Un solo proveedor representa el 25% de las compras del Ejército, y Defensa estudia cambios en sistema de adquisiciones
domingo, 08 de mayo de 2016
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
Una industria compuesta por 120 empresas provee al Ejército de materiales que van desde vestuario hasta piezas para blindados y helicópteros. La mayor empresa privada del rubro es C&M, del ex oficial de la institución Virgilio Cartoni, y que representa un cuarto de todas las compras de esta institución, según cifras proporcionadas por la entidad castrense. Pablo Obregón Castro
as esquirlas de la investigación que lleva adelante la justicia sobre el patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, alcanzaron un radio inicialmente impensado: toda la industria de proveedores de la institución. En el marco de las indagatorias que llevan adelante el fiscal José Morales y el ministro en visita Omar Astudillo, la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) está revisando toda la documentación relacionada con las compras del Ejército entre 2010 y 2014, años en los que Fuente-Alba era el comandante en jefe de la institución. El encargo que tomó la Bridef no es menor. Este es un mercado millonario y complejo, en el que operan más de 120 empresas proveedoras y en que las compras promedian los US$ 200 millones al año entre 2005 y 2014, solo considerando el material que se adquiere con cargo a la Ley Reservada del Cobre. En este campo opera una compleja red de empresas extranjeras, representadas en Chile generalmente por ex oficiales que, cada cierto tiempo, se enfrentan en tribunales o en Contraloría. La impugnación de licitaciones, investigaciones y auditorías son parte de esta actividad, en la que el poder civil no tiene el control total se la situación. Pero esto podría cambiar. Nuevo esquema de compras limitaría lobby El Ministerio de Defensa estudia una nueva doctrina en materia de compras militares, en la que el Ejecutivo tendría un mayor control sobre los recursos. El sistema de compras del Ejército depende del Comité Permanente de Adquisiciones y del Comando de Apoyo a la Fuerza, repartición que está bajo el mando del general de división Guido Montini. De esta unidad se descuelga la Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército, que tiene como misión elaborar los requerimientos técnicos y la matriz de evaluación que serán utilizados en los procesos de licitación. Según proveedores del Ejército que prefieren mantenerse en reserva, es en esta instancia donde se generan las condiciones para, eventualmente, favorecer a un proveedor por encima de otro: "Se le asigna a un grupo de oficiales la tarea de analizar los proyectos y encontrar las mejores soluciones tecnológicas. Analizan las alternativas que hay en el mercado y dicen 'esto necesito'. El problema es que esos estudios generalmente salen coincidentes con las soluciones que ofrecen ciertos proveedores. De ahí en adelante, todo el proceso es regular, pero las bases de licitación ya están orientadas para que las puedan cumplir un grupo de empresas ya definido", afirma esa misma fuente. Con posterioridad a la etapa de análisis, el comandante en jefe del Ejército, con la asesoría de un comité de oficiales, toma la decisión final y envía el proyecto al Ministerio de Defensa para su revisión y aprobación. Al tratarse de compras reservadas, no todas las licitaciones son abiertas. En algunos casos se trata de licitaciones privadas, en que el Ejército convoca a algunos proveedores registrados en la base institucional de datos, y en otros, el camino que se adopta es el trato directo. Esto último ocurre por razones de confidencialidad. Fuentes de Gobierno reconocen que este mecanismo de compras es poco transparente y adelantan que durante la cuenta anual del Ministerio de Defensa se entregarán algunas luces sobre la doctrina que quiere implementar el Ejecutivo en esta materia. Por lo pronto, dicen esas fuentes, el sistema de compras se ha ralentizado a causa de los mayores controles que se han implementado durante los últimos meses. La idea es contar a futuro con un esquema de compras militares en que el poder civil tenga algún control en las instancias en que se resuelve qué comprar, de modo que el rol de las autoridades no se circunscriba solo a aprobar o rechazar los proyectos que ya vienen zanjados por las ramas; evaluar cuál es el tiempo máximo que los uniformados pueden desempeñarse en las unidades que están a cargo del desarrollo de proyectos y de compras y establecer mecanismos para controlar las actividades de lobby de las empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas. El segundo semestre de este año el Gobierno presentará, además, un paquete de indicaciones para reactivar el debate legislativo del proyecto que pretende modificar la Ley Reservada del Cobre. Disputa por US$ 200 millones Las primeras acciones de la fiscalía respecto del general Fuente-Alba reavivaron disputas entre viejos conocidos en el mundo de los intermediarios de material militar. El ex oficial de Ejército y hoy gerente general de la empresa Mar Azul, Patricio Reyes, presentó en la semana una querella por delitos de fraude al fisco contra el dueño de C&M, Virgilio Cartoni, quien representa en Chile a cincuenta empresas del ámbito militar y que es sindicado como el principal proveedor del Ejército y cercano al general Juan Miguel Fuente-Alba. La denuncia de Reyes -quien en el pasado ha presentado otras acciones legales contra Cartoni, sin éxito- señala que el empresario habría evitado pagar impuestos por $1.038 millones con la complicidad de funcionarios castrenses, quienes, según la denuncia, habrían modificado las bases del concurso para favorecer a la firma de Cartoni en la compra de uniformes militares por unos US$ 11 millones en 2011. Cercanos a Cartoni, en tanto, señalan que el empresario devolverá el golpe y que iniciará acciones legales contra Reyes, por injurias y calumnias. El 2 febrero de 2015, Cartoni y la integrante del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, firmaron un mandato para que la abogada lo represente ante cualquier tribunal del país. Pero ¿qué hay detrás de esta sucesión de acciones legales entre empresarios que además vistieron el mismo uniforme? Según ex oficiales consultados por "El Mercurio", detrás de esto subyace un intento por rebarajar el naipe en la industria de la defensa, donde más de 120 empresas -entre las que están C&M y Comercial Mar Azul- compiten por una porción de un mercado que mueve US$ 200 millones al año. Estos recursos no están, en todo caso, a disposición de las Fuerzas Armadas para utilizarse libremente, sino que están depositados en cuatro cuentas distintas -una del Ejército, una de la FACh, otra de la Armada y una cuarta que pertenece directamente al Ministerio de Defensa-, y cada giro que se realiza de estas cuentas debe ser aprobado por Defensa y Hacienda. En definitiva, el Poder Ejecutivo decide cuánto gira de estas cuentas, de manera similar a lo que ocurre con los fondos soberanos. C&M les vende a seis ramas Según proveedores del Ejército, C&M es la empresa que por años se ha adjudicado la mayor parte de las compras de esta institución. El propietario de C&M es el ex oficial de Ejército Virgilio Cartoni, primo de los generales retirados Patricio y Alessandro Cartoni. Su nombre saltó a la palestra esta semana, luego que trascendiera que en 2008 el dueño de C&M compró en una automotora de Santiago un Audi de segunda mano que resultó ser del general Fuente-Alba. Cercanos a Cartoni indican que el vehículo fue comprado a precio de mercado y que al momento de la compra Fuente-Alba no era comandante en jefe de la institución. Agregan que Fuente-Alba es cercano a un primo de Cartoni, con quien fue compañero de curso en la Escuela Militar, pero no con el empresario. ¿Las compras del Ejército suelen favorecer a C&M? Hay distintas versiones. El Ejército señala que del total de compras que realiza la institución, el 25% corresponde a adquisiciones de empresas representadas por C&M; 40% a Famae, y el 35% restante a través de otras empresas. Los números que entrega el Ejército, en todo caso, no se circunscriben a compras de carácter militar, sino que incluyen combustible. Empresarios del sector, en cambio, indican que las compras a C&M llegan al menos al 65% del total, dado que prácticamente la totalidad de los repuestos que utiliza Famae en la mantención de los equipos del Ejército son también comprados a C&M. Consultado el Ejército acerca de las compras de Famae, la respuesta fue: "Famae es una empresa del Estado que depende del Ministerio de Defensa, por lo que el Ejército no controla sus operaciones comerciales". En el Ministerio de Defensa tampoco entregaron cifras al respecto. Cercanos a Cartoni indican que C&M les vende a las seis ramas armadas -Ejército, FACh, Armada, Carabineros, Gendarmería y la PDI-, lo que echaría por tierra la tesis de que su éxito comercial responde a su cercanía con oficiales del Ejército. El negocio es la posventa C&M ha estado recurrentemente en el ojo del huracán. Desde su creación hace treinta años, ha sido investigada por la Contraloría y ha enfrentado juicios con otros proveedores del Ejército. Pese a esto, cercanos a la empresa aseguran que nunca la Contraloría ni los tribunales han encontrado argumentos suficientes para revertir algún negocio entre C&M y el Ejército y que nunca le han cobrado una boleta de garantía Fuentes cercanas a C&M agregan que esta empresa ni ninguna otra puede venderle armas al Ejército. Las compras de ese material se negocian Gobierno con Gobierno, y lo que hacen los representantes de las marcas internacionales es entregar soporte técnico a posteriori. C&M es el mayor representante de estas empresas en Chile y sus cercanos indican que es una obviedad que esta empresa sea el principal proveedor de repuestos y material del Ejército considerando que es la primera empresa chilena dedicada a esta actividad y que tiene la representación de 50 compañías: "si el Ejército tiene aparatos de Eurocopter, es obvio que le va a comprar servicios y repuestos al representante de la marca", afirma esa fuente, la que agrega que también existe la posibilidad de comprar repuestos no originales o excedentes a otros Estados. Un competidor de C&M coincide en que el negocio de los proveedores del Ejército no es la venta de armas, sino los servicios de posventa: "si usted compra equipos por cien pesos, tendrá que gastar diez pesos en posventa. Ahí está el negocio. Esto es igual que si usted se compra una impresora: el negocio para el proveedor no es la impresora, sino venderle la tinta, que es lo que menos se fiscaliza". Por ejemplo, la compra de tanques Leopard alemanes se negoció gobierno con gobierno, pero en 2014 la institución adquirió repuestos para esos blindados que ofrece el fabricante Krauss Maffei Wegman, representada por C&M. Pese a las denuncias, en el Ejército descartan investigar a sus proveedores, puesto que la institución solo tiene atribuciones para fiscalizar responsabilidades del personal de la institución y no de terceros ajenos al Ejército". ¿Existe la posibilidad de limitar la participación de C&M? "C&M ha presentado solicitudes de inscripción a nombre de diversas empresas extranjeras, y cuando ha actuado como representante ha acompañado los respectivos documentos legales, en que las empresas han optado por dicho representante, no correspondiendo al Ejército objetar o limitar su participación", señaló la institución. US$ 200 EN ALGUNAS licitaciones el Ejército solo convoca a ciertos proveedores registrados en su base de datos, y en otras el camino es el trato directo.
millones al año entre 2005 y 2014 sumaron las compras que realizó el Ejército con cargo a la Ley Reservada del Cobre.
