Más Estado, ¿mejor educación superior?

martes, 26 de julio de 2016

Opinión
El Mercurio

Recientemente vio por fin la luz el tan esperado proyecto de Ley de Educación Superior. Su recepción inicial ha variado entre la dura crítica de algunos y la tibia resignación por parte de otros. Paradójicamente, el esfuerzo por agradar a todos no ha dejado contento a nadie.

Sin entrar en los puntos del proyecto en los que existe consenso, quisiera detenerme en lo que estimo el corazón de la propuesta, respecto del cual existen profundas divergencias. Me refiero al supuesto de que el mayor control y presencia estatal traen consigo una educación más inclusiva y de mayor calidad.

Parece razonable que el Estado tenga que velar por la buena educación en sus universidades. Cuestiono, en cambio, el supuesto de que las universidades privadas no contribuyen al bien común de igual manera que las estatales. El sistema tiene muchos defectos, pero la diversidad y el vigor de las universidades privadas no son parte de ellos. Si se evolucionase hacia una hegemonía estatal universitaria, el debate intelectual perdería profundidad y amplitud; el país, en suma, se empobrecería. Más Estado no equivale a una mejor educación.

En relación con el sistema de financiamiento, ya se ha repetido en todos los tonos que la propuesta carece de realismo, y que es imposible en el mediano plazo llegar a la gratuidad universal. Sin embargo, aunque fuera posible, no sería conveniente. Por una parte, la diversidad de fuentes de financiamiento de las universidades les entrega mayor libertad para cumplir su misión. El hecho de que las familias aporten una porción importante de los recursos es garantía de autonomía universitaria. Por otro lado, es muy necesario ayudar eficazmente a los que no pueden pagar, pero no tiene sentido asistir a los que sí pueden financiar su educación. Es cierto que la educación es un bien público, pero es también un bien privado, que entrega enormes beneficios a quienes la reciben. La política pública debe hacerse cargo de ambos aspectos. El incremento de la presencia estatal en materia de financiamiento podría perjudicar la calidad en vez de mejorarla.

A lo anterior se añade que el modelo de financiamiento propone la fijación de aranceles, otro defecto grave. Grave porque atenta directamente contra la calidad de la educación. Las universidades ofrecen programas muy distintos, con costos diferentes. Unas priorizan la investigación; otras, la enseñanza práctica, y otras, la innovación pedagógica. Hay modelos que funcionan mejor que otros, y es necesario dejar espacio a la creatividad y a la sana competencia. En un sistema de precios libre, la existencia de oferta variada -junto a la mejora en el sistema de información que se propone- ayuda a que los aranceles se mantengan en niveles razonables. Debido a los cambios tecnológicos y a la globalización, la educación superior cambiará radicalmente en los años que vienen y es necesario que el sistema chileno tenga incentivos para adaptarse y evolucionar. La fijación de aranceles podría ahogar este dinamismo y dañar, por tanto, la diversidad.

Por estos motivos, sería mejor seguir avanzando en el mejoramiento del Crédito con Aval del Estado y el sistema de becas. Este modelo ha funcionado bien porque ha permitido el aumento en el acceso a la educación superior, siendo plenamente compatible con la libertad y autonomía de las instituciones estatales y privadas. De esta manera se aseguran mucho mejor la calidad y la inclusión que todos queremos desarrollar.

José Antonio Guzmán
Rector Universidad de los Andes