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Más de 40 personalidades de distintos ámbitos suscribieron carta pública:

Referente transversal llama a impulsar con urgencia estrategia de infancia a largo plazo

domingo, 19 de junio de 2016

Gabriel Pardo
Nacional
El Mercurio

Académicos, investigadores, ex ministros y actores del mundo social advierten que es necesario intervenir el Sename, pero que el problema es más profundo y global.



Decidieron unirse. No importaban las diferencias políticas o ideológicas, sino poner el acento en que el problema de la infancia en Chile es grave.

Por eso, más de 40 profesionales, académicos y políticos de distintos ámbitos suscribieron una carta, publicada el domingo pasado en "El Mercurio", en la que señalan que "en Chile se están vulnerando los derechos de muchos niños, niñas y adolescentes. La razón es simple. A pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, nuestras políticas de infancia se encuentran muy rezagadas respecto de lo que cabría esperar de un país con nuestro nivel de desarrollo".

Plantean además que "son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación del Sename (Servicio Nacional de Menores). Los déficits de esta institución son enormes. Por nombrar algunos: faltan especialistas para diagnosticar y atender los severos problemas emocionales que podrían ser tratados exitosamente con el adecuado cuidado; las subvenciones para niños con discapacidades son insuficientes; las listas de espera para niños que requieren atención urgente, por ejemplo que han sufrido abuso sexual, pueden prolongarse por tres meses".

Diez de los firmantes fueron convocados por este diario para que profundizaran en su análisis sobre el tema. Así, Mario Waissbluth (creador de Educación 2020), Benito Baranda (director de América Solidaria), Harald Beyer (ex ministro de Educación y director del Centro de Estudios Públicos), Mariana Aylwin (ex ministra de Educación y directora de la Corporación Aprender), Cristián Larroulet (ex ministro de la Segpres y director del Instituto de Emprendimiento de la UDD), José Andrés Murillo (presidente de la Fundación para la Confianza); Pablo González (director académico del Centro de Sistemas Públicos, U. de Chile); Marcela Marzolo (directora de la Fundación Oportunidad); más Paula Bedregal (jefa del depto. de salud pública, de la Facultad de Medicina UC) y Felipe Berríos (sacerdote jesuita) -quienes participaron de manera remota- plantearon las necesidades más urgentes que la sociedad chilena y los distintos gobiernos deben asumir para buscar solución a esta crisis.

"En varias áreas Chile necesita pensar en una estrategia de largo plazo para resolver sus problemas, pero quizás en ninguna esta mirada sea tan necesaria como en la primera infancia. Lamentablemente, porque hay que construir de a poco y los resultados no son inmediatos, la construcción de esta estrategia y la urgencia de las políticas necesarias para llevarla adelante se pierden en la coyuntura", afirma Harald Beyer.

Benito Baranda advierte que "la situación de los niños y jóvenes más excluidos y que viven en pobreza en nuestro país se ha deteriorado desde hace unas dos décadas, en particular la de aquellos que están fuera del sistema educacional, que han tenido dificultades graves de desarrollo y conflictos en sus familias".

"Había que hacer algo ante la indiferencia"

Mientras que Mario Waissbluth dice "decidimos que había que hacer algo ante la indiferencia de sucesivos gobiernos". Y agrega: "Aquí hay violaciones sistemáticas y de larga data a los derechos humanos de infantes y adolescentes, que van desde condiciones inhumanas de hacinamiento en centros Sename, a abusos físicos y sexuales, a nulas posibilidades de reinserción, a un sistema de justicia de familia totalmente sobrepasado para abordar el problema".

Pablo González señala que "la carta surge de la siguiente preocupación: hacer un cambio sustantivo que actualice las instituciones y las políticas a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por Chile en 1990. Se requiere consenso técnico, político y ciudadano mayor a lo que se ha logrado hasta ahora".

En ese sentido, Mariana Aylwin advierte que "hay problemas de inversión y de gestión. Las políticas de infancia no están articuladas. Se han hecho esfuerzos, como el proyecto Chile Crece Contigo o la creación de un Consejo Nacional de la Infancia. Se presentó un proyecto para crear una Subsecretaría de la Niñez y una ley de Garantía de los Derechos de los niños. No obstante, se ha debilitado el interés político en los problemas de la infancia y adolescencia. No es una prioridad en la agenda pública".

En tanto, José Andrés Murillo señala que "el problema es cómo el Estado se hace cargo de la infancia. Yo espero que esto sea desde la perspectiva de los derechos humanos y no como un problema solo de protección social".

Felipe Berríos concluye que es clave "colocar a la infancia como una prioridad en nuestra convivencia como sociedad".

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