Contramemoria chilena busca echar abajo tergiversaciones históricas de Bolivia
domingo, 10 de julio de 2016
Reportajes
El Mercurio
El texto -que se mantiene en estricta reserva, luego de haber sido entregado esta semana a la Presidenta Bachelet- incluiría un conjunto de antecedentes que demuestran cómo Bolivia ha hecho un uso parcial e interesado de la documentación con que intenta fundamentar su demanda. Matías Bakit R.
Dicen quienes conocen a José Miguel Insulza que solo hay una cosa de la contramemoria chilena que se presentará ante La Haya con la que no está del todo contento: le habría gustado más corta. De hecho, cuentan que el agente realizó varios intentos por editar el documento y reducir el número de hojas, para hacerlo lo más claro y concreto posible. Y lo logró hasta llegar a las poco más de 160 páginas con las que se tuvo que resignar. Simplemente, no se podía acortar más. Claro que la extensión de la contramemoria no empaña la satisfacción del Pánzer por el trabajo realizado, cosa que él mismo se ha encargado de comunicar en todas las reuniones y charlas a las que ha asistido en las últimas semanas. Para él, el documento no tiene puntos débiles, pues Chile logra comprobar, caso a caso, que no hay ninguna obligación de negociar una salida al mar, como reclama Bolivia en su demanda. Esta opinión es compartida por La Moneda y por quienes han tenido acceso al documento, que en este momento está en etapa de impresión y de últimas correcciones, antes de ser entregado a la Corte Internacional de Justicia, probablemente un par de días antes del 25 de julio, plazo final fijado por el tribunal. Para llegar a este punto se requirieron meses de un trabajo que incluyó aunar criterios diferentes, responder punto por punto todas las acusaciones bolivianas y mostrar a la Corte imprecisiones en los fundamentos planteados por La Paz. Documento explica el verdadero origen de la Guerra del Pacífico La contramemoria, según cuentan fuentes diplomáticas, está dividida en una introducción fuerte, un capítulo que ahonda en los argumentos legales, y luego la aplicación de estos a todos los casos en que Bolivia dice que Chile contrajo una obligación de negociar. Eso, además de cinco cuadernos de anexos, con mapas, documentos, notas diplomáticas y otros. Se trata de elementos de prueba de origen chileno, boliviano e incluso de otros países, como tratados suscritos por La Paz con el resto de sus vecinos. Es en la introducción donde se aborda el contexto histórico que dio origen a los actuales límites. Fue el contenido más debatido dentro del equipo chileno: aunque había acuerdo en la necesidad de tratarlo, hubo quienes abogaban por darle una mucho más amplia extensión al tema. Finalmente se impuso la visión del agente y así algo menos del 10% de la contramemoria es destinado a la materia: una cantidad limitada, pero igualmente estimada como parte "fundamental" del documento. En buenas cuentas, lo que allí se persigue es cerrarle el paso a cualquier intento de victimización por parte de Bolivia, pero además dejarle claro a la Corte que el país no admite el lenguaje usado por el propio tribunal para referirse a la cuestión histórica en su fallo de septiembre pasado, a propósito de las objeciones preliminares presentadas por Chile. Con ese objeto, la argumentación desarrollada en la contramemoria ahonda en la historia de los límites entre ambos países y las razones que desencadenaron la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. El documento da cuenta, por ejemplo, de que Chile fue el primer interesado en establecer límites con La Paz, por medio de decreto de 1842 que fijaba la frontera en el paralelo 23, lo que Bolivia impugnó un año después. Tras décadas de desencuentros, ambas naciones firmaron su primer tratado de límites el 10 de agosto de 1866, en Santiago, donde se fijó como línea divisoria el paralelo 24 y se estableció que las partes se repartirían por la mitad los impuestos provenientes de la exportación del guano descubierto y por descubrir entre los paralelos 23 y 24, principal interés de los dos gobiernos en la zona. La contramemoria chilena explica que Bolivia nunca respetó del todo ese acuerdo, provocando fuertes tensiones diplomáticas. Así, para evitar conflictos, La Moneda se abrió a negociar un nuevo tratado de límites en 1874, en el que renunció a sus derechos al norte del paralelo 24 con el compromiso explícito de La Paz de que no subiría los impuestos ya existentes a ninguna industria o capital chileno, por un lapso de 25 años. Este trato sería incumplido por el gobierno de Hilarión Daza en 1878, cuando se decretó el gravamen de diez centavos por quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales chilenos. Esta, al negarse a pagar, sería rematada según las órdenes del gobierno boliviano. El hecho constituye, según las fuentes, la clave de la argumentación histórica de Chile, pues demuestra que la Guerra del Pacífico se originó en un incumplimiento de un tratado por parte de Bolivia, país que, además, no contestó los requerimientos diplomáticos de La Moneda pidiendo suspender el alza de impuestos o acordar una nueva solución. Por qué no hay obligación de negociar En cuanto a la argumentación jurídica, el documento se preocupa de precisar cómo, según el derecho internacional, se configura una obligación de negociar a partir de declaraciones unilaterales efectuadas por un país, que es precisamente lo que reclama Bolivia respecto de Chile. Un primer requisito para que se adquiera ese tipo de obligaciones -argumenta la contramemoria- es que las declaraciones en cuestión sean explícitas. Es decir, no debe caber lugar a ninguna duda de que el Estado se está auto obligando. Para comprobarlo, se debe analizar, entre otras cosas, el lenguaje, el contexto de la declaración, el origen y duración del acto y la práctica existente en el tema. Y la conclusión en la contramemoria es clara: ninguno de los actos chilenos que Bolivia cita para fundamentar su reclamo cumplen con ese requisito. Incluso, la mayoría ni siquiera son unilaterales, sino que corresponden a negociaciones o conversaciones diplomáticas y políticas entre ambas partes, que fracasaron por responsabilidad de la propia Bolivia. La contramemoria también advierte que una obligación de negociar no puede ser eterna, como parece indicar La Paz, sino que caduca según el éxito o fracaso del acto que le dio origen. No hubo coerción en Tratado de 1904 Definidos estos criterios jurídicos, Chile aplica estos conceptos a los hechos citados por Bolivia. El punto resultó especialmente complejo. Esto, porque la demanda de La Paz no identifica cuál o cuáles serían específicamente las declaraciones chilenas que originarían una obligación de negociar, sino que intenta configurarla a partir de la enumeración de un conjunto de actos. Por ello, la contramemoria procede a abordar esos distintos ejemplos y desacreditar cada uno. De partida, se le resta importancia al frustrado tratado de paz de 1895, supuesto origen de las obligaciones según Bolivia, haciéndose notar que, tal cual dijo la Corte en su fallo de excepciones preliminares, aquel no entró nunca en vigor. Por lo demás, todo lo que allí pudo señalarse quedó superado con la firma del Tratado de 1904, que estipula, hasta hoy, los límites entre ambos países. Al respecto, la contramemoria se ocupa de desmentir, a través de documentación chilena y boliviana, cualquier insinuación en cuanto a que este tratado haya sido negociado o firmado por La Paz bajo algún tipo de coerción. Por el contrario, se hace notar que fue Bolivia el país que tomó primero la iniciativa y renunció voluntariamente a una salida soberana al océano Pacífico, a cambio de lograr su conectividad interna. Charaña, negociación que La Paz desechó Dentro del análisis caso a caso, se abordan dos puntos altamente destacados por La Paz: los intercambios diplomáticos de 1950 y Charaña. En el caso de los primeros, Chile prueba, a través de documentos, frases y análisis de contexto, que se trató de una serie de conversaciones e intercambios políticos y diplomáticos bilaterales; en ningún caso, de declaraciones unilaterales que obliguen al país. Además, a lo único concreto que se llegó fue a que existía voluntad de iniciar una negociación, la que nunca comenzó por la inestabilidad política boliviana y la negativa de Perú a aceptar compartir las aguas del lago Titicaca, que era el instrumento de canje solicitado por Chile. En el caso de Charaña, los expertos explican que la situación es aún más clara: se trató simplemente de una negociación formal fallida, pues uno de los países -nuevamente Bolivia- se negó a concluir las tratativas. Chile también revisa y descarta la existencia de una obligación de negociar, por ejemplo, en el acta del embajador y ex canciller Emilio Bello Codecido, de 1920, y en la Agenda de 13 puntos, establecida durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Las interpretaciones forzadas de Bolivia A lo largo de todo el texto, Chile resalta ante la Corte las múltiples imprecisiones, citas fuera de contexto o interpretaciones forzadas que utilizó Bolivia en la memoria que presentó ante la Corte en 2014. Un ejemplo, dicen fuentes diplomáticas, es la misma Acta Bello Codecido. Esta contiene una salvaguarda, donde se estipula que nada de lo que contiene el documento puede obligar a las partes, la que no es mencionada en el Libro del Mar, con el que Bolivia promociona su demanda en el mundo. Lo mismo ocurre respecto de la forma en que Palacio Quemado presenta los intercambios de 1950. Según las fuentes consultadas, la idea de la contramemoria sería así mostrar, sin decirlo directamente, la manipulación que hace Bolivia de los elementos supuestamente probatorios. Tras la entrega del documento, vendrá un período sin noticias del caso. Es por ello que el agente Insulza continuará su costumbre de reunirse con expertos de todos los sectores políticos y universidades, con la intención de dar señales de tranquilidad y mantener las diferentes tendencias unidas en torno al tema. Un ejemplo son los encuentros que hace dos semanas sostuvo en la Anepe y con el Comité de Relaciones Internacionales de la DC. Mientras, el equipo jurídico seguirá trabajando, ahora tratando de anticiparse a los argumentos que Bolivia podría usar en su probable réplica. Ya hay dos grandes interrogantes. La primera es si Palacio Quemado optará por identificar un acuerdo o declaración específica de Chile. Y la segunda, si integrará a la demanda boliviana el fallo, aún sin fecha de entrega, en el caso de las Islas Marshall contra el Reino Unido, India y Pakistán sobre una supuesta obligación de negociar en el tema del desarme nuclear. Según fuentes de Cancillería, no se consideró adecuado visitar el Silala en los mismos días en que se debe entregar la contramemoria ante La Haya. Pronto se fijaría una nueva fecha para el viaje del ministro Muñoz, parlamentarios y expertos.
Este año, Cancillería contrató, en el marco de la defensa ante La Haya , una agencia comunicacional para publicar contenidos de interés en América Latina. La elegida fue la conocida firma Hill & Knowlton.
