Caso Leopard: Cuentas en paraísos fiscales fueron claves para condenar
domingo, 10 de abril de 2016
CINTHYA CARVAJAL
Nacional
El Mercurio
Detalles de la indagación que terminó con una pena de 541 días remitidos para los oficiales (r) del Ejército Luis Iraçabal y Gustavo Latorre tras fallo de la Suprema.
Tras 11 años desde que surgieron los primeros antecedentes acerca de pagos de comisiones ilícitas a altos oficiales del Ejército por la adquisición de 200 tanques holandeses Leopard I-V, entre 1995 y 1998, el caso tuvo un vuelco importante. Hace dos semanas, la Corte Suprema revirtió el fallo que sobreseía por prescripción el delito de malversación de caudales a los oficiales en retiro del Ejército Luis Iraçabal Lobo y Gustavo Latorre Vásquez, ex director y ex gerente comercial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), respectivamente. Ambos fueron condenados a 541 días de presidio remitido por su responsabilidad en este ilícito, ya que se acreditó un pago de comisiones ilegales de más de 298 mil dólares para cada uno (596 mil dólares en total). El Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrió al máximo tribunal tras dos sentencias desfavorables, de primera y segunda instancia, que aplicaron la figura de prescripción, por lo que tuvieron que recurrir de casación en dos oportunidades. Uno de los primeros casos en los que se comenzó a hablar de cuentas de las sociedades constituidas en paraísos fiscales fue en el caso Riggs, donde se investigó el patrimonio del general (r) Augusto Pinochet y desvíos de dineros por gastos reservados. El pago de las comisiones ilícitas en el caso Leopard fue descubierto luego de que el CDE contratara abogados en EE.UU., lo que permitió alzar cuentas y descubrir las sociedades panameñas off shore por las cuales se transfirieron dineros a las cuentas que Iraçabal y Latorre mantenían ocultas en bancos de Miami (ver infografía). Fue justamente en esta causa donde surgieron las primeras pistas de que oficiales del Ejército habrían utilizado a Famae para el pago de comisiones ilegales a su favor. Este mismo modus operandi se detectó en el caso de tráfico de armas a Croacia de 1991, arista que también surgió en el caso Riggs, pero que la Corte Suprema sobreseyó por prescripción. Las transferencias fueron efectuadas por Óscar Aitken Lavanchy, ex albacea de Augusto Pinochet e intermediario de los pagos, quien creó Cornwall Overseas Corp. y Eastview Finances, ambas sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas y que sirvieron de vehículo para pagar las comisiones ilegales a Iraçabal y Latorre. Además, estas firmas forman parte del esquema de ocultamiento del patrimonio de Pinochet (Aitken no fue condenado, ya que según la indagatoria intervino como un privado y no como un funcionario público). También intervino el periodista Guillermo Ibieta Otto, conocido intermediario de negocios de armas, que también aparece vinculado con el caso de las fragatas holandesas y que falleció en 2012. En 1997 se concretó la oferta formal de la empresa RDM Technology al Ejército de Chile, por US$ 54.574.004. Sin embargo, los tanques terminaron costando US$ 63.052.133,00, por los casi US$ 9 millones de comisiones que debieron pagarse. De este último monto, solo se determinó que eran ilegales US$ 596 mil, ya que el resto sería entre privados. Según el abogado del CDE, Rodrigo Reyes, el organismo "perseveró hasta lograr la condena a los autores y ex directivos de Famae que recibieron parte del precio que Chile pagó por estos tanques. Por eso consideramos que esta sentencia es histórica".
Los oficiales (r) deben pagar al fisco 480 mil pesos (11 UTM, aprox.), según la sentencia de la Suprema.
