martes, 20 de febrero de 2007
Hernán Büchi. Ex ministro de Hacienda
Economía y Negocios, El Mercurio
Es interesante observar cómo las posiciones ideológicas siguen pesando demasiado e impiden plantear políticas públicas mejor discutidas, aceptadas y con metas factibles de cuantificar y controlar.
A los pocos días del inicio del funcionamiento pleno del Transantiago, no es la intención de estas líneas participar en la discusión contingente, ya sea criticando al Gobierno por las molestias y efectos negativos que se han visto estos días, o tomando la postura del Gobierno, que responsabiliza a las empresas involucradas por los problemas observados, mientras, simultáneamente, no reconoce autoridad en el tema a quienes lo critican.
Creo más valioso aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre algunos aspectos clave que hay detrás de la polémica. En particular, es interesante observar cómo las posiciones ideológicas siguen pesando demasiado e impiden plantear políticas públicas mejor discutidas, aceptadas y con metas factibles de cuantificar y controlar.
Es un hecho que hay discrepancias respecto del grado y forma en que el Gobierno debe intervenir para modificar las decisiones individuales expresadas en los mercados. En lo que no debiéramos tener diferencias es en reconocer que si el Ejecutivo opta por intervenir, tiene la obligación de expresar no sólo cualitativa sino cuantitativamente las metas que pretende lograr, además de facilitar que entidades independientes puedan determinar los efectos de las políticas.
En el caso de la modificación masiva del transporte urbano de Santiago, que culminó hace unos días, parece difícil creer que las partes que critican o defienden el sistema desconozcan el detalle de lo que se pretende obtener como resultado, además de carecer de estadísticas previas para comparar y de un programa de medición objetivo sobre el efecto de los cambios. En efecto, no se conoce una buena muestra que permita conocer los tiempos de viaje, incluyendo tramos a pie antes de los cambios, durante la transición y una vez estabilizado el proceso. Lo mismo ocurre con los datos sobre costos para los usuarios por área geográfica y segmentos servidos antes y después de la reforma. Nos jactamos de ser más desarrollados que en el pasado, pero en esta discusión sobre una política pública tan importante no lo estamos demostrando.
Otro punto importante a analizar es el impacto que tendrá en cada bolsillo la imposición de utilizar una tarjeta de viaje que deberá comprarse por un monto mínimo y con antelación, lo que hará necesario mantener montos en efectivo para operar fluidamente en el sistema y que antes no eran necesarios, pues bastaba tener las monedas en el momento preciso; esta última diferencia es especialmente crítica para los estratos de menos recursos y que son, por lo demás, los principales usuarios.
Rasgos ideológicos
Estimo que la falta de análisis y formalización de metas que observamos tiene su raíz en que los actos políticos son, ante todo, manifestaciones ideológicas. Obviamente, el transporte urbano santiaguino, que aunque había cambiado muchísimo para bien, como puede atestiguar cualquiera que lo hubiera usado 30, 20 o 10 años atrás, dejaba y deja mucho que desear respecto de países más desarrollados. Ello no es de extrañar, pues la existencia de esta brecha es válida para todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y que guardan estrecha relación con el producto per cápita de una nación. Pero es utópico pensar que basta una decisión de Gobierno para que el transporte o cualquier otro servicio sea mejor, más rápido, barato y seguro para sus usuarios. Para los que confiamos más en las personas actuando libremente que en el Gobierno, ello sólo sería factible si el problema fueran algunas o varias normas observadas de la autoridad que se debieran eliminar o mejorar.
Sin embargo, existen quienes piensan que lograr este tipo de mejora es factible y sólo requiere desprenderse de malos empresarios que abusan y son poco eficientes. Hay algo de esto detrás del actuar del Gobierno. Sin duda que los empresarios de la locomoción colectiva no eran especialmente simpáticos a la opinión pública. Pero su tarea era difícil, la mala infraestructura no era su responsabilidad y las demoras que esta deficiencia acarreaba les atraían el enojo de los usuarios sin merecerlo. Con todo, había una notable disponibilidad de servicios en los innumerables rincones de una ciudad que crece y se transforma, y cuyo costo era moderado si consideramos lo sucedido con el valor del combustible.
La percepción de desorden que algunos criticaban tiene dos vertientes. Una proviene de nuestra falta de desarrollo, y desaparecerá al compás de que éste se produzca. La otra, es que una sociedad compleja y variada siempre será incomprensible para una mente por capaz que sea. Las sociedades occidentales eran mucho menos comprensibles y ordenadas que los regímenes comunistas, y parte de su mayor riqueza provenía precisamente de dicho aparente desorden, producto de los múltiples órdenes espontáneos cuyo funcionamiento no era revelado a ninguna mente en particular.
Lo concreto es que en este sector la autoridad ha llevado adelante su visión. Curiosamente, contra todas las políticas activas con las que pretende fomentar a la mediana y pequeña empresa, en el caso del transporte la destruyeron por considerarla poco eficiente. Ahora, lo que cabe una vez producido el cambio es explicitar mejor las metas y permitir medirlas. A su vez, estoy convencido de que para realmente acomodarse a las necesidades y conveniencia de las personas será necesario un grado no despreciable de mayor flexibilidad en el futuro, respecto del plan original cualquiera que éste haya sido. Que finalmente se superen los gravísimos inconvenientes iniciales no quita validez a este diagnóstico; por el contrario, más que nunca debe estarse atento, en base a datos objetivos, que la sustitución del sistema realizada por el Gobierno, esencialmente responde a una necesidad y que beneficia directamente a los usuarios, y en caso contrario, continuar su adaptación. Ojalá que cuestiones ideológicas subyacentes no impidan realizar los cambios que la realidad imponga como necesarios para el bien de muchos que han salido perdiendo en su particular balance de tiempo, costo y esfuerzo.
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