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Anuncios presidenciales sin urgencias en el Congreso; casi dos años con vacante en el CDE, e indefinición en La Araucanía y en pensiones: los pendientes del Gobierno

domingo, 18 de septiembre de 2016

M. Herrera, M. Pinto y C. Saldivia
Reportajes
El Mercurio

Menos de un año y seis meses le quedan a la actual administración y aún existen materias que no se han zanjado por falta de definiciones, algunas de ellas de exclusiva responsabilidad de la Presidenta. Estas tareas inconclusas están acompañadas de conflictos entre ministerios que el Ejecutivo no ha logrado resolver. Aquí, algunos temas en que el Gobierno está "al debe", según partidos, legisladores y organismos públicos.



1 Mineduc, con problemas para el financiamiento de la educación pública y con la rebelión de los alcaldes

Era la razón de su regreso a Chile desde Nueva York. Así, al menos, lo dijeron desde el primer día sus cercanos. Sin embargo, la Presidenta Michelle Bachelet aún no ha logrado zanjar aspectos esenciales de lo que el mismo Ejecutivo ha llamado una de sus reformas estructurales: la educacional.

Nuevamente este año el ítem de gratuidad en la educación superior sería parte de una glosa presupuestaria y la reforma de la educación pública (la desmunicipalización) todavía no despega. Porque aunque fue aprobada en la Cámara en julio, la mayoría de los congresistas de la Nueva Mayoría apoyaron una indicación de la diputada Camila Vallejo (PC) para que el financiamiento de la educación pública considerara otros aspectos además de la asistencia. Si bien esta materia es resorte del Ejecutivo, los legisladores dijeron que querían dar una "señal política". Ante este escenario la ministra del ramo, Adriana Delpiano, se comprometió a entregar una nueva propuesta, algo que hasta el viernes no ocurría. Diputados de la comisión de Educación de la Cámara comentan que la secretaria de Estado dio su palabra para incluir otros aspectos que den recursos a los colegios por los gastos fijos que tienen (como pago de sueldos, mantención, servicios básicos, etc.) que, según ellos, no pueden depender solo de si el alumno asiste o no a clases. Pero aún no tienen ninguna novedad mientras la iniciativa ya pasó al Senado. Algunos miran a Hacienda como uno de los topes en esta materia, pues habría un choque en las prioridades entre el Mineduc y el jefe de las finanzas públicas.

También el Gobierno debe enfrentar otro conflicto que se encuentra abierto: el sistema de los servicios locales, 68 entidades de las que dependerán los colegios que serán traspasados desde los municipios. Hace más de tres meses que los ediles oficialistas han expresado sus reparos a una iniciativa que -dicen- aún no es clara, no asegura calidad y es "centralizadora más que descentralizadora".

En cuanto a Educación Superior, todavía el Mineduc no da conocer su propuesta final sobre eliminar o no el CAE de manera definitiva, y si las universidades estatales tendrán un trato diferente al resto de los planteles.

2 INE autónomo no vería la luz en este Gobierno

Este martes la comisión de Economía de la Cámara de Diputados sesionará para discutir el proyecto que crea la nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional (INE). En la ocasión abordarán una reciente indicación del Ejecutivo relativa al gobierno corporativo de la entidad. El proyecto está en su primer trámite pese a que ingresó en noviembre de 2015 y la crítica al Gobierno es transversal por la demora que la materia ha tenido. Sobre todo, considerando que era uno de los "puntos fuertes" del programa de gobierno. Documento que señala que el sistema de estadísticas debe lograr "la confianza de la ciudadanía y capacidad técnica". Y que para eso "perfeccionaremos el proyecto de ley que moderniza el INE, haciendo un verdadero esfuerzo en términos de su fortalecimiento institucional". Pero poco y nada se ha avanzado. Incluso el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, habría reconocido en una ocasión diferencias al interior del Gobierno en lo relativo a encontrar la mejor fórmula para los directivos del nuevo INE. Si bien la reciente indicación que ingresó el Ejecutivo podría destrabar el tema de la independencia, el INE autónomo no ha contado con urgencias legislativas. Después de Economía, debe verlo la comisión de Hacienda y pasar a sala para seguir su tramitación en el Senado. Congresistas consultados no creen que pueda ver la luz en esta administración.

3 Hacienda y Codelco debaten qué proyectos recibirán dinero de capitalización

Tras un largo debate, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comprometió esta semana el apoyo del Gobierno para capitalizar Codelco, pero precisó que la fórmula la definirá en noviembre, cuando se realiza un balance de las ganancias.

El respaldo de Ejecutivo se produjo luego de que el presidente del directorio de la minera estatal, Óscar Landerretche, y el titular de Hacienda expusieran el 30 de agosto en la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados sobre la crisis que enfrenta la empresa.

Landerretche señaló en la oportunidad que Codelco requiere de una recapitalización estructural que le permita invertir en proyectos de mediano y largo plazo que se están desarrollando, además de fondos con los que puedan enfrentar la crisis actual.

En el Ejecutivo comentan que Landerretche hizo público lo que había planteado antes en privado a Valdés, y que no había sido considerado. Pero pese a la autorización que Hacienda dará a Codelco para invertir, aún quedan puntos por definir entre ambas entidades públicas. Por ejemplo, desde el Gobierno señalan que está pendiente determinar en qué proyecto se va a inyectar el dinero del fisco.

Ello porque, por una parte, hay defensores de que el dinero debe repartirse en varios yacimientos -entre ellos Andina 244, Chuquicamata subterránea, Rajo Inca en Salvador, el Teniente y RT Sulfuro-, mientras que otras voces al interior de la cuprífera manifiestan que el monto de capitalización no alcanzará para todos los proyectos y que se debe optar solo por unos pocos.

4 Cambio a ley reservada del cobre se posterga hasta diciembre

A pesar de que estaba en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, fue la estrecha situación financiera de Codelco -con pérdidas por US$ 97 millones el primer semestre de 2016-, la que reflotó la propuesta sobre cambios o una derogación de la ley reservada del cobre.

Según explican en Defensa, el ministro José Antonio Gómez lo ha conversado con los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y hay una disposición favorable para modificar la ley que destina el 10% de las ventas de la cuprífera estatal para adquisiciones militares, si es que hay un piso que permita la mantención y renovación mínima.

En Defensa señalan que Hacienda dilató la discusión hasta diciembre, luego de que se despache la ley de Presupuesto para 2017, que debe quedar lista el 30 de noviembre y donde se prevé una tramitación compleja en el Congreso. Ello, debido a la presión oficialista por aumentar el gasto público en un escenario de restricción financiera, año electoral y con índices económicos debilitados.

En el Gobierno detallan que si se deroga la normativa, los recursos quedarían en Codelco, por lo que el Ejecutivo debería ajustar gastos en otras áreas o disminuir los recursos para las FF.AA., ya que el 10% se considera parte del ingreso estructural del balance fiscal de Hacienda.

5 Ampliación de inteligencia fue "encajonada" en La Moneda

En octubre de 2014, en medio de la polémica por la absolución de los imputados por el caso Bombas, el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), envió un dossier al Ministerio del Interior. El documento incluía un detalle sobre cómo operan las medidas intrusivas y de preparación de agentes secretos, infiltración y legislación con que el organismo enfrenta las actividades terroristas en la península ibérica. Con ese material, un equipo de La Moneda reevaluaría los elementos finales de una nueva Ley de Inteligencia que un equipo encabezado por los abogados Luis Correa y Rodrigo González elaboraban. En enero de 2015 se le habría presentado un documento al entonces titular de Interior, Rodrigo Peñailillo. Sin embargo, tras la salida del líder de la G-90 del PPD de La Moneda, el proyectó quedó "encajonado" y "se echó al olvido", comentan en el Ejecutivo.

La incorporación de agentes encubiertos en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), si bien era defendido por su director Gustavo Villalobos, generaba solo apoyos en la DC y el PS, y abría un flanco en la Nueva Mayoría, principalmente porque en el PC y un sector del PPD se oponían. Finalmente el Ministerio del Interior, bajo la era de Jorge Burgos, privilegió la agenda corta antidelincuencia.

6 Sernac fortalecido en stand by bajo la atenta mirada de Economía, Hacienda y empresarios

"El fortalecimiento del Sernac busca darle más poder para cuidar a los consumidores. Confío que este proyecto de ley sea aprobado prontamente", dijo la Mandataria en su discurso del último 21 de mayo. Y a comienzos de agosto, en un cónclave con todos los representantes de la Nueva Mayoría, la Presidenta reiteró lo "fundamental" de esta materia. Sin embargo, esta semana fue precisamente el Ejecutivo quien decidió retirarle la urgencia al proyecto -que ingresó al Congreso en junio de 2014-, que se encuentra en la comisión de Constitución del Senado. Según dicen los mismos legisladores, es una materia compleja que necesita precisiones en sus definiciones. En concreto, lo relacionado con el gobierno corporativo de este nuevo Servicio Nacional del Consumidor.

Senadores que han estudiado el tema señalan que la propuesta del Ejecutivo genera "una figura unipersonal casi con más atribuciones que un superintendente". No ha habido acuerdo tampoco con el método y el tipo de multas que este Sernac cursaría. Estos puntos no se han podido destrabar al interior del Gobierno, debate que ha liderado Economía, pero con la mirada atenta desde Hacienda, pues este es un tema que el mundo empresarial observa con interés y que forma parte de la agenda de crecimiento.

Esta semana, el Gobierno optó por crear una mesa técnica entre representantes del Ministerio de Economía y los asesores de los senadores de la comisión de Constitución. Se espera que de esa instancia salga humo blanco para que pueda avanzar en su tramitación.

7 La "amenaza" de los senadores oficialistas por la reforma a las isapres

"En los primeros 100 días de Gobierno, convocaremos a un equipo de expertos con el mandato de redactar una propuesta de Proyecto de Ley de Isapres". Lo dice el programa presidencial de Michelle Bachelet, pero tres años después de su presentación, el envío al Congreso de la reforma al sistema privado de salud aún sigue pendiente. Y, al parecer, continuará así, según admitió esta semana la ministra del ramo, Carmen Castillo.

Con el período de Bachelet en el tramo final y la campaña presidencial virtualmente desatada, la ansiedad frente a la "indefinición" del Ejecutivo ante las isapres crece por parejo: tanto en el oficialismo como en la oposición.

En la Cámara Alta, donde la comisión de Salud ha tratado el tema, ya hablan de una virtual "rebelión" entre algunos senadores de la Nueva Mayoría. Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi (PPD), ambos de la Comisión de Salud, se cuentan entre los mencionados. Porque ambos amenazan con impulsar y despachar -sin la participación de La Moneda- una ley corta para enfrentar las principales debilidades del sistema: "Estoy disponible para hacerlo, a pesar de que el Gobierno no quiera llevar adelante estas reformas", advierte el legislador PPD.

Rossi, en tanto, entiende los cálculos del Ejecutivo en cuanto a que "no hay capacidad política y legislativa" para llevar adelante una reforma estructural: "¡Lo que no comprendo es que no resolvamos una ley corta exprés!". A su juicio, "el equipo político no está respaldando" el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud ni la Superintendencia del ramo para concretar la reforma. Lo que el senador Francisco Chahuán (RN), par de ambos en la comisión de Salud, atribuye a una "indefinición ideológica y de gestión" del Ejecutivo. Sobre todo, considerando que en la Cámara Alta está avanzado un proyecto sobre el tema, impulsado en su minuto por el ex Presidente Piñera.

La debilidad en "gestión" mencionada por Chahuán la ven también en las bancadas oficialistas. Desde una de ellas, un senador asegura que la titular de Salud les pide a los congresistas que ellos hagan "gestiones" ante Hacienda para que esta última cartera dé luz verde a una eventual reforma, pues la ministra Castillo no estaría siendo escuchada en el Ejecutivo.

8 El misterio del destino del 5% adicional de las cotizaciones

Al menos cuatro ministerios -Hacienda, Economía, Desarrollo Social y Trabajo-, están enfrascados en profundas diferencias tras el anuncio de la Presidenta de reformar el sistema previsional. Porque si en un momento se pensó que la cadena nacional de la Mandataria -el 10 de agosto- aclararía la postura del Gobierno en esta materia, finalmente dejó más dudas. En concreto, el anuncio del aumento en cinco puntos porcentuales de la tasa de cotización. ¿Hacia dónde va? ¿A un nuevo pilar solidario? ¿A capitalización individual? ¿A ambos? Y si es esto último, ¿cómo se divide este nuevo 5%? Esas son las preguntas que aún no tienen respuestas y todas, se apuran a decir en el Ejecutivo, dependen de la propia Presidenta.

Los ministros, en cambio, ya han dado luces de sus visiones, lo que complica más el tema. Mientras los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, respectivamente, son de una postura de que una parte de ese 5% vaya a cuentas personales y otra a un pilar solidario; el titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza y la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, han dicho que todo debe destinarse a una nueva instancia de ahorro común.

En paralelo, Bachelet ha sostenido una serie de reuniones para escuchar opiniones sobre el tema, que van desde representantes de la empresa de asesorías "Felices y Forrados", pasando por el líder del movimiento No más AFP, Luis Mesina, y diversos gremios del trabajo, hasta el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

En las reuniones, de acuerdo a quienes han conocido detalles, ella escucha y plantea la necesidad de abordar el tema, pero no se ven lineamientos concretos en la materia. Algo que también empieza a inquietar a los partidos políticos de la Nueva Mayoría, pues en época electoral es un tema que podría traerles réditos, de ahí que constantemente pongan el tema sobre la mesa en los comités de coordinación política de los lunes en La Moneda.

9 Falta de una estrategia global ante conflicto de La Araucanía

El diagnóstico lo comparte la mayoría de los congresistas oficialistas y de oposición: el Ejecutivo carece de una estrategia global para enfrentar el conflicto que golpea a La Araucanía. Según los mismos análisis, ello explicaría que La Moneda haya adoptado solo medidas "puntuales", cuyos resultados, además, se evalúan de modo disímil. Como los crecientes recursos entregados a la Conadi para la compra de tierras, lo que no ha incidido en una baja de la violencia. De hecho, el organismo sigue recibiendo críticas: "Sigue el pago de favores políticos y de campañas oficialistas", acusa el diputado Diego Paulsen (RN), quien ha sufrido personalmente el embate de los extremistas. En el Congreso aseguran, además, que puertas adentro de la corporación indígena, el trabajo se ve amagado por recurrentes "tiras y afloja" entre cuadros directivos que responden a distintos partidos de la coalición gobernante, como el PR, la DC y el PPD.

Desde esta última colectividad, en todo caso, previenen que las debilidades de la política indígena no hay que buscarlas en la Conadi -dirigida por Alberto Pizarro (PPD)- sino en el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Marcos Barraza (PC). En opinión de distintos senadores, el secretario de Estado "no domina" los temas del área. Situación que explicaría, por ejemplo, el limitado avance en el Congreso del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Materia que ha sido tratada, incluso, en las reuniones de coordinación en La Moneda. En una de ellas, recuerda uno de los asistentes, el presidente del PC, Guillermo Teillier, criticó aspectos de la política del Gobierno sobre pueblos originarios. Frente a ello, el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), le recordó al diputado que un hombre de sus filas (Barraza) era quien estaba a cargo de esos asuntos.

En el Legislativo advierten, además, que distintas señales de Palacio frente al conflicto han sido equivocadas: "Como el hecho de que la Presidenta haya ido apenas una vez a la zona, entonces se da un vacío de poder", sentencia el diputado José Manuel Edwards (RN). Su correligionario, el senador Alberto Espina, también apunta a la Mandataria, a quien crítica por no haber respondido "nunca" la propuesta de paz que él presentó para La Araucanía. "Ella no cumplió su palabra de responder en un mes. Ya pasaron dos años: que me desmienta", desafía. Le parece, igualmente, que en el bloque oficialista hay posturas contradictorias respecto de cómo debe enfrentarse la crisis. Espina lo resume así: mientras el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, "tiene la posición de enfrentar con dureza a los violentistas", algunos legisladores de la Nueva Mayoría "son cómplices morales de la violencia", al apoyar las movilizaciones mapuches.

Ley General de Bancos sin fecha para ingresar al Congreso

Quienes siguen el tema de cerca aseguran que no hay un Chile Day en que el ministro de Hacienda "no anuncie que se viene una nueva Ley General de Bancos". Y así ocurrió en mayo pasado cuando el ministro Rodrigo Valdés detalló algunos contenidos del proyecto. Pero el texto legal, que en un principio ingresaría al Congreso en 2015, y luego a comienzos de 2016, aún no sale de Teatinos 120.

La modernización de la regulación del sector es apoyada de manera transversal -actualizaría muchos aspectos de la banca y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que no se han revisado desde 1986-, pero desde el mismo ministerio reconocen que las prioridades del Gobierno han hecho que prácticamente el tema no tenga espacio en la agenda.

Incluso aún no hay fecha concreta para su ingreso. Pero, en paralelo, un nuevo factor complicó el escenario. En medio de la discusión de la modernización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto que crea la Comisión para el Mercado Financiero, que entre otros aspectos, sería un "paraguas" para la SBIF y la SVS. Para muchos expertos este tema podría "toparse" con la Ley General de Bancos, de ahí que han advertido que el debate de este proyecto debiese estudiarse prontamente. Lo que ocurre, sostienen desde Hacienda, es que lo que podía ser "la gran reforma de Valdés" ha quedado supeditada a la agenda de La Moneda, que incluyó "reformar la reforma tributaria" del ex ministro Alberto Arenas. Ahora esperan que el proyecto vea la luz tras la discusión presupuestaria de noviembre.

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