Productora de choritos evalúa cerrar su operación en Chile por conflicto con "ley lafquenche"
sábado, 26 de noviembre de 2016
Luis Musquiz
Economía y Negocios
El Mercurio
La compañía se querelló por extorsión e intento de incendio contra un dirigente indígena. Afirman que ha obstruido la operación de su planta.
La norma que crea un espacio costero marino para los pueblos originarios (ECMPO), conocida también como "ley lafquenche", genera preocupación en diversas actividades ligadas a la acuicultura. Los efectos de esta regulación, incluso, ya han sido abordados en la Sofofa. En esta oportunidad, el reclamo provino desde Toralla, compañía de capitales españoles que opera en Chiloé desde el año 2000. La empresa ha invertido cerca de US$ 40 millones en el país y cuenta con 450 hectáreas productivas de mar, distribuidas en 35 centros de cultivo, y el año pasado exportó 5.500 toneladas de producto final y procesó 24 mil toneladas. El gerente general de la firma, Sergio Leiro, señaló que están evaluando cerrar sus operaciones, por los diversos inconvenientes que les ha generado la nueva normativa. Hace poco tiempo, la compañía interpuso una querella criminal por extorsión, hostigamiento, amenazas e intento de incendio contra el dirigente mapuche Emilio Huaiquín (líder de la comunidad indígena Huicha-Pucatué) y todos quienes resulten responsables. El dirigente reclama por el presunto vertimiento de residuos industriales líquidos que, a su juicio, estaría descargando la planta de procesamiento de la firma en una zona relacionada con el reclamo de un ECMPO, y que es utilizada por la fábrica. José María Escobar, gerente de la compañía, aseguró que sus inquietudes se enfocan en las exigencias económicas que pide el comunero, a quien acusan, incluso, de provocar incendios cercanos al ingreso de la planta. "Él nos pide cerca de $130 millones cada tres años para que nosotros podamos seguir operando. Exige embarcaciones, terrenos, vehículos y otras cosas. Ya ha provocado incendios cerca de la planta y nos preocupa que esto aumente. No sucedería si el ECMPO estuviera situado unos pocos metros más distante", afirmó Escobar. Toralla, cuya planta procesadora debió paralizar en mayo pasado debido a las protestas en la isla, actualmente emplea a 1.300 personas. Sin embargo, la empresa podría cerrar definitivamente sus operaciones y estudian establecerse en Brasil. "Llegamos a Chile, porque defendía muy bien la inversión extranjera. Ahora solo vemos un aumento de la incerteza jurídica", señaló Leiro. LA COMPAÑÍA DE CAPITALES ESPAÑOLES RECLAMA QUE SU PREOCUPACIÓN NO HA TENIDO BUENA ACOGIDA POR LAS AUTORIDADES DE LA ZONA.
