sábado, 24 de marzo de 2007
Constanza Hola, Marily Lüders
Economía y Negocios, El Mercurio
Funcionarios culpan al Ministerio de Justicia. Argumentan que hace 9 años que no les reajustan los precios y que tienen muchos gastos que cubrir.
11:45 AM. Un contenedor de números estilo fiambrería de supermercado espera a los asistentes que entran al Archivo Judicial de Santiago. "62" marca, mientras en la pantalla se visualiza el número 24. Las escasas sillas ya están llenas, así que no queda otra que esperar de pie.
"¿Dónde está el baño?", le pregunta una señora que mientras espera hace otra cola para quejarse por la mala atención con Fernando Castillo Aguirre, el Archivero Subrogante. "Acá no hay baño para el público", le contesta el guardia sin un músculo de amabilidad.
Dos de los afortunados que consiguieron asiento duermen como querubines, mientras otros tantos cabecean esperando que los atiendan o les entreguen las copias de sus papeles.
Pero sin duda se despiertan apenas llegan a la caja. "Son $52.000", le dice el cajero a alguien que pregunta por 17 carillas de copias. "$3.000 por carilla más $1.000 la firma", explica el cajero ante los ojos incrédulos.
Lo cierto es que este cobro es el triple del legal para este organismo que tiene como función custodiar los documentos judiciales. Los aranceles que debiera cobrar se establecen por un Decreto Supremo del Ministerio de Justicia que cuelga justo arriba de la cabeza del cajero. Éste estipula que se cobrará entre $200 y $650 por carilla, dependiendo del tipo de documento, con un recargo del 50% en Santiago. Es decir, máximo debiera cobrarse $975 por carilla. Sin embargo, actualmente se cobra $3.000 por carilla. Si a eso se le suma que cada documento debe certificarse con la firma del archivero -1.000 más por copia- , la tarifa sigue subiendo.
Ellos se justifican. "Han pasado 9 años y no se nos han hecho aranceles de nuevo. Hemos pedido audiencia a todos los ministros de Justicia desde entonces, pero no nos han recibido. Frente a esto el Archivo Judicial ha tenido que subir estos aranceles por necesidades administrativas", explica Edith González, vocera del Archivo.
Como los sueldos de los empleados dependen directamente de los aranceles, éstos alegan que en ningún trabajo -ni público ni privado- los sueldos dejan de reajustarse en nueve años. Pero más allá de su obsolencia, lo legal no deja de ser lo legal, dicen desde el gobierno.
"El arancel vigente para los Archiveros fue fijado por el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 590 de fecha 27 de noviembre de 1998. Aunque lo estimen obsoleto, está vigente", responde Constanza Collarte, jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia.
La fiscalización del tema debiera correr por cuenta del ministro visitador de la Corte de Apelaciones. Desde enero pasado -operativamente desde marzo- es Manuel Valderrama, pero como acaba de asumir el cargo, aún no lo visita.
Además, fuentes de Tribunales aseguran que no existe capacidad para hacer más de una visita anual, cuyo informe es visado por la Corte. La última fue realizada por la ministra Dobra Luksic el año pasado, pero El Mercurio no logró acceder a ella por "no ser información pública", según explican en la oficina de la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Más allá de quien controla, al mes son tramitadas alrededor de 25 mil carillas, lo que significa que se recaudan en torno a los $75 millones. De esos, "menos del 30% van a la Archivera", según cuenta González. El resto se reparte entre los 48 empleados del recinto. Sin embargo, a la archivera le quedan $250.000 más diarios por concepto de "firma".
Desde el Archivo explican que los gastos de mantención son muy elevados. "Nosotros no recibimos ninguna subvención", explica Fernando Castillo, archivero suplente e hijo de la titular, que se encuentra actualmente con licencia médica, según cuentan sus empleados.
Las tres bodegas con que cuenta el archivo son arrendadas y cuestan alrededor de $10 millones al mes. A eso se suman ciertas medidas especiales para el resguardo de los archivos como luz trifásica -$700.000 al mes-, además de las cuentas típicas. En resumen, de los ingresos percibidos de los aranceles se descuentan los gastos de personal, almacenaje, arriendos y traslados, ya que todos los desarchivos y causas requeridas por fiscalía y tribunales corren por parte del Archivo.
Sin embargo, aún queda bastante por hacer. Fuentes judiciales comentan que las carpetas "se las están comiendo los ratones", cosa que el personal del Archivo desmiente. No hay baños para el público y aún no existe un sistema de seguridad o un respaldo digitalizado que permita evitar pérdidas de causas.
Cargo de extrema confianza
"La señora está enferma. Pero hable con el que la reemplaza. Es el hijo", cuenta uno de los empleados del archivo al preguntar por la Archivera, Hilda Aguirre.
No es un secreto para nadie dentro del lugar. Cuando "la señora" -como llaman a Aguirre en el Archivo- se va de vacaciones o con licencia, el archivero suplente es Fernando Castillo Aguirre, su hijo.
Consultado, Castillo se apresura en aclarar que fue nombrado por resolución judicial emanada de la Corte, la cual muestra. "Este es un cargo de suma confianza, no puede ser ocupado por cualquiera", explica.
Tiene razón. De su firma dependen compromisos y libertades. Causas y escrituras de varios santiaguinos.
Las funciones del archivero judicial: El custodio
Aunque la figura del Archivero Judicial es común en el mundo de las leyes, la mayoría de las personas comunes no lo conoce hasta que -por desgracia- debe requerir algún papel.
Sin embargo el archivero judicial es -junto con los conservadores de bienes raíces, de minas y los notarios- uno de los cuatro auxiliares de la administración de la justicia que sufren una dualidad. En obediencia dependen de la Corte, pero administrativamente son autónomos, por lo que perciben sueldos millonarios de los cobros que recaudan de los usuarios. Sueldos que superan con creces a cualquier empleado de la administración pública, incluida la Presidenta de la República.
Su función es básicamente custodiar las escrituras públicas, sentencias, protocolos y expedientes judiciales, y trasladarlos a los tribunales y fiscalías cuando éstos los requieran. Además de permitir a cualquier persona acceder a sus archivos.
Además, su firma sirve como certificación de la autenticidad de los documentos copiados.
