¿Hasta cuándo los encapuchados?: El trasfondo del rechazo a proyectos de distintos gobiernos
domingo, 12 de junio de 2016
LILIAN OLIVARES
Nacional
El Mercurio
Quienes se oponen a la ley antiencapuchados dicen que ya hay una norma que faculta a Carabineros a detener a los que ocultan su rostro.
"¡Hasta cuándo los encapuchados!". La frase no es de ahora. La escribió la ex ministra Soledad Alvear (DC) el 3 de junio de 2015, en su Twitter. Y el jueves fue una más de los que saturaron las redes sociales al comentar la destrucción de la imagen de Cristo crucificado, que patearon encapuchados, en la iglesia de la Gratitud Nacional. Fue la misma ex precandidata presidencial quien en 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, presentó un proyecto de ley para sancionar a los encapuchados. Lo patrocinó la Mandataria y estuvo presente en el Congreso apoyando la moción el entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe (PPD). Y no pasó nada. Igual que cuando el gobierno de Sebastián Piñera, en 2011, presentó otro proyecto antidelincuencia, que incluyó sanciones para los encapuchados, que se discutió hasta 2013, llegó a su tercera etapa y, finalmente, no pasó nada. La semana pasada, la bancada transversal de diputados de la comisión de Seguridad arremetió con otro proyecto. Y el mismo día, martes 31 de mayo, el senador por Renovación Nacional Francisco Chahuán presentó una propuesta... antiencapuchados. El lobby ha sido fuerte. La bancada de diputados se reunió con el subsecretario Mahmud Aleuy, con el ex ministro Jorge Burgos y al día siguiente de asumir, el nuevo ministro del Interior, Mario Fernández, lo hizo con sus asesores. A su vez, el senador Francisco Chahuán se juntó con las autoridades de la V Región y con las organizaciones vecinales porteñas. Porque la moción de ahora vino después de la muerte del cuidador de un edificio quemado en Valparaíso durante las manifestaciones del 21 de mayo, a quien homenajeó con el nombre de su iniciativa: "Proyecto Eduardo Lara". Pero el camino no se ve fácil. Por ejemplo, el senador Pedro Araya (Ind. pro Nueva Mayoría) piensa en el clima: "El puro hecho de andar encapuchado en sí no presenta un delito. En Punta Arenas, producto del frío, mucha gente usa capuchas y no por eso vamos a sancionarlos, porque están protegiéndose del frío". Y acota: "Y si Carabineros estima necesario controlar a un encapuchado, tiene la atribución legal hoy para hacerlo". En la Cámara, el diputado Guillermo Ceroni (PPD) reconoce que "el tema no es sencillo, pero evidentemente que, dada la situación de delincuencia y dada la forma en que encapuchados se aprovechan de las marchas que tienen objetivos de plantear inquietudes de la ciudadanía, merecen sanciones". Aunque el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Daniel Farcas (PPD), piensa que en 60 días podrían tener "humo blanco" y el senador Chahuán estima que si el Gobierno le da urgencia a su propuesta, en seis meses podría haber ley, tendrían que romper fronteras para establecer un nuevo cuerpo legal. La discusión se repite desde hace 10 años, pese a que una encuesta de Cadem, con un sondeo hecho entre los días 25, 26 y 27 de mayo, arrojó que el 88% de los consultados es partidario de prohibir la presencia de encapuchados en marchas. Ley y Carabineros El senador PPD Felipe Harboe no es partidario de una ley de esta naturaleza. -Lo que pasa es que hay que ver bien qué buscamos. Si queremos que Carabineros pueda sacar de las manifestaciones y llevarse detenidos a los encapuchados, mi percepción es que ya hay una ley que lo permite: el artículo 85 del Código Procesal Penal faculta a las policías para conducir a la unidad policial a la persona que se encuentre embozada para ocultar su identidad. No hay un problema de ley, hay un problema de que Carabineros no se enfrenta a la masa para sacar a los encapuchados en general. Hay un enfrentamiento disuasivo, pero no está en el objetivo del operativo sacar de circulación a los encapuchados, porque eso implica mayor enfrentamiento. -Pero es distinto si hay una prohibición de ir encapuchado... -Va a ocurrir lo mismo, porque la petición de algunos es que el solo hecho de estar encapuchado sea un delito. Y yo prefiero que si un encapuchado ha cometido un delito, sea condenado por una pena más alta que si no anda encapuchado. Para mí, esto es un problema de gestión; no es un problema de ley. La actual norma permite retenerlos hasta ocho horas en la unidad policial. Pero no lo hacen, para evitar un enfrentamiento. -¿Qué haría usted para detener la acción de los encapuchados? -Haría dos cosas: Primero, instruir a Carabineros para que diseñe tácticas policiales destinadas a sacar a los encapuchados de las manifestaciones, para lo cual tiene facultad. Y segundo, tener un equipo especializado que permita a través de grabaciones u otros recursos contar con elementos probatorios para que, una vez que sean detenidos, se tengan las pruebas para que a esas personas se les imputen ciertos delitos y los jueces tengan los elementos de prueba para condenarlos. El sistema de orden público no resiste que haya 200 o 300 detenidos y que al final quede uno solo. Salvo que me digan que la idea es detener a cualquier persona para evitar males mayores. -¿Y usted cree que en una manifestación como las que tenemos actualmente van a dejar los agitadores que ande en medio un carabinero grabando, o lo van a tratar de sapo y lo golpearán? -Pero si hay sistemas de cámaras de vigilancia en todos lados. Están los canales de TV, los fotógrafos, las cámaras de la UOCT. Hay un conjunto de elementos tecnológicos, como los drones, que hoy permiten no arriesgar a la persona. -Cuando fue subsecretario, usted tramitó un proyecto antiencapuchados. -Me lo presentó la Soledad Alvear. -¿Qué dijo usted? -Interesante. Vamos a verlo. -¿Por qué no prosperan estos proyectos? -Es que más que tipificarlo como delito, lo que se requiere son tácticas policiales destinadas a sacarlos de las manifestaciones. La ex canciller, ex ministra de Justicia y ex precandidata presidencial Soledad Alvear, pese a ser la primera de los últimos diez años en presentar un proyecto antiencapuchados, hoy coincide con Harboe: "Hay un problema de gestión. Tengo la misma opinión del senador Harboe. Se han introducido modificaciones sucesivas al Control Preventivo Policial por agendas cortas". El abogado Juan Francisco Galli, director legislativo del movimiento Avanza Chile, de Sebastián Piñera, fue asesor legislativo del Ministerio del Interior cuando se tramitó la llamada "Ley Hinzpeter", y apoyó al ex ministro del Interior Andrés Chadwick cuando se tramitó. -El artículo 85 del Código Procesal Penal, efectivamente, establece como uno de los supuestos para poder controlar la identidad el que una persona ande encapuchada para poder ocultar la identidad. Pero la finalidad no es detener, sino controlar la identidad. Imagínese que Carabineros le diga a alguien en medio de la protesta: "Señor, sáquese su capucha y muéstreme su carnet de identidad". Se estaría mal utilizando la norma, porque su objetivo no es detener ni sancionar al encapuchado, sino que el carabinero pueda hacer control de identidad. Si el carabinero le pide al encapuchado que le muestre su carnet de identidad, el hombre puede subirse la capucha y seguir en la marcha haciendo destrozos. Eso no es lo que buscan los proyectos de orden público, incluido el que presentó Harboe en su momento. Ese proyecto era bien brutal, porque también hacía responsables civilmente a los convocantes de las marchas por los daños que se pudieran ocasionar. -¿Y por qué se rechazó el proyecto antiencapuchados de Piñera? Explica que el proyecto actualizaba la descripción del delito de desórdenes públicos. Ello, en consideración de que Carabineros señalaba que tenía dos objetivos durante las manifestaciones: uno, disuadir, y otro, romper la marcha cuando se están produciendo desórdenes. En esta última situación, no podía estar preocupándose de categorizar delitos, sino de dispersar a los manifestantes. En este contexto, se redefinió lo que era desorden público y se establecieron medidas procesales y agravantes, una de las cuales era andar encapuchado. Primero se aprobó en general en la Cámara, pero su contenido fue rechazado. Luego, en el Senado se rechazó en general la idea de legislar. -Y se formó una comisión mixta, porque la izquierda siempre manifestó su rechazo total en avanzar en esta legislación. El argumento era que afectaba el derecho de reunión y manifestación, y que era una herramienta para criminalizar las manifestaciones públicas. Ello, cuando en realidad se trataba de poder distinguir a aquellos que se estaban manifestando pacíficamente de aquellos que lo que querían era provocar disturbios. Nosotros hicimos múltiples propuestas. En 2012, Andrés Chadwick hizo una ley muy morigerada, sancionando como falta el encapuchamiento en una manifestación pública. También fue rechazada por la Nueva Mayoría, en bloque.
Hay parlamentarios que señalan que en Punta Arenas, debido al frío, mucha gente usa capuchas y no por eso la van a sancionar.
