Casinos de Arica y Viña del Mar podrían parar operaciones por hasta 90 días cuando ocurra el cambio de concesionario en 2018
domingo, 22 de mayo de 2016
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
Arica y Viña del Mar son los únicos casos de los casinos municipales que están en proceso de licitación en que se dará la dificultad de que el nuevo operador deberá ocupar el mismo inmueble municipal donde hoy ya opera un casino. Dificultad que dice relación con los tiempos que tendrá el saliente operador para desocupar la sala de juego y el lapso en que el ganador entrante podrá habilitar el mismo recinto con sus propias máquinas y mobiliario. Para subsanar esta dificultad, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) estableció en las bases de licitación de los casinos municipales un plazo máximo de 90 días de suspensión de operaciones para que ocurra este cambio, solo en estas dos comunas. Ello, dando la opción de que el adjudicatario solicite una prórroga, opción que el regulador la condiciona a que presente un "plan de implementación", y que cumpla cinco condiciones. Y una de ellas apunta a respetar aquel tiempo máximo de paralización y con que la época del año en que ello ocurra no entorpezca la temporada alta de visitantes. "Que el período de suspensión de operaciones del casino, desde la entrega del inmueble por parte del actual concesionario hasta el inicio de operaciones del adjudicatario, no supere en ningún caso los 90 días y que se realice en los meses de menor flujo histórico de visitas", dice el texto de las bases. También agrega otras condiciones para el adjudicatario, como que dicho plan de implementación se cumpla durante 2018; que se indique la fecha exacta en que requiere la entrega del inmueble municipal y cuánto durarán las obras de implementación de su proyecto; que la municipalidad respectiva esté en conocimiento de este plan y lo apruebe; y que tras la recepción del inmueble, en un plazo de 60 días pueda solicitar el inicio de operaciones. En la práctica, en la SCJ recalcan que esta opción de prórroga -que haría que el inmueble se entregue después del 1 de enero de 2018- obedece a que quien se adjudique puede requerir remodelar el complejo. Y para ello se consideraron los 60 días de trabajo, y luego otros 30 para que la SCJ verifique el cumplimiento. En el ente regulador destacan además que dicho plazo máximo de 90 días de "para" es un escenario "límite", pues -dicen- podrían darse otras situaciones que lo reduzcan, o que incluso lo eviten. Por ejemplo, que el adjudicatario sea el mismo operador actual, o que haya un acuerdo entre el saliente y el entrante. "Creemos que existirán incentivos entre las partes para buscar escenarios 'sin para' (...) En esta etapa, lo relevante era dejar abierta la posibilidad para garantizar la viabilidad del cambio de operador en cualquier escenario", manifiestan en la SCJ. Aunque en la SCJ estiman que los 30 días finales para verificar los cumplimientos son un escenario "estándar", no todos están de acuerdo. El ex superintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva, vaticina que los 90 días van a ser un tiempo "insuficiente". Esto, porque sus cálculos lo llevan a otro escenario: dice que tras los 60 días que tendrá el adjudicatario para hacer su remodelación, los 30 días posteriores para SCJ serán insuficientes, pues lo normal es que el regulador demore 30 días en hacer observaciones al nuevo operador y luego este se tome otros 30 días para subsanar e implementar aquello que la SCJ observó, antes de que comience la operación en sí misma. O sea, en sus cálculos, van a faltar 30 días más a los previstos, a lo menos. MIENTRAS EN LA SCJ ESTIMAN que los 90 días de "para" es un escenario "límite" y que incluso se podría evitar, el ex superintendente Francisco Leiva estima que será un tiempo insuficiente.
