras que el otro solo a la persona que en ese momento portaba los bienes. Con esto uno no quiere minimizar cuán afectada se puede sentir una persona que es asaltada con un cuchillo, pero evidentemente hay una inequidad en la valoración de la conducta, y creo que se requiere una adecuación de las penas.

-Con estas penas, muchos casos terminan en procedimientos abreviados...

-Las penas de los delitos de corrupción, hablamos fundamentalmente de fraude al fisco y delitos de cohecho, admiten un procedimiento abreviado, y, en general, también algún tipo de salida alternativa; estoy pensando en suspensión condicional del procedimiento, pero se ha establecido como criterio de actuación del Ministerio Público que todas esas suspensiones condicionales sean visadas por el fiscal regional y cuenten con un informe positivo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Es decir, se han tratado de incorporar ciertos controles para que las condiciones que se impongan sean acordes con la gravedad de los hechos. Lo que sí está absolutamente proscrito es la posibilidad de un acuerdo reparatorio (...) y tampoco se puede aplicar principio de oportunidad.

-¿Quisiera más juicios orales?

-Creemos que es deseable que existan más juicios orales en este tipo de delitos, porque al menos en sus inicios uno de los roles que se asignaban al juicio oral era también que la comunidad pudiera observar el contenido de las investigaciones, y también observar las sentencias que se fijan, pero sobre ello no hay criterios de actuación, y son más bien los manejos que cada fiscal eventualmente pueda tener.

En el delito de malversación de caudales públicos y el fraude al fisco de más de 400 UTM (unos $18,4 millones), que tienen pena de crimen (más de 5 años), es mucho más difícil un abreviado.

''Evidentemente hay una inequidad en la valoración de la conducta, y creo que se requiere una adecuación de las penas".

''Hemos visto un incremento en el número de denuncias y, además, una "ampliación" de ellas, porque hoy muchas veces provienen de ciudadanos comunes, y no solo de autoridades públicas".

370 denuncias por delitos funcionarios -incluidos fraude al fisco, cohecho y otros- ingresaron a la Fiscalía Metropolitana en 2015. Solo en los primeros seis meses de 2016 casi se alcanzó esa cifra, registrándose 315.

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