Liceo busca fórmulas para que los 4 alumnos encausados por tráfico terminen el año escolar
domingo, 18 de septiembre de 2016
MAURICIO SILVA
Nacional
El Mercurio
Alcalde de Limache, Daniel Morales, dijo que se pretende que estudien en un régimen segregado del resto de los alumnos.
El Reglamento de Convivencia Escolar no contempla la expulsión de los cuatro alumnos del Liceo Municipal de Limache que fueron detenidos y encausados por infracción a la ley de drogas. Ello lo impide la ley de Inclusión. Pero las autoridades comunales de educación y el Consejo de Profesores están analizando alternativas para que puedan terminar el año escolar en forma segregada del resto de los estudiantes, aseguró ayer el alcalde de Limache, Daniel Morales. "El liceo es un colegio público y tiene la obligación de entregar educación. Lo más probable es que nombremos una tutoría externa para que terminen sus estudios de aquí a diciembre y entonces se pueda reevaluar su situación judicial", explicó. Los cuatro estudiantes, adolescentes de entre 16 y 17 años que cursan la enseñanza media, fueron detenidos la tarde del jueves en el mismo liceo por efectivos de la Policía de Investigaciones. Esta culminó así cuatro meses de pesquisas a cargo de agentes encubiertos y reveladores que arrojaron que los menores vendían marihuana en los alrededores y adentro de ese recinto. Otros siete adultos también fueron detenidos por vender droga a menores. La fiscalía abrió contra todos ellos una causa por microtráfico, logrando que se decretaran en su contra arraigo nacional y reclusión domiciliaria nocturna, lo que permitiría a los alumnos regresar a clases. Pero Morales aseguró que con las autoridades provinciales de educación ya acordaron que los estudiantes no podrán reincorporarse con el resto de sus compañeros si retornan el martes al colegio. "Tienen derecho a educación y se les brindará contención, pero antes debe definirse un régimen diferenciado de trabajo para atenderlos", aseveró. Aunque habían detectado síntomas de consumo y tráfico de drogas, las autoridades estudiantiles se vieron legalmente impedidas de revisar los bolsos de los estudiantes. Ello obligó a coordinar una investigación policial de envergadura. Al respecto, el alcalde Morales comentó que los reglamentos garantizan más los derechos de los estudiantes que sus obligaciones, lo que deja poco espacio para que los profesores apliquen medidas correctivas que hubieran permitido controlar antes la situación.
