Fiscales y policías con más atribuciones: la receta de expertos para enfrentar violencia rural
lunes, 19 de septiembre de 2016
ÓSCAR RIQUELME BRACHO
Nacional
El Mercurio
Asesores de España y Colombia detallaron su experiencia en la lucha contra ETA y las FARC, en donde, dijeron, fue fundamental modernizar sus leyes para que la persecución de los delitos terroristas fuera eficaz.
"La clave es que todo el mundo reme en la misma dirección. Si aquí hay un fenómeno que se considera pueda atentar contra el Estado tal y como lo conocen, o que quiera la independencia de un territorio sin acatar las normas actuales, lo que tienen que identificar primero es el problema y luego definir las normas legales con las cuales van a actuar". Con esta frase, el teniente coronel Jesús Gayoso Rey, comandante del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil de España, resumió lo que a su juicio es el primer paso que debe dar un país que quiera luchar contra la violencia organizada, que difiere de los delitos comunes, y cuya investigación posee mayor dificultad. Gayoso fue uno de los oradores en el Primer Seminario Internacional Manejo del Sitio del Suceso en Zonas Rurales, actividad realizada en Temuco, organizada por el Ministerio Público en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), cuyo objetivo principal fue otorgar a fiscales, policías y bomberos de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos nuevas herramientas en el manejo del sitio del suceso en lugares aislados, características que se repiten en los atentados incendiarios registrados en el sur del país. Expertos de Colombia, España e Italia fueron los invitados, dada su experiencia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La experiencia contra las FARC Esteban Arias, asesor en Investigación Criminal de la Unodc Colombia, explicó que para luchar contra las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fue esencial "hacer un estudio de la normativa vigente para poder plantear las reformas que le permitan a todo el ente de justicia, a los que aplican la ley, poder tener más herramientas para poder enfrentar esos fenómenos". Tales reformas, dijo Arias, fueron acompañadas con nuevos recursos técnicos, como una red autónoma para la intercepción de llamadas de telefonía, que implicó tecnología de punta y reformas a la ley penal para que las grabaciones fueran aceptadas como prueba en un tribunal. De esta forma y previa autorización de un fiscal, en Colombia es posible obtener registros de conversaciones que más tarde pueden ser utilizadas en un juicio. En Chile se puede utilizar, pero solo si es solicitado por un fiscal regional o nacional ante una corte de justicia. Arias explicó que Colombia "ha vivido diferentes fenómenos, que se han hecho reiterativos en determinados momentos, que hacen que toda la política de criminalidad, la normativa y las políticas públicas, se modifiquen y se reestructuren". Para ejemplificar estos cambios, Gayoso dijo que en España fue fundamental endurecer las penas contra las kale borroka , o ataques de encapuchados con elementos incendiarios, fenómeno que recién en 2001 fue regulado por la ley ibérica, dada la recurrencia de estos hechos en contra de la propiedad privada, que al ser cometidos por adolescentes eran inimputables. "En España, ETA utilizó este vacío legal, ya que por ser menores de edad no podían ser juzgados. Pero cuando se demostró la vinculación entre este grupo y estos ataques, y se tipificó estas acciones como delito terrorista, implicó una mayor condena, entonces los jóvenes ya no iban a cometer esas acciones", dijo Gayoso, quien agregó que tras la reforma, en España dichos ataques tienen pena que va de 4 a 6 años, además de que los padres de los autores deben indemnizar a las víctimas. Cambios en Chile En el ámbito nacional y frente a los atentados incendiarios en el sur, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, dijo que es necesario actualizar la legislación antiterrorista "contemplando técnicas investigativas como agentes encubiertos, que curiosamente sí se permite en el delito de drogas", junto con revisar el sistema de inteligencia "para establecer un mecanismo que levante el secreto y la remisión de los antecedentes a las fiscalías, y que puedan ser utilizados como medios de prueba. Además de algo crucial, como legislar un sistema integral de protección a los testigos y víctimas". Paredes dijo creer que el marco legal en el que se mueven los fiscales chilenos se puede mejorar. "Es perfectible. El desarrollo de investigaciones en este tipo de delincuencia representa un desafío para quienes están involucrados en su persecución. (...) Pero también deja en evidencia que muchas veces hay normas que pudiesen ser mejoradas para desarrollar de manera más eficaz estas indagaciones", dijo.
