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"Jamás voy a aceptar que una trayectoria de 35 años en política termine ensuciada en una apresurada e irresponsable acusación de cohecho"

domingo, 03 de abril de 2016

Alfonso Peró V.
El Mercurio

Luego de su renuncia a la UDI, el ex senador y ex ministro sale por primera vez a responder todos los cuestionamientos anunciados por la fiscalía. Sin eludir ningún tema, dice: "Me voy a defender con la mejor herramienta: la verdad".

Continuamente se arregla el cuello de su camisa. Sobre todo cuando quiere ratificar aún más lo que ya está reafirmando. A la izquierda de su escritorio tiene una cafetera Illy que solo ocupó una vez durante las más de dos horas de entrevista. Encima de la mesa abundan libretas negras con marcas blancas, que señalan las diversas materias que se encuentra analizando.

Pablo Longueira, ex ministro de Economía, ex senador, ex diputado y uno de los fundadores más emblemáticos de la UDI, ha trabajado intensamente con su abogado, Alejandro Espinoza. Durante esta semana la fiscalía anunció que lo formalizará por cohecho. En principio, y junto a su defensa, había decidido no hacer nuevas declaraciones públicas hasta el término de la fase judicial, en la que tiene la convicción de que demostrará su inocencia.

Y ha mantenido sin variaciones esta decisión, solamente interrumpida esta semana por la declaración en la que él mismo informó a la opinión pública que sería formalizado a través de un comunicado de prensa enviado a los medios por uno de sus hijos.

Longueira, sin embargo, optó por abordar la tramitación del proyecto de ley que modificaba el royalty .

Relata: "Mientras caminaba a hacerme un examen de rutina en la clínica se me acercó un matrimonio que, junto con saludarme afectuosamente, me dijo: "Don Pablo, cuente su verdad, no se quede callado, defiéndase públicamente"". Y agrega que ese día tomó la decisión de referirse a un aspecto que para él es central: explicar la razón por la que, tras pedírselo el ministro Cristián Larroulet, ayudó al gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera a generar un acuerdo político amplio y transversal para sacar adelante el proyecto de ley que modificaba el royalty, o impuesto específico a la minería, que había sido rechazado por la mayoría del Congreso, con el objeto de aumentar los recursos para la reconstrucción del país tras el terremoto que afectó a Chile en febrero de 2010.

"Concuerdo en que los otros temas deben ser aclarados en el proceso judicial, pero para mí es absolutamente inaceptable que se siga desnaturalizando el rol que me correspondió en el acuerdo político del royalty" . En esta entrevista, Pablo Longueira entrega detalles del papel que jugó en el proyecto del royalty para la minería, luego que esta semana se anunciara su formalización por delitos tributarios y cohecho en el caso SQM.

-El fiscal del caso, Pablo Gómez, ha señalado que cuando usted fue citado usó el derecho a guardar silencio y que al ser nuevamente citado postergó su declaración.

-Aclaremos esto: fui citado, y comparecí ante el fiscal Gómez el 4 de enero pasado, cuando esta investigación no comenzaba. Se levantó un acta donde el fiscal expresó que se investigaban delitos tributarios. Nada me dijo sobre esta arista de cohecho, no obstante que la fiscalía tenía todos los correos desde muchos meses antes. De manera que nadie puede decir que respecto de la investigación por cohecho he sido citado y guardado silencio. Más aún, mi abogado Alejandro Espinoza le envió un correo al fiscal Gómez con fecha 11 de marzo manifestándose expresamente nuestra voluntad de prestar declaración, previo conocimiento de los antecedentes de la investigación. Dichos antecedentes se los entregaron el día jueves 31 de marzo; es decir, un día antes de esta entrevista. No solo estoy disponible para declarar, sino también voluntariamente permití al señor fiscal examinar mi cuenta corriente; diligencia que ya se realizó.

-¿Fue Patricio Contesse el financista de sus campañas políticas?

-Soy amigo de Patricio desde hace muchos años; más de veinte, creo. Nos unen muchas cosas comunes y tengo respeto por él y por sus convicciones personales y religiosas. Siempre me ha parecido miserable la actitud de quienes resaltan la amistad en los momentos de éxito y la niegan cuando vienen dificultades. Un medio publicó hace un tiempo que él me decía "coronel", por la denominación que nos daban en la UDI a los fundadores, y yo le llamaba "general" cuando hizo el curso de reservistas del Ejército. Eso es verdad, muestra nuestra cercanía y amistad, y nunca lo voy a negar. En estas décadas en la actividad pública he construido relaciones de amistad con personas de todos los sectores políticos.

-Quiero ser en esto categórico: en los años en que me desempeñé como senador o ministro, nunca le solicité a Patricio Contesse, ni tampoco él me ofreció, dinero o aporte económico de ninguna naturaleza, sea conectado con las funciones públicas que tuve o por cualquier otro motivo o razón indebida o ilícita. En mis campañas, de haber aportes, ellos fueron por las vías legales. Lo mismo puedo decir en relación con la empresa SQM o sus filiales, sus controladores o ejecutivos. Tampoco he recibido ni un centavo de las personas o instituciones que mencionaba como relacionadas conmigo en el informe que un estudio de abogados americano realizó para SQM. Ni un peso. Por eso es que mi abogado pidió voluntariamente a la Fiscalía que examinara mi cuenta corriente.

-Sin embargo, en su informe, la firma de abogados Sherman & Stearling asegura que personas relacionadas con usted sí recibieron recursos de SQM.

-Ese informe en ninguna parte dice que yo haya recibido recursos de SQM. Y es más, dice expresamente en sus conclusiones -saca una carpeta de su escritorio y lee- que "no identificaron evidencia que demuestre que los pagos se hicieron con el fin de inducir a cualquier funcionario público a actuar o abstenerse de actuar con el objetivo de ayudar a SQM a obtener o retener negocios". Nadie destaca eso cuando se analiza esta materia.

-Pero sí afirma el informe que personas cercanas a usted recibieron recursos de la empresa.

-En eso se comete un error garrafal. Le doy un solo ejemplo, y hay muchos otros, de las numerosas imprecisiones que contiene ese informe en lo que a mí respecta. Sherman & Stearling afirma que yo estaría relacionado con la Corporación de Asuntos Públicos, agregando que dicha corporación recibió 133,2 millones de SQM. Téngalo claro: no tengo ni he tenido con esta corporación jamás, que se entienda bien, jamás ningún tipo de vinculación, sea como fundador, socio, director, prestador de servicios, ni menos he recibido ningún peso de dicha institución en ninguna calidad, por lo que desconozco la razón por la cual dicho informe me vincula con esta entidad. El daño que se ha hecho y la liviandad de esta afirmación son impresionantes.

-¿Y respecto de las eventuales donaciones a otras de sus fundaciones, como Chile Justo y Fundación Web?

-Le agradezco que me haga esta pregunta para salir al paso de una cantidad increíble de falsedades que se han propalado, pues el informe Sherman & Stearling atribuye a estas fundaciones la mitad de los dineros con que se me vincula. Todo esto también se aclarará en el proceso; no le quepa ninguna duda. Le puedo adelantar que en las fundaciones que ayudé a crear se cumplieron sus objetivos sociales, y no se recibieron ni otorgaron dineros para campañas políticas ni para ningún otro fin indebido. La Fundación Web, por ejemplo, ha apoyado a más de 900 emprendedores de escasos recursos a tener su página web en forma gratuita. En ellas SQM fue una de las varias empresas que apoyaban la labor de estas fundaciones. Todos los aportes se hicieron por las vías legales mediante certificados de donación.

-En otra materia, ¿cómo explica su rol en la Ley del Royalty a la Minería y los correos con Patricio Contesse?

-Para mí, este es un aspecto central que quiero aclarar públicamente en este momento y es una de las razones por las que acepté dar esta entrevista. Es clave entender el momento que vivía el país en esa época. El 27 de febrero de 2010 el país fue afectado por el más devastador terremoto y tsunami del siglo XXI. Para el gobierno del Presidente Piñera, el diagnóstico fue claro: cerca de un cuarto de millón de familias estaban damnificadas, y se necesitaban urgentemente recursos adicionales para enfrentar la catástrofe. A mucha gente se le olvida eso. Es muy importante recordar también que a pesar de que la Alianza por Chile había logrado ganar las elecciones presidenciales, seguía siendo minoría en el Congreso. Era claro que solo mediante acuerdos políticos con la Concertación era posible legislar y sacar adelante proyectos tan importantes como el financiamiento de la reconstrucción.

Su rol en el acuerdo político

-Primero aclaro que, como siempre, voté favorablemente el proyecto de mi gobierno, que subía los impuestos a toda la industria minera. Sin embargo, lamentablemente, la parte del proyecto que establecía un aumento del impuesto específico a la minería fue rechazada por la oposición, y el Gobierno quedó sin recursos para la reconstrucción", enfatiza desde su oficina, que aún conserva mapas de su ex circunscripción, Santiago Poniente.

"Ante este fracaso en el Congreso, el Gobierno y los parlamentarios de la Alianza entendimos que este rechazo generaba una situación muy grave para el país. Así también me lo planteó el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien se reunió conmigo en el Senado el mismo día del rechazo del proyecto en la comisión mixta. Habló conmigo y me pidió que, dada mi experiencia y capacidad para generar entendimientos políticos, colaborara activamente para lograr un acuerdo que permitiera la aprobación de una ley de royalty y conseguir, de este modo, los recursos para sacar adelante la reconstrucción del país. Todos los parlamentarios de gobierno estábamos en esta misma tarea. Además, personalmente, consideré de la más alta gravedad que no existieran los recursos para enfrentar la reconstrucción. Había salido con mi familia a construir mediaguas en San Clemente y pude comprobar el inmenso dolor de tantas familias. ¿Cree usted que yo me podría restar a una petición como esa?".

-Más allá de estas reuniones, la acusación que se formula es que usted recibió un correo de Patricio Contesse con un artículo redactado en Soquimich relativo al r oyalty y que otorgaba invariabilidad tributaria a las empresas mineras nacionales, y que eso favorecería a SQM.

-Esta acusación es completamente absurda. Lo que se me quiere imputar es que yo sería una especie de empleado de SQM y habría influido indebidamente en el Gobierno y parlamentarios para obtener la aprobación de este artículo. Los hechos son simples y claros. Patricio Contesse me manifestó que había un problema de redacción del proyecto original, por cuanto, no obstante el consenso político que existía para igualar la situación tributaria de empresas mineras chilenas y extranjeras, por la redacción de este no se conseguía este propósito. Me anunció que me enviaría una minuta al respecto, que yo le dije que reenviaría a quien correspondiera, que en este caso era el ministro Larroulet. En este contexto, Patricio Contesse me manda una minuta por correo electrónico. Lo mismo hace Ricardo Lagos Weber, con una minuta que contenía, entre otras materias, una visión distinta de la de SQM.

-¿Y qué hizo usted con esas minutas?

-Ambas minutas se las remití al ministro secretario general de Gobierno, Cristián Larroulet, solicitándole que me mantuviera informado. Lo anterior es una evidencia manifiesta de que envié al ministro no solo las propuestas de SQM, sino también aquellas que sostenían posiciones distintas, como la de Ricardo Lagos Weber. Si hubiera querido influir en un sentido o en otro, no habría enviado las dos minutas, como efectivamente lo hice. Debo decirle que los senadores y diputados reciben cientos de propuestas legislativas en todos los proyectos de ley, lo que no constituye ninguna anormalidad. Decir lo contrario es cinismo.

-¿Pero usted no considera impropio enviar una minuta redactada por SQM?

-He dicho que esta acusación es absurda, y le voy a explicar por qué. Nadie en Chile discutía que había que corregir la discriminación entre empresas mineras y extranjeras. Esto jamás fue tema de discusión, ni al interior del gobierno del Presidente Piñera, ni entre sus ministros o autoridades, ni en los parlamentarios de la Alianza, ni tampoco fue tema con los parlamentarios de oposición. De manera que es ridículo acusarme de influir respecto de un punto del cual no había ninguna controversia. Para explicarlo bien, no había a nadie a quién convencer ni influir. Simplemente no era tema. Es por ello que ninguna de las autoridades con las que me reuní ni ningún ministro, subsecretario, senador o diputado, podrá decir jamás que conversé sobre este artículo específico con ellos. Simplemente, no era tema.

-¿Qué intervención le cupo en la tramitación en el Senado?

-Ninguna. El proyecto se aprobó prácticamente por unanimidad en la sala, solo con un voto en contra. En la comisión de Hacienda del Senado, de la cual no era parte ni participé de manera alguna, se estudió exhaustivamente cada artículo, y todos fueron aprobados por unanimidad. Todos estaban de acuerdo en que se debía terminar la discriminación entre empresas chilenas y extranjeras.

-¿De quién fue la idea de que no se discriminara entre empresas chilenas y extranjeras?

-Esto viene de la ley original del royalty para la minería dictada en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Le repito, no había nada en esa propuesta que fuera distinta de lo que pensaban el Gobierno y los senadores de todos los sectores. Por eso se aprobó en la Cámara Alta en forma prácticamente unánime.

-Como ministro, ¿usted firmó dos contratos con SQM el año 2011?

-No volví a saber del tema hasta que fui nombrado ministro de Economía, y luego de pasar todos los controles del Ministerio de Economía y de la subsecretaría, más de la asesoría jurídica respectiva, me llevaron los contratos de invariabilidad. Al ministro Juan Andrés Fontaine le tocó firmar la primera resolución, aceptando la solicitud, y a mí la segunda. Ambas resoluciones son idénticas, y no hacían otra cosa que aplicar la ley. No existe ninguna negociación para cambiar las normas. No está de más decir que ese año se firmaron varias otras resoluciones y contratos con otras compañías mineras chilenas y extranjeras que se acogieron a la ley. Ahora he sabido que este proyecto que originalmente rendiría 600 millones de dólares terminó recaudando, con las normas que ayudé a consensuar, 3.200 millones de dólares. Eso es más que el gasto total de todas las casas reconstruidas en Chile tras el terremoto, en todas las regiones del país. Dios sabe que esa fue mi única preocupación.

-¿Se benefició SQM con estos contratos que usted firmó como ministro?

-De la información que yo tengo, ninguna empresa minera, incluida SQM, se ha beneficiado de la invariabilidad en el royalty , pues en ningún gobierno con posterioridad a esta ley se ha buscado cambiar nuevamente las tasas de impuesto de royalty . En suma, las tasas de impuesto con esta ley aumentaron sustancialmente. Que se entienda claro que este proyecto lo que hizo, en esencia, fue incrementar los tributos a la gran minería para financiar la reconstrucción.

-¿Qué balance hace de todo este episodio?

-Con mucha humildad, quiero decirle que siempre he sabido que la política es dura y conlleva costos personales enormes. Pero déjeme decirle con claridad una sola cosa: Jamás voy a aceptar que una trayectoria de 35 años en política termine ensuciada por una apresurada e irresponsable acusación de cohecho. Me voy a defender con la mejor herramienta: la verdad.

Tras esta afirmación, Longueira guarda un largo silencio, y da por terminada esta entrevista.

"Debo decirle que los senadores y diputados reciben cientos de propuestas legislativas en todos los proyectos de ley, lo que no constituye ninguna anormalidad. Decir lo contrario es cinismo".

"Nadie en Chile discutía que había que corregir la discriminación entre empresas mineras y extranjeras (...), de manera que es ridículo acusarme de influir respecto de un punto del cual no había ninguna controversia".

"Fui citado, y comparecí ante el fiscal Gómez el 4 de enero pasado, cuando esta investigación no comenzaba. Se levantó un acta donde el fiscal señaló que se investigaban delitos tributarios. Nada me dijo sobre esta arista de cohecho, no obstante que la fiscalía tenía todos los correos desde muchos meses antes. De manera que nadie puede decir que respecto de la investigación por cohecho he sido citado y guardado silencio".

"Patricio Contesse me manifestó que había un problema de redacción del proyecto original, por cuanto, no obstante el consenso político que existía para igualar la situación tributaria de empresas mineras chilenas y extranjeras, por la redacción de este no se conseguía este propósito".

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