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A 11 días de dejar el Ministerio Público hace un balance de su gestión y de sus momentos más difíciles

Fiscal Solange Huerta y el 27-F: "Me siento privilegiada de haber investigado esta causa"

domingo, 10 de enero de 2016

Leslie Ayala Castro
Nacional
El Mercurio

Dice sentir amargura por no concluir el caso Maremoto, revela tensiones con la PDI y por primera vez habla de la crisis que se desató en el Ministerio Público cuando optó por evitar la renuncia del fiscal Gajardo.



En plena cuenta regresiva está la abogada Solange Huerta Reyes. Tras ocho años como jefa de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, esta semana estará dedicada no precisamente a investigar, sino a desocupar estantes, guardar libros y recuerdos y redistribuir los cientos de tomos del caso Maremoto en su oficina de calle Bandera -en el centro de Santiago-, a donde tuvo que mudarse luego de que el terremoto del 27-F, el mismo que trajo como consecuencia las olas destructivas que estudió una y mil veces, colapsara el edificio en Pudahuel que albergó a esa fiscalía regional hasta 2010.

A ratos habla y se emociona. En 11 días dejará de ser fiscal regional y abandonará un trabajo que dice amar. Pese a que se siente agotada, confiesa que le duele dejar su institución.

"Yo también a veces me creo fiscal héroe, pero soy uno de bajo perfil, uno que solo quiere trabajar", dice.

"Es lamentable que uno se tenga que ir"

Lamenta que al terminar su período la ley le impida volver a ser una fiscal adjunta. Anhela que esto cambie, pues, asegura, se trata de una vocación de servicio público. "El Estado invierte muchos recursos en formar fiscales, en especial nosotros, junto con tener experiencia para dirigir investigaciones penales, también como regionales nos toca administrar recursos, hacer gestión, y es lamentable que uno se tenga que ir", comenta.

Pero ya resignada a su salida del Ministerio Público, dice estar muy agradecida de lo que vivió. Aunque no da una entrevista desde 2012, aceptó conversar con "El Mercurio" sobre todos los temas que marcaron su gestión: las dilaciones del caso 27-F que le impidieron terminar el caso, el quiebre de relaciones con la PDI cuando su fiscalía investigó corrupción al interior de esa policía y la crisis que debió afrontar en febrero pasado, cuando tuvo que convencer al fiscal Carlos Gajardo de que no renunciara luego que su jefatura le quitara el caso SQM.

Huerta dice que intentó darle a su zona un sello de fiscales en terreno, y que eso parte por entender que se trata de una función pública y que el fiscal se debe a la comunidad.

Por eso se hace eco de las críticas de víctimas que cuestionan el nunca ver a los fiscales. "La cercanía con las víctimas es clave", dice, y por ello los fiscales deben tener claro cómo es la comunidad en la que están insertos. "No es lo mismo un abigeato (robo de ganado) en un sector pobre como Alhué, donde cinco vacas pueden ser todo el patrimonio de una persona. Si alguien no conoce ese contexto social, puede parecerle un hecho menor", ejemplifica.

27-F, el caso que la marcó

La abogada de la U. de Chile reconoce que el que le asignaran la causa del 27-F la marcó. "Llevaba recién dos años como fiscal regional, y me voy en una semana más con la amarga sensación de que esa causa no terminó durante mi gestión. Lo he dicho públicamente. Me parece que esa causa se extendió más allá de lo razonable. Uno espera que la justicia avance también con prontitud. Una justicia que no es pronta, no es justicia", sentencia.

Era la primera vez que en Chile se investigaban responsabilidades penales en una catástrofe y que un caso abarcaba diligencias en varias regiones. "La causa requirió harta entrega, y es así, y lo digo con orgullo, tanto los fiscales que estaban en el caso tsunami como esta fiscal regional trabajábamos en lo cotidiano 14 horas diarias. No nos tomamos vacaciones durante 2011 para poder avanzar y darle agilidad a la causa (...). Me voy con la satisfacción de haber hecho todo lo posible y me siento privilegiada de haber investigado esta causa", sostiene.

Siendo una de las causas más extensas de la reforma procesal penal, plantea que junto a su equipo pudo llegar a la convicción de que "en términos de imputación penal, si los funcionarios públicos que tenían el deber de tomar decisiones ese día y de actuar conforme a los protocolos hubiesen actuado conforme a su deber, se habría evitado muy probablemente la mayor cantidad de muertes".

¿Por qué nunca le tomó declaración como imputada a la Presidenta Michelle Bachelet, que estuvo la madrugada del desastre en la Onemi?

Huerta vuelve a explicar: "Porque ella, como muchos otros, era un testigo". Y añade: "En la primera etapa, cuando determinamos que acá podía haber delito, y partimos definiendo responsabilidades, lo primero que hicimos fue estudiar los cuerpos normativos, dónde estaban las responsabilidades. Y estas se radicaban desde el ministro del Interior hacia abajo. La Presidenta no está dentro del Plan de Protección Civil".

En esa línea, asegura que al menos para ella no es un tema menor citar a declarar a alguien como testigo que como imputado, pues el primero está obligado a declarar y al segundo le asiste el derecho a guardar silencio.

"La Presidenta era un testigo más", insiste, y recuerda que se le cuestionó por tomarle declaración en su casa. "Para ninguna autoridad hubo un trato preferencial", contesta. Precisa que como ella era ex Mandataria, el Código Procesal Penal le permite ser interrogada en el domicilio que ella fijara y "así se hizo".

Sobre las críticas a su persona, a su pasado y al de sus familiares ligados a la Concertación, Huerta las atribuye a la desconfianza generalizada en la sociedad. "Lo que voy a seguir reiterando es que cuando una optó por la carrera de fiscal, optó por una forma de vida y eso implica tener prescindencia política total. Lo único que podemos hacer los fiscales en términos políticos es ejercer el derecho al voto. Y esa decisión la tomé hace 15 años".

En cuanto a sus simpatías políticas de juventud, admite que "todos los seres humanos tenemos historia, tenemos pasado y, además, no voy a arrepentirme de mi historia o de mi pasado, porque me siento profundamente orgullosa de lo que he sido toda mi vida. Pero para tener claridad, cuando uno toma ciertas opciones, otras se quedan atrás, y ese es el tema de la prescindencia política. Mis decisiones siempre fueron y van a ser técnicas y no políticas".

Sobre las dilaciones del caso 27-F por parte de las defensas, dice que no sabe si lo que calcularon era que ella se fuera del Ministerio Público, "con una estrategia que extendió el proceso". Cree que quizás "tienen la esperanza de que la postura de la próxima autoridad sea diferente". Sin embargo, respecto de las dilaciones dice que le gustaría que se revisara hasta qué etapa se puede recurrir al Tribunal Constitucional, en alusión al año en que permaneció suspendida la tramitación del caso Maremoto.

Sus tensiones con la PDI

A mediados de 2012, Huerta y el fiscal Emiliano Arias ordenaron a Carabineros detener a 10 detectives de la PDI, acusados de corrupción y de torturar a narcotraficantes en medio de procedimientos.

"Esa causa efectivamente marcó, en términos de relaciones de esta fiscalía regional, cierta tensión con la PDI. Pero seguimos trabajando", reconoce Huerta. Recuerda que justo en esa época ella trabajaba el caso tsunami con la Fuerza de Tarea Occidente de la PDI, con la que siguió trabajando codo a codo, pero admite que hubo relaciones complicadas hasta 2014, cuando los imputados fueron condenados y desvinculados de la institución.

"La tensión estuvo por la impresión que quedó de que nosotros estábamos persiguiendo a funcionarios policiales por lo que estaban diciendo traficantes. Esa fue la tensión que se generó. Más allá de si una persona ha cometido delitos, no se le puede torturar, se le deben respetar sus derechos. Y nada legitima el uso de la violencia... por lo tanto, eso generó tensión en general", reconoce.

Confidencia, además, que siempre esperaron de parte de la PDI "una señal en términos institucionales de que estas situaciones no se iban a tolerar". Y marca una diferencia en cuanto a que, "entiendo que el nuevo jefe de la PDI lo ha dicho expresamente, aquel que se aparta de la doctrina institucional es separado de la institución desde el momento que esto se detecta. Si esa doctrina que impera hoy hubiera imperado en 2012, ellos no habrían seguido en la institución durante todo ese período, lo que ayudó a mantener esta relación tensa".

Huerta, sin embargo, hace una autocrítica, en el sentido de que quizás debieron haber hecho un mejor trabajo previo con los altos mandos de la PDI para alertarlos de lo que estaba ocurriendo. Concluye que son lecciones que se tomaron y explica que tras la condena se reunió con el ex subdirector operativo, para zanjar el tema y "retomar las confianzas".

OPCIÓN
Sobre su historia cercana a la Concertación, dice estar orgullosa de lo que ha hecho en su vida, y que hace 15 años optó por la prescindencia política.

''En términos de imputación penal, si los funcionarios públicos que tenían el deber de tomar decisiones ese día y de actuar conforme a los protocolos hubiesen actuado conforme a su deber, se habría evitado muy probablemente la mayor cantidad de muertes".
FISCAL SOLANGE HUERTA Sobre el caso 27-F

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