SP consulta a Contraloría si Macías debe inhabilitarse en análisis de caso de las AFP
sábado, 02 de julio de 2016
Kharla Caniupán
Economía y Negocios
El Mercurio
Tanto el superintendente como el fiscal del organismo participaron de la resolución emitida en marzo, en la que este descartó anular la operación.
La Superintendencia de Pensiones (SP) ingresó ayer una consulta a la Contraloría General de la República (CGR) para dilucidar si el regulador, Osvaldo Macías, y el fiscal, Andrés Culagovski, deben inhabilitarse de participar en el proceso que le instruyó iniciar para que determine si debe invalidar la fusión entre AFP Cuprum y Argentum. El requerimiento se basa en que ambos funcionarios participaron en la resolución emitida por la superintendencia el pasado 4 de marzo sobre este tema. Macías firmó la resolución exenta N° 0513 que "resolvió declarar improcedente invalidar las resoluciones que aprobaron las fusiones (entre AFP Cuprum y Argentum, y AFP Provida y Acquisition), a fin de no infringir el principio de la certeza jurídica". En tanto, Culagovski elaboró un informe jurídico sobre este tema. La respuesta de la CGR es una interrogante, pues tiene varias opciones: permitirles a Macías y Culagovski participar del proceso; inhabilitarlos y nombrar a su reemplazante, o inhabilitarlos, pero permitir que ellos mismos elijan al reemplazante. A la espera de lo que resuelva la Contraloría, la superintendencia tiene 15 días hábiles para iniciar el procedimiento de invalidación ordenado por el organismo contralor, por lo que ya comenzó a diseñar la estructura para llevar a cabo dicha instrucción. Sin declaraciones AFP Cuprum y su controlador, Principal, optaron por no emitir declaraciones. Cercanos al proceso dicen que si bien están analizando en detalle el nuevo oficio de la Contraloría y las implicancias del proceso de invalidación, este lunes los principales ejecutivos de las firmas se reunirán con los asesores legales para evaluar el escenario y los futuros pasos a seguir. En MetLife -que controla Provida, AFP que realizó una operación similar con Adquisición- también han optado por no dar a conocer públicamente su visión de estos cuestionamientos. Solo lo ha hecho en instancias privadas con autoridades americanas y chilenas. Fuentes de la industria indican que si se llegara a reversar cualquiera de las dos operaciones, el Gobierno sería llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), lo que lo expondría no solo al pago de una indemnización de no llegar a un acuerdo, sino que también podría afectar directamente la atracción de inversión extranjera.
