Visitas a centros del Sename detectan aumento del 91% en intentos de suicidio de jóvenes
domingo, 10 de abril de 2016
MARIO GÁLVEZ
Nacional
El Mercurio
Servicio responde a las observaciones, pero reconoce menos casos que los informados en las actas de la comisión interinstitucional. Expertos plantean su preocupación.
Las visitas realizadas por la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (CISC) a los lugares administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) arrojaron que los intentos de suicidio de jóvenes internos infractores de la ley aumentaron en 90,9%, al comparar los segundos semestres de los años 2014 y 2015. Además, un adolescente que cuatro días antes había ingresado al Centro Semicerrado de Puerto Montt se quitó la vida cuando estaba en sus horas libres, fuera del recinto (ver recuadro). Si entre julio y diciembre de 2014 se declararon 22 intentos de suicidio, un año después las visitas de las comisiones a estos centros detectaron 42 casos. Ello, sin tomar en cuenta las lesiones autoinferidas, simulaciones, descompensaciones o actos de presión de jóvenes internos para revertir decisiones disciplinarias, según declararon los funcionarios a la CISC. Este sistema de fiscalizaciones comenzó a aplicarse en 2007, pero solo a partir de 2011 se incorporó la pregunta sobre los intentos de suicidio. Al revisar las actas desde esos años, solo se especifica el número de casos a partir del segundo semestre de 2012 y, desde entonces, ninguna había detallado un número tan alto como los registrados en 2015 (ver infografía). Estas comisiones, que funcionan en todo el país, son integradas por representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, fundaciones, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal Pública, ONG y Unicef. En regiones se integran también académicos de universidades. Realizan al menos dos visitas al año, quedando constancia en actas de las revisiones según parámetros claramente especificados en un formulario tipo. Las medidas del Sename El Sename asume que hay un problema con estos internos infractores de la ley que debe abordarse de manera especial. Su directora, Marcela Labraña, señala que "la salud mental de los jóvenes que ingresan con condena al Sename es prioritaria para esta gestión, ya que sabemos que con tratamiento de salud mental nos acercamos más a una real reinserción social". La autoridad delineó las medidas que están adoptando, tales como mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y el Ministerio de Justicia; instalación de unidades de hospitalización de corta estada, que funcionan al interior de estos centros (ya hay cuatro); el diseño de un plan especializado para los funcionarios de justicia juvenil, y el diseño de planes preventivos y protocolos ante riesgo de suicidios, entre otros. Respecto de las cifras, el Sename no coincide con el informe CISC de San Bernardo. Según sus estadísticas, no hay 15 casos en el segundo semestre de 2015 -como lo informa la comisión-, sino que el número corresponde a los hechos ocurridos durante todo el año. No obstante, las actas de la CISC desglosan cinco casos en el primer semestre y otros 15 en el segundo semestre. Descontando los 15 intentos de suicidio que informa el acta de fiscalización, solo habrían ocurrido 31 situaciones durante 2015, asevera el Sename. De igual manera, la cifra excede a las registradas en los años anteriores. Marcela Labraña argumenta también que los segundos semestres de cada año son muy delicados. "Hay fechas emocionalmente complejas para los jóvenes, cuando deben enfrentar el hecho de que estarán privados de su libertad, lo que implica desarraigo familiar, separación de sus redes de amigos y sintomatología asociada al síndrome de abstinencia de droga", dice. Sin embargo, llama la atención que en los oficios-respuestas de las direcciones regionales del Sename a los informes del CISC, ninguno menciona estos casos de intentos de suicidio o situaciones complejas. Ni siquiera el caso de Puerto Montt, donde falleció el joven infractor de ley. Según Sename, todas las observaciones se responden, pero "los intentos de suicidio no estaban incluidos en dichas observaciones, ni el caso de Puerto Montt ni en otras regiones". Ello, porque según la propia CISC -añade la respuesta del servicio a este diario-, "las observaciones negativas son las que pueden ser de riesgo para los jóvenes o para el funcionamiento de los centros". El juicio de los expertos Sin embargo, los especialistas plantean sus inquietudes por lo que está ocurriendo. Para Miguel Cillero, doctor en Derecho y experto en el tema de justicia juvenil, los intentos de suicidio son un indicador que todos los organismos internacionales y académicos recomiendan monitorear con particular dedicación, "y que debería llevar a la toma de medidas urgentes a nivel administrativo (Sename o Gendarmería, según corresponda) y judicial (jueces de garantía encargados del control judicial de la ejecución, Defensoría Penal Pública y Ministerio Público)". El principio rector en esta materia "es que los órganos del Estado tienen una posición de garante de los derechos de los adolescentes privados de libertad y es su deber proteger su vida y salud física y mental", añade. El aumento registrado según las actas de la CISC "exige de manera urgente una rápida revisión de los protocolos de contingencia" y fortalecer de modo permanente los recursos institucionales y humanos "relativos a garantizar los tratamientos relativos a la salud mental de los adolescentes privados de libertad, para lo cual deben revisarse los protocolos y programas que a través del Senda se despliegan" al interior de estos centros. El ex director del Sename Francisco Estrada agrega que el problema se ha intentado atender desde los programas de Senda para el consumo problemático de drogas o alcohol, "pero la verdad es que las problemáticas de salud mental exceden el uso abusivo de drogas y los equipos no fueron diseñados para estos temas". Se suma a ello que "una vez que salen en libertad, el Estado de Chile carece de una política de salud mental infanto-adolescente". Para Estrada, no es el Sename el que debe contar con especialistas en salud mental. "Esa es tarea legal y política del Ministerio de Salud. Ni el mejor Sename podría abordar casos de esquizofrenia, brotes sicóticos, patologías duales. Esa es una tarea pendiente del sector salud". Unicef: hacia el rediseño de los centros El oficial de protección de Unicef Anuar Quesille agrega que esta realidad plantea como principal desafío la reforma al sistema penal adolescente, más allá de los contenidos de la ley. "Es necesario mejorar los programas y las intervenciones, principalmente de tratamiento de consumo problemático de drogas y alcohol. Ello implica que la oferta de salud no se agota solamente cuando se establece un plan de trabajo con el joven que tiene algún problema; ese trabajo debe ir más allá, con un seguimiento y un acompañamiento, incluso después de que este cumpla la sanción". Y también debe cambiarse el diseño de los centros, "y es algo en lo que el Ministerio de Justicia y Unicef han estado de acuerdo", asevera. Los nuevos recintos deben ser pequeños, sin problemas de infraestructura y con intervención personalizada, para cumplir la finalidad de la pena, como es la reinserción, la resocialización y la reconciliación del adolescente con la sociedad.
La comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros realiza visitas dos veces al año.
