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Ex diputado dijo que "no hay base legal" para su formalización:

Presidente de los fiscales responde acusaciones de Marco Enríquez-Ominami

domingo, 25 de septiembre de 2016

Lilian Olivares
Nacional
El Mercurio

Claudio Uribe aseguró que la decisión de Pablo Gómez es porque tiene pruebas y no por razones políticas.



Una vehemente reacción tuvo la Asociación Nacional de Fiscales a propósito de las críticas que emitió el líder del PRO y candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami contra el persecutor que lo formalizará el 19 de octubre por el caso SQM, Pablo Gómez.

ME-O dijo a través de Facebook que "no hay base legal para la decisión que ha tomado un fiscal que tiene relación directa con la candidatura presidencial de Sebastián Piñera". Así aludió a que el fiscal Gómez es casado con la ex ministra de Justicia de Sebastián Piñera, Patricia Pérez.

El texto del gremio asegura que "sin perjuicio de que la persecución penal es siempre un acto arriesgado", a reglón seguido defiende el trabajo del fiscal Gómez. "Si el grupo de persecutores encabezado por el fiscal Pablo Gómez, que lleva la causa Soquimich, ha decidido formalizar a Marco Enríquez-Ominami, es porque considera que tiene los elementos de prueba necesarios para ello".

También enfrenta la acusación del ex diputado de que existiría un componente político en la decisión del persecutor. "Hay que recordar que los fiscales del Ministerio Público adoptan sus decisiones basados en el mérito de las causas que investigan y, por lo mismo, no les corresponde prestar atención a las consecuencias políticas que puedan traer las mismas", se lee en la declaración de Uribe.

Y en esa línea, agrega: "La defensa que se ejerce por la vía de imputar motivaciones políticas, denunciar supuestos complots o sacar conclusiones antojadizas a partir de relaciones familiares de los intervinientes, constituye una estrategia que solo desprestigia a quien la ejecuta y, en definitiva, no contribuye a esclarecer la verdad de lo ocurrido".

Luego, el presidente nacional de los fiscales hace un llamado para que "los intervinientes confíen en la justicia y ejerzan sus derechos sin caer en descalificaciones y respetando la honra de las personas y su familia". Y termina señalando que los que se sientan afectados por las decisiones del Ministerio Público deben "mantener la serenidad y defenderse con argumentos técnicos".

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