lunes, 19 de febrero de 2007
Gustavo Orellana y Nicole Keller
Economía y Negocios, El Mercurio
Diputados de regiones mineras presionarán en marzo para exigir que un porcentaje de la tributación vaya a zonas productoras.
Sin definiciones claras sobre el destino de los recursos que recaudará el Estado por concepto del impuesto específico o royalty a la minería, las empresas del sector comienzan a entregar sus estados de resultados y, además, los montos que pagarán finalmente por este tributo.
La que abrió los fuegos fue Escondida, minera operada por la anglo-australiana BHP Billiton, que al dar a conocer sus resultados 2006 anunció que durante ese período hizo provisiones por US$ 266 millones. Esto es cerca de la mitad del aporte de entre US$ 500 y 600 millones que la minería privada estimaba que haría este año como recaudación del royalty, considerando también los pagos que, por este concepto, aportará Codelco al fisco.
En este escenario, durante 2006 el Gobierno se embolsaría recursos unas seis veces mayores que los US$ 90 millones presupuestados inicialmente. De este dinero sólo se usará el monto que se preveía se iba a recaudar, mientras que los millonarios excedentes serán ahorrados mientras se define su uso.
Sin embargo, varios parlamentarios de zonas mineras han comenzado una verdadera "cruzada" para que una parte importante de esos dineros vaya a parar efectivamente a innovación en las zonas productivas mineras, tal como se había comprometido Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda de la administración que aprobó el royalty. La crítica central apunta a que, además, no existe una ley para derivar los recursos, sino que éstos se están distribuyendo a través de una comisión "designada" y no establecida por una ley. Según el diputado René Aedo (RN), quien representa a la III Región, esto ha impedido que las regiones mineras puedan capitalizar parte de la estrategia de desarrollo.
Críticas a Eyzaguirre
"El ex ministro Eyzaguirre ha faltado a su palabra, ya que hoy los recursos no están llegando a las zonas mineras, sino que a otras instituciones. Lo lógico es que esto se discuta en el Parlamento, vía proyecto de ley, para poder definir donde corresponde algo que es tan trascendental para el país", argumentó el parlamentario opositor.
Estas críticas son compartidas incluso por varios representantes de la Concertación de estas zonas, lo que podría derivar en presiones más fuertes al Ejecutivo para que sí se consideren aportes mayores para el desarrollo de la actividad.
Hoy, sin embargo, se rechaza derivar los recursos estableciendo una prioridad para estas regiones, considerando que sería incompatible con una estrategia nacional de desarrollo, ya que las oportunidades de inversión o de desarrollo detectadas pueden no estar necesariamente en las zonas mineras.
Esto ha sido establecido en la Estrategia Nacional para la Competitividad, documento que entregó el propio ex ministro de Hacienda y actual presidente de la Comisión para la Innovación, Nicolás Eyzaguirre.
Es una discusión que se retomará con fuerza en marzo, cuando se terminen las vacaciones legislativas y ya esté claro cuánto será lo que se recaudó por este impuesto.
