Tal como quedó estipulado en la ley, desde el 1 de enero de 2017 debe regir un nuevo decreto de la norma que creó un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo conocida como ley Ricarte Soto, y en el cual el Ministerio de Salud ya está trabajando. En esta etapa, la autoridad ampliará la cantidad de enfermedades cuyos medicamentos son financiados por este mecanismo, pues actualmente son solo 11 los males cubiertos. Para hacerlo, la ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó que los equipos de expertos de la cartera tomaron un universo de 33 males de entre los cuales se definirá cuáles pueden comenzar a ser financiados por la ley. "Son 33 (enfermedades) y ese pool se va reduciendo según los niveles técnicos", detalla. Dentro de ese total, los equipos de evaluación de tecnologías sanitarias están midiendo a cuáles tratamientos es factible darles cobertura y para ello no solo se considera el factor económico. Según la ministra Castillo, tan importante como ello es saber "qué tan probable y sustentable en el tiempo es la definición. No podemos decir después 'hasta aquí llegamos, no podemos continuar'. Eso obliga a que uno sea muy responsable en la decisión que se toma". Asimismo, se consideran otros factores como si la efectividad y calidad de los tratamientos propuestos están comprobadas y si están las condiciones en el sector público y en el privado para entregarlos. Cercanos al Ministerio de Salud sostienen que entre las enfermedades que se están evaluando hay algunos cánceres -como el pulmonar, que fue la enfermedad que afectó al periodista Ricarte Soto, quien falleció en 2013- y el mal de Morquio. De esta forma, la ley comienza a acercarse a su plena vigencia. En los primeros años, el presupuesto fue más reducido (ver infografía), pero ya en 2017 se debería contar con $100 mil millones, una expansión financiera que permitirá agregar enfermedades y, con ello, más beneficiarios. Igualmente, deben comenzar a sesionar las comisiones que creó la ley, entre ellas la comisión ciudadana de vigilancia y control -donde participarán asociaciones de pacientes- y la de recomendación priorizada, formada por expertos. Para ello, "las 11 comisiones ya tienen protocolos establecidos", asegura la ministra. Las agrupaciones de pacientes esperan saber pronto qué enfermedades se integrarán a la ley Ricarte Soto, aunque dicen que antes de ello debe mejorar el acceso al sistema. "Hay algunos médicos que no saben entrar a la plataforma para inscribir pacientes o el sistema se demora mucho en aceptarlos y la gente lleva esperando meses", advierte Myriam Estivill, directora de la Fundación de Enfermedades Lisosomales de Chile.