domingo, 24 de julio de 2016
A.G.
El Mercurio
El cálculo exacto es de 8,3 millones de UF, según un informe encargado por el tribunal al perito de la Corte de Apelaciones Robert Samson, en el marco del juicio que estas tres AFP entablaron tras el caso de las repactaciones.
n perjuicio patrimonial de 8,3 millones de UF -el equivalente a unos US$ 350 millones- es la pérdida que afrontaron tres AFPs, Habitat, Cuprum y PlanVital, a raíz del conocido caso La Polar, según un peritaje realizado en el marco del juicio que entablaron estas tres administradoras por dicho suceso. Este caso se destapó a mediados de 2011 al conocerse que la empresa había repactado unilateralmente a clientes y con ello falseado sus estados financieros, al no contabilizar adecuadamente las provisiones. Esto derivó en la interposición de varias demandas civiles de accionistas y bonistas que buscan ser indemnizados por los responsables. Uno de estos recursos lo interpusieron estas tres AFPs, en una acción que está radicada en 13 Juzgado Civil de Santiago, patrocinada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, del estudio Baker & Mckenzie, y en la que demandan a la auditora Price (PwC) y a ex ejecutivos de La Polar. Otras AFPs (Provida y Capital) siguieron cada una por separado su propio camino judicial en este caso y no son parte de esta demanda. En el marco de esta acción legal es que esta semana se adjuntó este informe, elaborado por el perito judicial contable Robert Samson, un contador público y auditor, e ingeniero comercial. En su calidad de perito financiero contable de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue el tribunal el que ordenó a Samson estudiar el caso para, entre otras cosas, determinar la existencia de perjuicios para los fondos de pensiones. El informe -de 38 páginas y que fue elaborado con la documentación que presentaron como prueba las partes del juicio, además de información pública del caso- plantea en lo medular una pérdida en valorización para los fondos de estas AFPs de 8.371.865 UF, considerando el perjuicio sufrido por las acciones y los bonos que poseían de La Polar. Peritaje abarca pérdida de valor entre mayo de 2011 y febrero de 2014 En el extenso escrito, ingresado al tribunal el 18 de julio, Samson considera tres grandes aspectos en su análisis: los montos invertidos por las AFP en bonos y acciones de La Polar; los perjuicios tras desencadenarse el problema de las repactaciones unilaterales; y la actuación de la auditoria PwC, en el sentido de si con la información en su poder pudo advertir al mercado de la real situación del retailer, en torno a las prácticas usadas por la empresa en las deudas de los clientes morosos y la consecuente "evasión" del sistema de provisiones de la deuda morosa. El análisis aborda tres momentos para hacer los cálculos, tomando como fecha inicial el 31 de mayo de 2011, previo a conocerse el caso. El primer momento cubre hasta el 30 de junio de 2011, es decir, al cierre del mes en que se conoció la real situación de la empresa post hecho esencial del 9 de junio de 2011 que destapó el problema y, por tanto, se pudo asimilar el "impacto inmediato" de la noticia. El segundo, al 30 noviembre de 2011, cuando estuvieron los estados financieros auditados por EY, que incluyeron las nuevas provisiones. Y el tercero, al 28 de febrero de 2014, que corresponde al cierre del mes en que las AFP concretaron su demanda (lo hicieron el 4 de febrero de ese año). En su conclusión final, el peritaje considera este último momento. Es decir, compara las valorizaciones y pérdidas de valor experimentadas por los instrumentos -bonos y acciones- desde el cierre del mes de mayo de 2011 hasta el cierre de febrero de 2014, el mes de la demanda ingresada al tribunal. En el detalle y para el caso de las acciones, Robert Samson es claro en plantear que si bien estas generaron dividendos, el principal perjuicio sufrido por los inversionistas está relacionado con la valorización de estos activos y la pérdida que experimentaron. "Dichos documentos, después de estar valorizados en 4.056.501 UF, al 31 de mayo de 2011, a la fecha de la interposición de la demanda este activo está valuado en 355.389 UF, determinando un menor valor o detrimento patrimonial de 3.701.112 UF", dice el escrito. En el caso de los bonos, como las AFP tenían al 31 de mayo de 2011 5.251.327 UF, y a la fecha de presentación de la demanda estos documentos estaban valorizados en 580.574 UF, la pérdida o perjuicio patrimonial es de 4.670.752 UF, según el informe. "Según lo anterior, sumando las inversiones en acciones y bonos de Empresas La Polar que las AFP mantenían al 31 de mayo de 2011, experimentaron una pérdida de valor estimada de 8.371.865 UF determinando a la fecha de cierre del mes en que las AFPs interpusieron demanda", resume el texto, que incluye un desglose por administradora previsional y por fondo. La que más pierde es Cuprum (ver infografía). Esta cifra es mayor en unos US$ 100 millones respecto del monto que inicialmente estimaron las AFPs al interponer la demanda por US$ 260 millones, aunque dicha acción explicita que el tribunal puede estimar otras fórmulas de cálculo. Hace reparos a PwC por no leer actas de directorio Respecto del trabajo realizado por la auditora PwC, el informe de Samson enumera falencias. Entre ellas, alude a que ya en 2006 la entonces empresa auditora EY había emitido un informe de control interno sobre los estados financieros de ese año de La Polar, en que se cuestionaba el rol, plan de trabajo y dependencia del departamento de auditoría interno de La Polar, en relación con el tamaño y complejidad del negocio de la firma. Y en esa línea, había alertado que, por ejemplo, para determinar las provisiones por incobrables no se diferenciaba entre cartera normal y renegociada, "siendo esta última de mayor riesgo", cita el informe de Samson sobre aquella auditoría de EY. Y pese a que en esa ocasión la administración de La Polar argumentó que estaba elaborando una metodología para presentarla al directorio, luego en el trabajo de Price "no se hace mención alguna" respecto de si esas observaciones de años anteriores siguen pendientes de solución o no. El informe también extracta otros reparos ya realizados por la SVS a PwC en su momento, como que no habrían leído ni tomado conocimiento de los temas tratados en las actas de directorio del 2010 y primeros meses de 2011. Al respecto, Samson señala en su informe que estas situaciones "cuestionan la capacidad de PwC de formarse una opinión respecto a las cifras presentadas en los estados financieros. Más aún, la no lectura de las actas de directorio impediría al auditor evaluar correctamente la capacidad del negocio de permanecer funcionando en el tiempo, debiendo por lo tanto abstenerse de opinar respecto de los estados financieros de la empresa". El documento añade dos situaciones para contextualizar lo sucedido. "Atendida la poca profundidad del trabajo de auditoría realizado, lo que sumado a la predisposición de la administración de la empresa auditada a limitar el acceso o definitivamente a entregar información falsa a sus auditores, difícilmente PwC pudo tener conocimiento de las operaciones cuyo impacto fue ampliamente conocido". El informe concluye señalando que frente a la omisión de la lectura de las actas del directorio, "en el evento de haber limitado su opinión, habría impactado en la clasificación de riesgo y en última instancia en las decisiones de los inversionistas". El juicio en que este informe fue incorporado está en sus etapas finales, pronto para el fallo de primera instancia, siendo previsible que el caso continúe siendo apelado en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema. EN EL DETALLE se observa que la administradora más afectada fue Cuprum.
