Aborto, razones de una decisión
jueves, 03 de marzo de 2016
Opinión
El Mercurio
Dentro de los próximos días deberé enfrentar mi votación más difícil como legislador: la relativa a la despenalización (o legalización) de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Quisiera compartir el raciocinio que me ha acompañado en este proceso. Tras un complejo discernimiento, he tomado una opción a partir de lo que entiendo son los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Derechos establecidos en la Constitución que juré hacer respetar, pero por sobre todo inmersos dentro de los principios que he defendido en política, que son los del humanismo cristiano. Aproximarme a esta decisión a partir del humanismo cristiano no significa hacerlo desde una creencia religiosa en particular. Se equivocan los que sostienen que intento "imponer" mi fe católica al resto de los ciudadanos con mi decisión. En buena hora el reconocimiento del derecho a la vida en el ordenamiento jurídico internacional no emana de ideas religiosas, sino de un consenso del estado democrático y social de derecho moderno. Es más, ha sido en nombre de religiones (o más bien de sus distorsionadas interpretaciones) que se han producido horribles crímenes en la historia de la humanidad. Baste recordar el caso de la inquisición o de las cruentas ejecuciones perpetradas por el denominado Estado Islámico en nuestros días. No. La defensa del derecho a la vida del que está por nacer definitivamente no tiene que ver con una cuestión religiosa. El ser humano en gestación desde los primeros días comienza a transformarse en un ser único e irrepetible en la especie, con identidad propia. Al poco tiempo comienza a desarrollar actividad cerebral y su corazón experimenta los primeros latidos. Es esta maravilla de su condición humana en gestación la que a mi juicio justifica darle al feto la tutela del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de la concepción, y no una razón de índole confesional. Por eso nunca puede ser un hecho lícito la acción dolosa destinada a producir un aborto. Distinto es el caso de los actos médicos necesarios para salvar la vida de la madre, cuando estos producen como efecto secundario la muerte del no nacido. Este es el genuino "aborto terapéutico" vigente en Chile desde Frei Montalva hasta los últimos días de la dictadura. Distinto también es el caso en que el feto padece una alteración estructural de carácter letal, pues en ese caso presenta una condición incompatible con la vida, la que el proyecto exige como condición previa certificar mediante un diagnóstico, el que posteriormente debe ser ratificado. La complejidad de la tercera causal, en cambio, es que no obstante el drama y los estragos físicos y psicológicos que provoca una violación, no está comprometida la vida de la madre o del hijo. Estamos en presencia de un ser humano en gestación, con la expectativa de nacer, crecer y vivir una existencia plena. Considero que siempre el poner fin a su existencia de manera voluntaria debe considerarse una acción ilícita. ¿Significa esto que la mujer violada que interrumpe su embarazo debe ir a la cárcel? En absoluto. Pero basta para ello crear la figura de eximente de responsabilidad penal para la madre, y no de legalización completa de la interrupción del embarazo en esta causal, que es lo que en estricto rigor promueve el proyecto. Al contrario, se debe perseguir con todas las herramientas al violador, y por eso la indicación de los diputados Chahín y Cornejo para que el jefe del establecimiento siempre deba poner en conocimiento del Ministerio Público el hecho de la violación. Y aun frente al extremo caso de la violación existe la posibilidad de tomar la píldora del día después, cuya provisión siempre he defendido. Lamentablemente, el proyecto se funda en el denominado derecho a elegir de la mujer. Quienes tenemos una visión más comunitaria sostenemos que nunca el ejercicio de una libertad puede llegar al extremo de disponer de la vida de otro. Aquello es más propio de un liberalismo exacerbado, o neoliberalismo. En síntesis, el drama de una violación no se soluciona con el drama de la muerte del hijo. Difícilmente puedo concebir como legislador que poner fin a la vida de un ser humano en gestación deje de ser un hecho ilícito. Mi decisión en consecuencia es votar en contra la tercera causal del proyecto. En tiempos de desprestigio de la actividad pública, se hace más imperativo que nunca el actuar con coraje y convicción, como la que tuvieron los legisladores que votaron a favor de derogar la pena de muerte, aun cuando las encuestas aconsejaban lo contrario. Matías Walker Prieto Diputado DC
