Postulaciones rechazadas

miércoles, 11 de mayo de 2016

Editorial
El Mercurio

Es difícil no percibir una cierta arbitrariedad en la decisión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) de excluir a tres universidades que habían postulado a integrarse al sistema único de admisiones que se realiza a través de la PSU. En medio del confuso clima en que el Gobierno elabora su proyecto de reforma al sistema de educación superior -en que hasta ahora se identifican con más claridad los prejuicios de las autoridades y los intereses en pugna que las propuestas para mejorar la calidad-, la acción del CRUCh no favorece la imagen de esa institución.

La postulación de la Universidad Bernardo O'Higgins habría sido rechazada por no cumplir esa casa de estudios con el requisito de un mínimo de cuatro años de acreditación -solo tiene tres- para postular al sistema único de admisiones. Se podría argumentar que la exigencia de ese requisito por parte del Consejo de Rectores es clara y la institución no debió postular, pero hay universidades de esa organización que tienen los mismos tres años.

Más discutible aún es la decisión del Consejo respecto de las universidades San Sebastián y Autónoma. Sus postulaciones fueron rechazadas con el argumento de que no podrían probar que fueran instituciones sin fines de lucro. ¿Qué significa una afirmación de esta naturaleza? ¿No han recaído similares sospechas sobre otras instituciones universitarias que sí han sido aceptadas en el sistema único de admisión? La sola sospecha no prueba el incumplimiento y difícilmente puede justificar una resolución como la adoptada por el CRUCh. La realidad es que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Educación, pese a diversas denuncias e indagaciones, no han podido encontrar evidencia de que estas instituciones estén incumpliendo la ley que impide el lucro en las corporaciones universitarias. Incluso, la Universidad Autónoma es una de las instituciones que participan de la política pública de gratuidad. Si el Estado hubiese actuado con el mismo criterio del Consejo de Rectores, habría cometido una ilegalidad.

La decisión no solo es grave por estas razones. No se puede olvidar que el sistema de admisión es financiado por los estudiantes (recursos propios en el caso de estudiantes provenientes de colegios privados y aportes del Estado en el caso de jóvenes que estudian en liceos municipales y colegios particulares subvencionados). A ellos y sus familias se les facilita el proceso de postulaciones a las universidades a través de un proceso único, y en la resolución del CRUCh no se ven razones de peso que justifiquen el haberles restringido esa posibilidad.

No se puede olvidar que el sistema único de admisión a las universidades es financiado por los estudiantes y que les facilita a ellos el proceso de postulación.