Campamentos: En cinco años ha cerrado poco más de un tercio de los 657 catastrados en el país
sábado, 26 de noviembre de 2016
Manuel Valencia
Nacional
El Mercurio
Especialistas piden otra estrategia que permita agilizar la salida de familias que viven en asentamientos informales.
El término de los campamentos en Chile se está convirtiendo en una meta que cada vez se ve más lejana, pese a que diversos gobiernos han comprometido el logro. En el último catastro de asentamientos informales, realizado por el gobierno anterior en 2011, se contaron 657 tomas, donde vivían 27.378 familias.. Ahí se estableció un plan para conseguir lograr una meta durante esa administración, que luego se extendió a 2018. Sin embargo, un informe solicitado por "El Mercurio", a través de la Ley de Transparencia, muestra que tal objetivo se avizora distante. Cinco años después del catastro, apenas se han cerrado 237 campamentos, que corresponden al 36% del total. Otros 420 están en la categoría de vigentes. El contexto es aún más preocupante, de acuerdo con un estudio realizado por la ONG Techo. Según este, de los 420 campamentos vigentes, 160 han aumentado su población en 5.048 familias. Asimismo, entre 2014 y 2016 se han generado 62 nuevos campamentos, que han sumado 4.955 familias. Así, en total, entre 2011 y 2016, 10.003 familias llegaron a campamentos por 7.826 que los dejaron. "En dos años, el neto aumentó en 2.177 familias. Hoy entran más familias de las que salen. Por cada ocho que dejan los campamentos, entran diez. Es necesario aumentar la velocidad de salida y preguntarse por qué más familias llegan a vivir en campamentos en un país que crece, donde los indicadores de pobreza disminuyen", señala el capellán de Techo, Juan Cristóbal Beytía. El incremento contrasta con la promesa planteada por el gobierno anterior, que fijó 2018 como plazo de término de los campamentos, a partir de soluciones encaminadas, con entrega de subsidios. Sin embargo, factores como la migración y el auge minero generaron un aumento de las tomas, según Claudia Ayala, coordinadora general del programa de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. "Este fenómeno, sumado a la anterior política de entregar subsidios sin proyecto a las familias, generó un gran aumento en el caso de Antofagasta, por ejemplo, que estamos enfrentando a través de una modalidad de gestión conjunta con el gobierno regional, otros ministerios, la sociedad civil y privados". La meta establecida por el actual gobierno es cerrar 235 campamentos, entre 2014 y 2017. Ese año, además, se espera avanzar en la eliminación de otros 75. Beytía dice que es necesario diversificar las soluciones habitacionales y que mientras exista déficit habitacional (estimado en 391.546, según la última encuesta Casen) no se terminarán las tomas. Para Slaven Razmilic, especialista en vivienda del Centro de Estudios Públicos (CEP), se requiere flexibilizar criterios. "Un porcentaje importante de las familias en campamentos no puede postular a programas tradicionales. Ya sea porque son propietarios de viviendas en otra región, porque ya recibieron un subsidio anteriormente, porque no tienen residencia definitiva o simplemente no quieren postular (...). La solución debe diseñarse en conjunto con las familias y en acuerdo con ellas".
A juicio de Beytía, la pobreza multidimensional de las familias de tomas hace más prioritaria su solución habitacional que los allegados.
