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Cuestionan que futura ley del lobby no regule a gremios y ONG

miércoles, 11 de julio de 2007

Eduardo Olivares
Economía y Negocios Online

El gobierno defendió el texto tal como está pues —dijo— se circunscribe a las empresas que son remuneradas para intentar influir en las decisiones de autoridades.

SANTIAGO.— Un cuestionamiento al actual proyecto de ley que regula el lobby hicieron organismos como Chile Transparente en la mañana de hoy, durante un seminario sobre esta materia organizado por Ogilvy Public Relations —firma de comunicación estratégica y lobby— y en la que expusieron, entre otros, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín.

Felipe del Solar, consejero de Chile Transparente, criticó que en la iniciativa sólo se regulará a las firmas que se dedican exclusivamente al cabildeo, pero no a entidades gremiales u ONG que también efectúan lobby en la práctica.

Defensa del proyecto

El ministro José Antonio Viera-Gallo defendió el texto tal como está pues —dijo— se circunscribe a las empresas que son remuneradas para intentar influir en las decisiones de autoridades (de Gobierno, legislativas o judiciales). Sobre el resto de las instituciones, como las gremiales, comentó que ya es conocido los fines que ellas persiguen y que, por su propio carácter, son públicas sus gestiones.

En este punto, el senador Larraín afirmó que el proyecto establece que toda autoridad deberá hacer un registro abierto de todas las audiencias públicas que tenga con sus distintos interlocutores. Esto es, que en ese registro per sé, figuren los gremios, en caso de que pidan audiencia a un ministro, por ejemplo.

El experto norteamericano Roberto Mathias, de Ogilvy en Washington, habló sobre cómo en Estados Unidos esta materia fue debatida durante muchos años y hoy es común —y aceptado por la sociedad— ver la operación de firmas de lobby ante parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

"Qué se decide, sigue siendo un juicio de la autoridad. Lo importante es que, si los intereses privados son públicos, la autoridad tendrá mayor cuidado de no dejarse influir, porque, si no, tendrá un juicio negativo de la opinión pública", argumentó Viera-Gallo.

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