martes, 10 de julio de 2007
R. Zanetta, R. Hirigoyen
Economía y Negocios, El Mercurio
El empresario participó activamente en el debate sobre la norma en 1994.
La sanción que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó a Sebastián Piñera el viernes pasado no fue el primer acercamiento que el empresario ha tenido con la ley que rige el mercado de valores.
Fuentes vinculadas al proceso "reflotaron" ayer el papel que tuvo Piñera durante su período como senador (entre 1990 y 1998), cuando participó activamente del debate sobre modificaciones a dicha norma y se refirió específicamente a la abstención de compra de valores sobre los que exista información privilegiada
En la sesión del 3 de agosto de 1994, Piñera señaló: "No estamos diciendo que no haya información privilegiada. Tiene que existir (...). Y en esta iniciativa se establece con mucha claridad cuáles son las normas que deben regular su utilización".
El entonces senador agregó en su intervención que "quien tenga acceso a información privilegiada debe guardar estricta reserva de ella; abstenerse de emplearla en beneficio propio y ajeno, como también de adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales existe tal información; asimismo, no debe valerse de ella para obtener beneficios o evitar pérdidas mediante cualquier operación".
Y es justamente por la "no abstención" en la compra de acciones que Piñera fue multado.
Lo que viene
Hasta el miércoles 25 de julio tiene plazo Sebastián Piñera para realizar el pago de las 19.470 UF ($363 millones) que contempla la multa. El monto deberá ser cancelado por el propio Piñera y no por Inversiones Santa Cecilia (sociedad que utilizó para la transacción), en la Tesorería General de la República. Estos fondos irán a dar a las arcas fiscales.
Al pagar, el empresario podría realizar ciertas precisiones sobre el fallo, para comentar puntos específicos sobre los que exista particular molestia.
Respecto de Víctor Bezanilla y Juan José Cueto, ambos también sancionados el viernes pasado -con multas por 50 UF y 1.629 UF, respectivamente-, han mantenido en reserva la posibilidad de apelar o no del fallo ante los tribunales de justicia. Para tomar la decisión cuentan con un plazo de diez días hábiles.
